Diez puntos calientes en el conflicto entre Gibraltar y España desde 2005

El verano pasado el Ejecutivo británico convocaba por quinta vez al embajador en Londres, Federico Trillo, para pedirle explicaciones por una actuación de la Marina española. Según el Ministerio de Exteriores británico, un buque de guerra español intentó alterar el rumbo de dos embarcaciones comerciales que iban y venían del puerto del Peñón, al decirles "erróneamente" que se encontraban en aguas españolas.

Agentes de la Guardia Civil, adscritos a la aduana de Gibraltar, detuvieron hace una década en el puesto fronterizo del Peñón a un representante del partido conservador en la Cámara de los Lores británica y a su esposa, como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Thomas Robin Valerian y Margaret Anne portaban cierta cantidad de whisky y tabaco que habían comprado en Gibraltar, y se negaron a entregar sus pasaportes al ser requeridos, provocando un altercado con los policías.

Uno de los conflictos del verano de 2013 fue de carácter medioambiental. Gibraltar lanzó bloques de hormigón al mar en las aguas que rodean su aeropuerto para construir un arrecife artificial, cuyo fin era regenerar la pesca e impedir el uso de arrastreros. El Ejecutivo español calificó esta actuación de "violación del derecho internacional en aguas españolas", y entendió que suponía un ataque al sustento de los pescadores españoles.

El Ejecutivo del Peñón, presidido por Fabían Picardo, rompió de forma unilateral un acuerdo suscrito ese mismo verano con los representantes del sector pesquero de Algeciras. El Gobierno de la colonia impidió maniobrar libremente a los barcos gaditanos en las aguas que rodean a la colonia, bajo el pretexto de que pretendía preservar la fauna y flora marítima de la zona. 

El Gobierno de Gibraltar sufrió un varapalo por parte de la Unión Europea. El Tribunal General comunitario desestimó un recurso de las autoridades de la metrópoli y de la colonia contra una decisión de la Comisión Europea, que había incluido en la lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC) —por su extraordinario valor ecológico y a petición de España— unas aguas que los gibraltareños consideraban bajo su soberanía, por lo que suponía una "injerencia inaceptable" del Ejecutivo español en sus competencias. 

A principios del verano de 2010, el Ejecutivo español denegó el uso de su espacio aéreo a cazas británicos para realizar un ejercicio de entrenamiento cerca del Peñón. Un portavoz del Gobierno gibraltareño manifestó que, pese a la negativa española, los ejercicios pudieron realizarse gracias a la colaboración de Marruecos, que sí les permitió sobrevolar su espacio. El Ministerio de Asuntos Exteriores zanjó la polémica explicando que España nunca había permitido a aviones militares británicos maniobrar allí. 

El ex primer ministro gibraltareño, Peter Caruana, lanzó en julio de 2009 un comunicado dirigido a las embarcaciones que transitaban por las aguas que Gibraltar considera propias –hasta tres millas de distancia-. Caruana pedía a las naves que desobedecieran los requerimientos de la Guardia Civil española —desde la entrega de documentación a la contestación de preguntas, con especial mención a la normativa sobre pesca y medioambiente— y llamasen a la policía del Peñón para pedir ayuda. El desafío llegó una semana antes de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viajara hasta la zona, en la que fue la primera visita de un miembro del Gobierno español a Gibraltar. 

En julio de 2008 comenzó la retirada del carguero New Flame, que había encallado a media milla de Gibraltar un año antes, cuando se evidenciaron los problemas de comunicación entre el puerto gibraltareño y el de Algeciras. En abril de 2008, el Gobierno de Gibraltar había impuesto una política de "apagón informativo", por lo que ocultó el destino de los restos del buque –unas 42.000 toneladas de chatarra-, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores español aseguró que estaba siendo puntualmente informado de los trabajos.

En el verano de 2007, el carguero New Flame y el petrolero Torm Gertrud colisionaron frontalmente cerca del Peñón. El choque fue un ejemplo de la incomunicación existente entre los puertos de Algeciras y Gibraltar. Los fondeaderos no intercambiaban apenas información sobre las entradas y salidas de los barcos que navegaban o atracaban en sus aguas por aquel entonces. Después del accidente, y el cambio en la política española hacia Gibraltar dada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los responsables de ambos puertos admitieron la necesidad de colaborar para remediar la situación.

A finales de julio de 2006, el conflicto no surgía entre el Gobierno español y el Ejecutivo gibraltareño, sino que el Peñón volvía a la actualidad estival por las reivindicaciones de una organización ecologista. El grupo Verdemar criticó la entrada en aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz) de un submarino nuclear de la Marina estadounidense, el USS Memphis. La asociación calificó de "atentado terrorista" la parada que la nave hizo en la base de Gibraltar, por tratarse de por tratarse de un barco espía cuyo destino era el conflicto bélico de Líbano.