España rechaza compensar a la madre de una niña asesinada por su padre
El Ministerio de Justicia alega que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas no son vinculantes
El Estado español rechaza indemnizar a Ángela Gónzalez, la madre de una niña de siete años asesinada por su padre durante una visita sin supervisión. El Ministerio de Justicia ha desestimado el recurso extraordinario de revisión que interpusieron las abogadas de Women's Link en representación de González. Se reafirma así en la decisión que tomó en febrero pasado, cuando respondió a un comité de Naciones Unidas que "no hay base jurídica" para una reparación económica.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó a España en agosto de 2014 por no proteger a González, una mujer víctima de violencia de género y a su hija, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. González había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto reiteradamente a que viera sin supervisión a la niña. Pese a ello, el hombre mató a la niña y después se suicidó.
Tras la histórica condena del CEDAW, según el cual la Administración debía indemnizar a la víctima por actuar de manera "negligente" y no protegerla ni a ella ni a su hija, España contestó que no había base para una reparación económica. Las abogadas de Women's Link pidieron reabrir un recurso de 2005 después de la condena del CEDAW, que es a lo que ahora responde el Ministerio de Justicia. La resolución, consultada por EL PAÍS, se basa en un dictamen del Consejo de Estado en el que este organismo considera que la condena del CEDAW no tiene carácter vinculante para el Estado español y es únicamente una "opinión".
El CEDAW se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado—. El caso de González es el primero en el que un organismo internacional falla contra España por un caso de violencia de género. El dictamen en el que aseguró que la Administración española debía indemnizar "de manera proporcional" a la víctima fue unánime (los 36 miembros del comité votaron a favor).
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, justificó este martes el rechazo de la indemnización al considerar que "no ha quedado acreditado" el "mal funcionamiento de la Justicia". "Se produjo un hecho absolutamente lamentable" y "reprobable desde todo punto de vista", dijo Catalá en referencia al fallecimiento de la menor, pero precisó que "había que determinar si existía una responsabilidad por el mal funcionamiento de la justicia y de la Administración", informa Efe.
El Ministerio de Sanidad, del que depende la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ha asegurado a través de un portavoz que desde 2003 "ha mejorado mucho la lucha contra la violencia de género" y que la nueva Ley de Infancia refuerza la protección de los menores. Sanidad, añadió, no tiene competencias en un asunto meramente jurídico que corresponde a otro ministerio.
El PSOE ha formulado una pregunta al Gobierno tras la resolución del Ministerio de Justicia que descarta indemnizar a González. La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, quiere saber si "de verdad piensa el Gobierno que no existe causalidad entre el hecho de que se quitasen la visitas vigiladas y el asesinato de la hija menor de Ángela González". Para la socialista, la posición del Gobierno "ha sido un mensaje demoledor para las víctimas de violencia y las madres que buscan ayuda en la justicia, un mensaje de abandono y desprotección para sus hijos e hijas".
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