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El portavoz de Ciudadanos en Valladolid triplica la tasa de alcohol

El concejal ha dado positivo en un control al alcanzar los 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Presencio, ha dado positivo en un control de alcoholemia al alcanzar los 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, con lo que ha triplicado tasa permitida de 0,25 miligramos, según fuentes municipales han informado este lunes a Efe.

Los hechos se produjeron la noche de este domingo en Valladolid, después de que la Guardia Civil de la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco alertara a la Policía Local de la capital de que un vehículo había salido del municipio conducido por una persona en evidente estado de embriaguez.

Agentes de la Policía Local acudieron al domicilio del presunto infractor y le realizaron las pruebas de alcoholemia con un resultado que triplicaba la tasa permitida. El concejal solicitó que le realizaran las pruebas en sangre, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario, donde se las practicaron, sin que hayan trascendido aún los resultados, según las mismas fuentes municipales.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha defendido la actuación de la Policía Local de personarse en el domicilio de Presencio, ya que así lo establece el protocolo de actuación. Saravia ha detallado que cuando la Guardia Civil aporta una matrícula relacionada con alguna supuesta infracción se comprueba dónde está domiciliado el vehículo y los agentes se personan allí para esperar la llegada.

Preguntado por las consecuencias políticas que puede tener este episodio, Saravia ha preferido esperar a conocer la versión y las explicaciones del concejal.

El Código Penal establece para un caso como el de Presencio, como supuesto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, sanciones que abarcan la pena de prisión de tres a seis meses, o la de multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de entre uno y cuatro años, según consta en la norma penal.