El soberanismo y los tribunales

Cataluña no es soberana, pero puede aspirar a serlo. El pleno del Tribunal Constitucional anuló, por unanimidad, el primer principio de la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013, que proclamaba al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”. Sin embargo, el tribunal ha considerado, también por unanimidad, que el resto de principios, incluidas las referencias al inicio del proceso para conseguir el “derecho a decidir” de los ciudadanos de Cataluña, “no son inconstitucionales”. Aunque, para llegar a conseguir ese objetivo, el Constitucional aclara que habría de adoptarse dentro del marco legal y constitucional vigente

Cataluña no puede celebrar una consulta sobre la independencia porque carece de soberanía propia; y porque además, de hacerlo, estaría negando los derechos de soberanía del resto de los españoles. El decreto de convocatoria del 9-N es “un acto de insumisión” a la Constitución. Esta es la base argumental del recurso que ha interpuesto el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra el decreto firmado por Artur Mas. Al mismo tiempo, el Ejecutivo impugnó la ley de consultas que la Generalitat quiere usar como marco jurídico para el 9-N. El Constitucional admitió a trámite ambos recursos, dejando en suspenso la ley y el decreto.

El pleno del Tribunal Constitucional no ha tenido ninguna duda y ha aprobado por unanimidad admitir a trámite los recursos del Gobierno contra la ley de consultas, aprobada por el Parlamento catalán el pasado día 19, y el decreto de convocatoria del referéndum de soberanía del 9 de noviembre, firmado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La admisión supone por sí sola la suspensión de la vigencia de ambas resoluciones, ya que el Ejecutivo así lo ha había solicitado, invocando la posibilidad de veto que le otorga la Constitución para congelar las normas autonómicas, tal y como indican las providencias apoyadas por los 12 magistrados que componen el pleno. El tribunal ha dejado claro en su providencia que con la admisión de los recursos quedan suspendidos tanto la ley como el decreto de la consulta y sus anexos, "así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella".

El Tribunal Constitucional decidió, por unanimidad y en un pleno extraordinario y monográfico, resolver y sentenciar sobre los recursos presentados por el Gobierno contra la norma aprobada por el Parlamento catalán el 19 de septiembre y el decreto de convocatoria firmado dos días después. El Ejecutivo de Rajoy recurrió 36 artículos. El Constitucional ha determinado la ilegalidad de dos de ellos, referentes a la regulación de la convocatoria general (no sectorial), por entender que lo que se regula realmente es un referéndum cuya competencia es exclusiva del Estado. La decisión del Constitucional de declarar ilegal la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N ha reavivado el debate sobre el independentismo. 

El Alto Tribunal (TC) ha declarado por unanimidad inconstitucionales las actuaciones de la Generalitat de Cataluña para llevar a cabo la consulta del 9-N. Los preparativos son "inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciados de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional", sostiene el tribunal en una sentencia, que estima la impugnación del abogado del Estado.

El Tribuntal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra las llamadas “estructuras de Estado” que la Generalitat incluyó en la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Con esta decisión los artículos recurridos quedan suspendidos automáticamente por un plazo máximo de cinco meses, con lo que el Gobierno catalán no podrá desarrollarlos lo que queda de legislatura. La admisión a trámite del recurso del Gobierno llega tres semanas después de su interposición. Los artículos recurridos son los que hacen referencia a la preparación y planeamiento de organismos y actuaciones para preparar la Generalitat de Cataluña para una eventual secesión.