Razones del no

Según Artur Mas (La Vanguardia, 6-9-2015), con las elecciones del 27-S “se trata de saber si Cataluña puede ser un Estado, y el primer paso es saber si tenemos mayoría para hacerlo”. De manera que, “si no hay mayoría soberanista, este proceso se habrá acabado”. Mas no habrá tenido mayoría suficiente si queda por debajo de la mayoría absoluta en escaños, o la tiene en escaños pero no en votos o sale un cuasi empate en votos. En las tres situaciones la respuesta habría sido que no: no hay mayoría como para seguir el procés; lo que empujaría a Mas a dimitir. Solo entonces tendrían viabilidad las alternativas posibles (Tercera Vía, etcétera). Y evidenciar esa insuficiencia en las urnas es la prioridad de los partidos opuestos a la secesión.

¿Hay base para pensar que es posible ese resultado? La hay: los cerca de 4 millones de abstencionistas del 9-N. Es probable que muchos de ellos estén indecisos, pero la insistencia del soberanismo en advertir que la independencia no tendrá vuelta atrás supone una invitación a que quienes dudan eviten votar a la candidatura que lleva a ese desenlace irreversible.

Además de hacer ver eso a los votantes, los partidos contrarios a la separación deberán exigir a los que la defienden razones claras que justifiquen una ruptura tan traumática. Si se trata de un agravio económico, habrá que verificar si su dimensión es tan enorme que haga inevitable la ruptura; si no existen soluciones menos dramáticas en relación, por ejemplo, a las balanzas fiscales, ahora que sus pretendidas conclusiones están siendo cuestionadas por los expertos; y tener en cuenta los agravios y problemas que la salida independentista provocaría en los demás territorios españoles y de la UE. Ningún Gobierno podría dar el paso que le piden los soberanistas con un apoyo de menos del 10% de la población española.

No basta alegar que “España no nos dejó otra alternativa” por su negativa a negociar. No es posible negociar bajo amenaza de separación. Pero tras el 27 habrá que hablar. Aunque no tengan la mayoría que esperan, habrá muchos votos por la independencia y deberán ser tenidos en cuenta. Un punto de partida para el diálogo sería negociar reformas de la Constitución en cuyo marco sea posible una autonomía que responda a nuevas demandas de la población catalana. En materia de financiación y también en relación al reconocimiento de la singularidad catalana; pero sin que de ello se deriven, como advierte el artículo 139 de la Constitución, “privilegios económicos o sociales”.

Si el objetivo de todo nacionalismo es alcanzar “el nivel de autogobierno que garantice la pervivencia de una identidad en peligro” (E. Gellner), hay que decir que en Cataluña ese objetivo ya ha sido alcanzado. Y ello hace innecesarias medidas coercitivas que en su día se consideraron imprescindibles, como las sanciones por motivos lingüísticos o el peso excesivo de ese factor en el acceso a empleos públicos.