Las conversaciones grabadas por el juez delatan a la trama Púnica

Nunca el hilo de una cuenta oculta en Suiza destapó tantas tramas distintas de corrupción: contratas municipales amañadas, propaganda de políticos pagada con fondos públicos, financiación de partidos a cambio de adjudicaciones, operaciones de suelo para favorecer a determinados empresarios... Todo cabe dentro de la Operación Púnica, un variado catálogo de corruptelas cuya pista se escondía en un depósito bancario.

La cuenta estaba a nombre de Francisco Granados, dirigente del PP al que la presidenta Esperanza Aguirre confió un poder inmenso en la Comunidad de Madrid. Granados era una "Persona Expuesta Políticamente (PEP)" para las autoridades suizas; un cliente sospechoso para los bancos de ese país. Esa circunstancia hizo que saltaran las alarmas antiblanqueo por dos cuentas a nombre de Granados y de su amigo íntimo, el constructor David Marjaliza, cuyos fondos tenían un origen incierto.

La Fiscalía Anticorrupción recibió en enero de 2014 la información suiza sobre un posible blanqueo de capitales de Granados y de Marjaliza. El político abandonó todos sus cargos sólo un mes después, cuando trascendió que ocultaba en el extranjero dinero no declarado a Hacienda. Tuvo que dejar a la fuerza sus escaños en la Asamblea de Madrid y en el Senado, el retiro con nómina que le había buscado Esperanza Aguirre en 2011 como compensación por los servicios prestados.

Tras siete años al mando de la secretaria general del PP-Madrid y de diversas consejerías del Gobierno autonómico (Transportes, Presidencia, Justicia e Interior), Granados cayó en desgracia. Enfrentado al entonces vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, y envuelto en múltiples conatos de escándalo de los que salió ileso de milagro, Esperanza Aguirre le retiró la confianza y le quitó todo el poder que había acumulado entre 2004 y 2011.

El defenestrado Granados intentó recuperar su terreno perdido y se hizo tertuliano del PP en programas de televisión donde ejercía de látigo de corruptos y disciplinado portavoz de argumentario. Ese nuevo afan le duró hasta que afloró su cuenta en Suiza y se convirtió en un apestado. La sociedad española había puesto una lupa gigante sobre el comportamiento de sus políticos y las andanzas de Granados resultaban intolerables.

La Fiscalía Anticorrupción se puso a trabajar en secreto sobre la pista suiza. Granados volvió a su banco, Société Générale, tras una excedencia de 19 años; y su amigo, el constructor Marjaliza, continuó con sus negocios. Como si nada hubiera ocurrido en sus vidas. Ninguno de los dos parecía temer que el epidosio de las cuentas ocultas pudiera provocar males mayores, a juzgar por las conversaciones que mantuvieron entonces.

El juez Eloy Velasco, ex alto cargo del PP en la Comunidad Valenciana, se hizo cargo de la investigación en la Audiencia Nacional y ordenó intervenir los teléfonos de los dos autores del supuesto blanqueo de capitales. Una parte de la vida de Granados y Marjaliza se hizo entonces transparente para la Guardia Civil, para las fiscales que impulsaban el caso y para el magistrado instructor.

Entre la primavera y el otoño de 2014, todo lo que hablaban por teléfono los dos amigos de la infancia quedaba registrado en el sumario del caso Púnica, que les llevaría a la cárcel, donde todavía siguen. Las conversaciones del político y del empresario destaparon un mundo de negocios basado en el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación y la malversación de fondos públicos.

A medida que escuchaban, los agentes de la Guardia Civil pedían al juez más tiempo de pinchazo telefónico y nuevas autorizaciones para intervenir las comunicaciones de otras personas que hablaban con Granados y Marjaliza. Con el contenido de esas conversaciones y otras pruebas, el magistrado Velasco tejió un voluminoso sumario con 92 imputados y al menos cuatro tramas de corrupción distintas, todas ellas productivas en 2014, cuando el Gobierno del PP presumía de haber erradicado el problema mediante duras reformas legales.

