El 25% de las condenas judiciales en España son por conducir borracho

El pasado ejercicio se erige ya como un año clave en la evolución de la siniestralidad vial en España. Tras aumentar, por primera vez en una década, el número de fallecidos en accidentes de tráfico; el sector busca ahora la explicación y fija la mirada en los factores que han podido influir en ese cambio de tendencia. Con este contexto como telón de fondo, el área de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha publicado este jueves su balance anual, donde destaca que las condenas por conducir borracho han aumentado un 9% en solo un año. Estas sentencias han pasado de las 53.793 de 2013 a las 58.607 de 2014. Y ya representan el 24,3% "de todas las dictadas en todo el territorio nacional por toda clase de delitos".

"Con estas sentencias se traslada un claro mensaje [disuasorio] a los automovilistas", ha recalcado Bartolomé Vargas, el fiscal coordinador del área de Seguridad Vial. Esta subida llega después de que en 2013 cayeran un 20% las condenas por pilotar ebrio. "Esta oscilación se debe a la mayor eficacia de los juzgados de lo Penal, que vienen de una sobrecarga de trabajo que empiezan a superar. Ahora, existe una respuesta más pronta de los magistrados", ha continuado Vargas, que ha basado esa tesis que en el Ministerio Público ha "estado calificando" los delitos al mismo ritmo en los últimos ejercicios. La Fiscalía ha acusado a 62.259 automovilistas en 2012 por ir ebrios; a 60.211 en 2013; y a 57.623 en 2014.

El consumo de alcohol, junto al de estupefacientes, se ha convertido en una de las obsesiones de las autoridades de Tráfico. El último informe del Instituto Nacional de Toxicología apuntaba que el 39,09% de los automovilistas muertos en 2014 habían bebido o tomado algún tipo de droga. Un dato que María Seguí, directora general de la DGT, calificó como "preocupante", tras advertir de cómo la presencia de cocaína y cannabis entre los conductores se había convertido en un "combinado espectacularmente notorio, novedoso y preocupante".

De hecho, el balance de la FGE publicado este jueves también destaca el radical aumento de los expedientes administrativos tramitados contra automovilistas que conducían con presencia de droga en su organismo. Los datos se han multiplicado por tres. Han pasado de los 2.579 de 2013 a los 9.454 de 2014. Estas cifras contrastan radicalmente con los apenas 200 que se abrieron en 2010. "Y, sin duda, este espectacular incremento responde al aumento de las pruebas de detección de drogas realizadas en las carreteras. Se ha pasado de los 4.563 realizados hace dos años a los 29.643 de 2014", sentencia el Ministerio Público.

Multas y trabajos para la comunidad

Las condenas relacionadas con el consumo de alcohol o drogas representan el 64% de las 92.682 sentencias registradas en 2014 contra automovilistas. Entre ella, también se encuentran las 454 que dictaron los jueces contra conductores por exceso de velocidad (496 en 2013); las 5.554 (2.553) por negarse a hacerse las pruebas "para comprobar la tasa de ebriedad y la presencia de estupefacientes"; y las más de 26.000 (24.000) por conducción temeraria o hacerlo sin carné. En la práctica, todas estas resoluciones se tradujeron en 54.000 penas de multa; 35.769 de trabajos en beneficio de la comunidad; y 297 suspensiones de entrada en prisión. a cambio de participar en programas de educación vial.

"La mayoría de los delitos viales, cerca del 80%, se tramitan por el procedimiento de diligencias urgentes", explica la FGE. Es decir, a través de los denominados juicios rápidos. Es más, el 40% de la actividad de los juzgados de guardia se corresponde a este tipo de delitos. Pero muy pocos casos acaban con el ingreso en prisión. Los datos de Instituciones Penitenciarias subrayan que actualmente solo hay 742 internos por atentar contra la seguridad vial. "Una cifra que no es fiable del todo, puesto que el ingreso de estos no se debe exclusivamente a estos delitos. Atendiendo exclusivamente al perfil de delincuente vial, estimamos que hay unos 150 presos", concluye el Ministerio Público.