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Una abuela tiene que entrar en prisión por negarse a demoler su casa ilegal

Autoridades y asociaciones de Fuerteventura piden su indulto

La mujer se ha desmayado poco antes de abordar el barco para ir a la cárcel

Josefa Hernández (con gorra), la mujer con cinco hijos y nietos a su cargo que ingresará en prisión por contruir su vivienda en zona protegida.
Josefa Hernández (con gorra), la mujer con cinco hijos y nietos a su cargo que ingresará en prisión por contruir su vivienda en zona protegida. EFE

Josefa Hernández tiene 63 años y está previsto que entre en prisión durante la tarde de este viernes por negarse a derribar la vivienda en la que reside junto a su familia y que está levantada en un parque natural de Betancuria, Fuerteventura. "Antes de que fuera espacio protegido, el terreno era de mis padres", dice Josefa que deja muy claro que se trata de su única vivienda. Esta mujer, madre de siete hijos, empezó el jueves una huelga de hambre en la delegación del Gobierno en Fuerteventura, a la que se ha sumado una de sus hijas. En 2012 se dictó una sentencia firme que le condenaba a pagar 700 euros, demoler la vivienda y cumplir seis meses de prisión. Josefa  no tiró su casa porque, según defiende, no tiene donde "ir a vivir". Actualmente vive en la propiedad junto a un hijo y una hija con discapacidad del 39% y sus tres nietos.

Tanto Podemos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros grupos políticos, han solicitado su indulto apelando a la cohesión social y motivos de salud, ya que padece diabetes e hipertensión. La mujer se ha desmayado esta tarde antes de abordar el barco en el que tenía previsto desplazarse hasta la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, ya que en Fuerteventura no hay centro penitenciario, según informa Pedro Murillo.

Josefa cobra una prestación de 320 euros y está inquieta por sus nietos. La noche del jueves fue complicada para ella. Asegura que se derrumbó pensando en las horas que vendrían y, sobre todo, en que su familia, que se quedará sin techo. "Entre o no entre en la cárcel van a derribar la casa, algo tendré que hacer porque se trata de la vida de mis nietos, la mía me da igual, pero ¿los tres niños qué? ¿Quién les va a dar de comer?". 

Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura y también Marcelino Cerdeña, alcalde del municipio en el que vive la familia tenían previsto acompañar a la sexagenaria en su trayecto para ingresar en prisión. Las dos administraciones, además de darle apoyo moral y acompañarla hasta la puerta de la cárcel, le han ofrecido ayuda jurídica.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Fuerteventura han prestado apoyo a Josefa y en los últimos días, cuando se ha acercado la orden de entrada en prisión, se han sumado la mayoría de partidos políticos en la isla. Andrés Briansó, miembro de la PAH y de Podemos, explicaba que "la familia está nerviosa porque la salud de Josefa se puede resentir por la huelga de hambre".

En 2012, una sentencia del Juzgado número 2 de Puerto del Rosario condenaba a esta mujer y la condena se complicaba más cuando miembros del Seprona en una visita realizada observaron que además de no derribarla había construido un nuevo habitáculo de madera.

Josefa no entiende por qué hay otras viviendas cercanas a la suya que no han sido cuestionadas. Cuentan desde el Ayuntamiento que la concejalía de Servicios Sociales requirió mejoras en la vivienda para poder mantener con ella a sus nietos y fue en ese momento cuando alguien tramitó una denuncia que ha acabado con la multa de 700 euros, que ya ha pagado, y la obligación de derribar su vivienda porque está dentro de un parque natural.