Además de las declaraciones ante el juez que ahora se dan hecho públicas, existen también conversaciones grabadas entre los imputados, fruto de los pinchazos telefónicos que hicieron los investigadores para destapar la trama. Esas conversaciones grabadas a los supuestos cabecillas de las distintas redes de corrupción junto a las confesiones de algunos de los implicados y a diversa documentación requisada en los lugares del supuesto pillaje conforman un detallado relato de nuevas formas de corrupción que nacieron y se multiplicaron en plena crisis económica:

Las mordidas de Cofely

Fueron cinco millones de comisiones a cambio de 200 millones en contratos. Marjaliza afirmó, según las grabaciones: "Les hubiera sacado otros 24.000 pavos". El constructor se lucró durante años gracias a la promoción inmobiliaria. El centro de su negocio estaba en Valdemoro. Uno de sus pelotazos más señalados ocurrió en 2000 cuando logró la parcela que el Ayuntamiento de Valdemoro vendió junto al nuevo parque de atracciones Warner para la construcción de un hotel. El alcalde de la localidad era entonces Francisco Granados. Se convocó una subasta de la finca municipal y se invitó a seis empresas. Diez años después, una concejal socialista denunció los hechos y la Fiscalía descubrió que las seis firmas invitadas a la subasta eran de Marjaliza y que, por tanto, el resultado final estaba amañado. La Fiscalía no pudo hacer nada porque los delitos estaban prescritos y la denuncia fue archivada. Los investigadores sostienen que Marjaliza agradeció este y otros tratos de favor de su amigo Granados cuando era alcalde de Valdemoro y le regaló una casa en Marbella o le compró unos terrenos por un precio diez veces superior al de mercado.

Cuando la crisis acabó con el negocio del ladrillo, Marjaliza buscó otras alternativas y se hizo intermediario en diversos municipios donde logró que contrataran a Cofely, filial española de la multinacional francesa GDF. Entre 2012 y 2014, una decena de ayuntamientos madrileños acometieron la reforma de sus infraestructuras eléctricas con el objetivo de rebajar su factura de la luz y convocaron concursos de eficiencia energética. Cofely ganó los de Parla, Collado-Villalba, Valdomoro, Serranillos del Valle, Casarrubuelos, Alcalá de Henares, Móstoles o Ciempozuelos.

La investigación judicial del caso Púnica sostiene que Cofely sobornó a alcaldes y concejales a cambio de los contratos y dedicó otra parte de la mordida a pagar a Marjaliza por su intermediación. En total, de los 200 millones de euros que logró en contratos, la empresa dedicó entre un 2% y un 3% al pago de comisiones ilegales. Para que el negocio no fuera ruinoso, Cofely introducía en los pliegos de condiciones del concurso la obligación de contratar a una empresa externa que auditase cada año los trabajos de eficiencia energética contratados. Esa empresa externa, llamada Ruta Energética, era propiedad de Marjaliza. Cofely se encargaba de hacer los informes de auditoría de su propio trabajo y les ponía el sello de Ruta Energética. Marjaliza cobraba así parte de su comisión, que pagaban los ayuntamientos dentro de la factura global a Cofely.

El juez Velasco dispone de numerosa documentación que acreditaría este sistema corrupto y, además, las conversaciones grabadas en las que Marjaliza habla insistentemente con Pedro García, director comercial de Cofely; o con alcaldes afectados por contratos de eficiencia energética vinculados a la filial del grupo frances GDF.

En una de las conversaciones grabadas, Marjaliza trata con Pedro García, director de Cofely, sobre el contrato de Serranillos del Valle.

El directivo de Cofely le aclara: "Con esos cinco puntillos, pues en lugar de cinco serían diez y con diez ya si que estamos seguros".

Marjaliza: "Voy a hablar con el alcalde".

Pedro García: "Esto ya está arreglado, ya le hemos cambiado una historia justificando una cosa".

En otra conversación, Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco, trata con Marjaliza sobre un contrato nuevo para unas obras y le explica cómo debe ser el procedimiento:

David Marjaliza habla con la interventora: "Negociado sin publicidad o una cosa o algo de eso".

El alcalde Gonzalo Cubas: "Bueno pero... ¿Tienes dos empresas?".

David Marjaliza: "De momento tiene una sólo, pero ya buscaremos la otra, no te preocupes".

El alcalde: "No, si es porque"...

Marjaliza: "Sí, para que no fracciones el contrato, si lo sé".

En otra de las grabaciones incorporadas al sumario, Marjaliza y el directivo de Cofely hablan sobre sus gestiones en uno de los ayuntamientos.

Pedro García: "¿Les has rascado bien?".

