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Los letrados de la Junta denuncian a la UDEF por detención ilegal

Los funcionarios acusan a la policía de un delito de prevaricación por la declaración de una abogada en el caso Aznalcóllar

Una vista de la balsa de la mina de Aznalcóllar. Ampliar foto
Una vista de la balsa de la mina de Aznalcóllar.

La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, que agrupa a un centenar de profesionales,  presentó el pasado viernes una denuncia contra policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por “detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral” de una letrada que fue a declarar en relación al concurso minero de Aznalcóllar (Sevilla). El concurso, que ganaron las empresas Minorbis-Grupo México, fue paralizado en mayo pasado después de la investigación abierta por la titular del juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, quien en un auto considera que la adjudicación se hizo “sin el mínimo rigor”.

La letrada fue llamada a declarar junto con los integrantes de la mesa del concurso de la mina que investiga la juez y de las personas que formaban parte de la comisión técnica de la Junta que evaluó las ofertas presentadas. Según la citada asociación, pese a que los funcionarios no estaban ni detenidos ni imputados y acudieron a declarar de manera voluntaria, se produjo su detención en las dependencias policiales antes de comenzar las declaraciones a cuyo término fueron puestos en libertad.

La Asociación de Letrados considera que las detenciones fueron “innecesarias y desproporcionadas”, orillaron el mandato judicial y se produjeron “al margen de los supuestos tasados legalmente”. También destacan el daño reputacional y moral “gravísimo” que ocasionan.

Los letrados dicen apoyar sin fisuras toda actuación judicial contra los comportamientos corruptos, pero muestran “su honda preocupación por el creciente recurso a la jurisdicción penal como vía ordinaria para el enjuiciamiento de la legalidad administrativa y por la actual tendencia a obviar el principio de intervención mínima del Derecho Penal”.

El colectivo de funcionarios de la Junta muestra su “más absoluto rechazo” a las actuaciones y opiniones que menoscaban “gratuitamente” el trabajo de los letrados “hasta el punto de criminalizarlos” para “sostener discrepancias sobre la interpretación del ordenamiento jurídico. “Más aún”, añaden “cuando las discrepancias respecto del criterio de especialistas en el mundo del derecho proceden de personas que carecen de la más elemental cualificación técnica”.

Tras un mes de pesquisas, la UDEF remitió un informe a la juez en el que acusa a la Junta de Andalucía de amañar el concurso para conceder la mina de Aznalcóllar. El Gobierno andaluz sostiene que “la convocatoria del concurso se realizó con absoluta y total escrupulosidad y rigor”, aseguró la semana pasada en el Parlamento el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, quien recordó que hay tres informes de la Intervención General, el gabinete jurídico y la dirección general de Minas avalando el procedimiento seguido.

Las empresas Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso el pasado mes de febrero, pero la firma perdedora Emerita denunció en los juzgados el supuesto amaño de la convocatoria pública, lo que desembocó en la investigación policial y judicial.