David Marjaliza: "Lo que tú me has dicho, no me has dejado más. Si no, yo les habría apretado más, yo soy muchas veces más duro que tú, tú eres muy blando".

Pedro García: "Por eso no he ido, si voy yo a la reunión, voy al cajero y lo saco".

David Marjaliza: "Yo les hubiera sacado otros 24.000 pavos más, pero bueno, por tu decencia, yo lo he dejado así".

Las encuestas del PP

La intervención de los teléfonos de Granados y Marjaliza permitió descubrir a otro empresario que negociaba al otro lado de la ley, según la investigación, con administraciones del PP. Se trata de Alejandro de Pedro, propietario de Madiva y Eico, dos empresas especializadas en mejorar la imagen de los políticos en internet mediante el uso de las redes sociales y la creación de diarios digitales.

De Pedro contactó, entre otros, con dirigentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid y trabajó para ellos. Sus empleados relataron al juez como se esforzaban en contrarrestar con noticias positivas con las que inundaban la red otras informaciones negativas que afectaban al presidente autonómico Ignacio González, a su consejera de Educación, Lucía Figar o al consejero de Presidencia, Salvador Victoria.

El problema llegó al cobrar. De Pedro asegura que el Gobierno de la Comunidad de Madrid buscó un sistema para que las deudas -140.000 euros- fueran asumidas por empresas privadas contratistas de la administración regional. Los testimonios recogidos en el sumario y las grabaciones telefónicas así lo acreditan:

14 de septiembre de 2014. Salvador Víctoria llama a Alejandro de Pedro. Previamente a esa llamada, Victoria había ordenado a José Martínez Nicolás, director gerente de la empresa autonómica Informatica de la Comunidad de Madrid (ICM) que le pidiera a Indra —contratista— que asumiera el pago de unas deudas que mantenían con De Pedro.

Salvador Victoria: "¿Qué pasa? ¿No te pagan? Estuve con Martínez Nicolás el viernes, y entonces no sé muy bien por qué, estos que tienen que hacerlo, el día que lo tenían que hacer, está como un poco acojonado, es un poco gilipollas, porque esto se ha hecho toda la vida, nunca ha pasado nada. Y además está a huevo hacerlo contigo, a huevo, a huevo. Entonces…".

Alejandro De Pedro: "Pero sí ya lo he hecho…".

Victoria: "Yo he llamado, ya, ya, pero bueno, yo he llamado al consejero delegado y he quedado a tomar un café con él, para ver si lo desbloqueo, porque yo creo que ya Pepe [Martínez Nicolás] no puede hacer más, ¿sabes?".

El juez considera acreditado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid encargó a De Pedro trabajos de reputación en la red y que intentó pagarlos mediante contratos simulados de servicios de seguimientos de noticias o a través de contratistas de la administración regional. El instructor imputó a Victoria por malversación de fondos públicos y le retiró el pasaporte tras negarse a declarar; además mantiene imputados a altos directivos de Indra y al propio De Pedro, quien reconoció que cobró parte de su deuda -10.000 euros- que le entregó en efectivo y en el interior de un coche un directivo de Indra.

Otra conversación entre De Pedro y el constructor Marjaliza, donde tratan sobre concursos de suelo para colegios concertados en municipios de la Comunidad Valenciana, fue interpretada por la Guardia Civil en clave de financiación ilegal del PP de esta autonomía.

Alejandro de Pedro: "Tengo una idea. A ver. Ayer estuve con Zaplana".

Marjaliza: "Ajá".

Alejandro de Pedro: "Vale, y yo voy a ponerme la reunión con el presidente la semana que viene; si no pasa nada, vale, entonces, ehhh, una de las ideas que se me han ocurrido es que como a él ahora me va a pedir un tema de campaña"...

Marjaliza: "Ya me lo contaste. La hablamos pero no por teléfono, que es mejor. Lo hablamos vis a vis".

En el resto del sumario conocido hasta ahora no hay pruebas de que De Pedro se reuniera con el presidente valenciano para tratar sobre una supuesta financiación ilegal de la campaña electoral.

Respecto al pago de encuestas electorales por parte de empresas contratistas, otra modalidad de financiación ilegal de un partido político, el sumario del caso Púnica incorpora algunos correos electrónicos que sugieren que una parte de las mordidas que Cofely pagaba a cambio de contratos de eficiencia energética se dedicaba a financiar sondeos para el partido gobernante en cada localidad.