Tres modelos que funcionan para combatir los desahucios

El problema de los desahucios tiene solución. Los remedios siempre son “malos, muy malos o peores”, reconocen los expertos, pero algunos Ayuntamientos y comunidades cuentan con protocolos desde hace meses que les dan resultados: las personas no se ven en la calle o saliendo por orden judicial. Casi todos los sistemas de éxito tienen en común la mediación con los bancos y los acuerdos con los tribunales. Pero no basta. Los nuevos gobernantes que han puesto el énfasis en este asunto saben que hay otros detalles que son fundamentales; sin ellos, los sistemas de protección a las familias quedarán incompletos o fracasados a medio plazo. Hace falta, además, apoyo institucional pero, en su ausencia, algunos munícipes han tirado de valentía. No hay mucho que inventar.

Castilla y León | Negociación de alto nivel

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), se reunió en 2012 con los responsables de bancos y cajas en la región, lo que es garantía de eficacia. Después llegó a acuerdos con las entidades locales competentes en servicios sociales. Y firmó un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Se ponían así los tres pilares básicos de un sistema coordinado de atención integral donde las Administraciones local y regional hablan con una sola voz. El sistema diseñado en Castilla y León ha obtenido el reconocimiento de la ONU.

Una llamada al 012 conecta al que tiene problemas de hipoteca o de alquiler con su oficina de servicios sociales más próxima, donde se efectúa un análisis completo de la situación familiar: deudas, enfermedades, divorcios, desempleo... y se evalúa la urgencia. Cada caso es un mundo. Hay quien abrió un bar y no solo dejó en prenda la casa de sus padres, sino deudas con los proveedores de bebidas; o el que llega a un acuerdo con el banco para aplazar la hipoteca, pero necesita la firma de su pareja, de quien se ha divorciado de malas maneras… O aquel constructor arruinado que cuando la Junta llegó a un acuerdo con el banco para cerrar la deuda y devolver la casa se lio a mazazos y destrozó la vivienda y el acuerdo alcanzado.

En el caso de deudas, la Administración negocia quitas con los acreedores y paga de su presupuesto una ayuda extraordinaria que no supere 3.000 euros. A veces financian un año entero de alquiler mientras se intenta poner en pie la vida de una familia, buscando un empleo. En dos años y medio se han iniciado 2.300 negociaciones con los bancos, fruto de las cuales se han obtenido un millar de acuerdos y se ha atendido a 3.700 familias resolviendo unas 2.900 situaciones.

Castilla y León prioriza los pagos y las ayudas combinados con una intervención en la búsqueda de empleo, por ejemplo, antes que una dación en pago, porque considera que de nada sirve que se acabe la deuda si lleva acarreado un destierro, “el desarraigo de tener que rehacer la vida lejos del barrio”, dicen. Y porque de los casos de desahucios en España solo el 40% son de hipotecas, el resto son de alquileres. Por eso, su máxima es que no se confunda la propiedad con la posesión y la Administración busca fórmulas que permitan a las familias seguir viviendo en las casas aunque no sean suyas. “El acceso inmediato al servicio de protección y la prevención son las claves; evitar que se judicialice el proceso”, explica Milagros Marcos, la consejera que ha puesto en marcha el sistema. “Destinamos 160 millones a protección familiar”, añade. “Hay una línea de apoyo a las empresas y ONG que facilitan contratos de trabajo”. Y un 12% de los casos se cerraron porque la familia mejoró su situación, en una ocasión porque les tocó la lotería.

Terrassa | Un pulso a Goliat

Muchos de los miles de pisos que los bancos han recuperado por impago de hipoteca han ocasionado “problemas a los Ayuntamientos y a los vecinos”. “Cuando las familias salían, el banco echaba la llave y punto. Si había comida en la nevera. allí iban las cucarachas y la porquería se acumulaba”, dice la socialista Lluïsa Melgares, concejal de Terrassa (Barcelona), una ciudad de 215.000 habitantes que afronta entre 12 y 15 desahucios a la semana.

Al principio, esto es, en 2011, porque Terrassa ha sido pionera en el abordaje sistematizado de los desahucios, los bancos no estaban por la labor ni por el diálogo. Ahora la cosa es justo al contrario. Ocurrió así. En el Ayuntamiento dieron con un par de artículos contenidos en la ley catalana por el derecho a una vivienda, de 2007. Prohíbe tener pisos vacíos más de dos años y obliga a mantenerlos en condiciones de habitabilidad. En 2013 tenían abiertos 1.000 expedientes de multas de 5.000 a 7.000 euros. Goliat cedió y ahora las entidades prefieren entregar los pisos a pagar la sanción. A pesar de ello, Melgares, la edil de Vivienda, clama por más apartamentos. “Los Ayuntamientos hemos perdido la interlocución con el banco malo, lo hace la Generalitat”, se queja.

En Terrassa han llegado a acuerdos con los tribunales para demorar el desahucio hasta que los servicios sociales encuentran una alternativa. Todo ello con informes de vulnerabilidad de las familias con quienes se trabaja de un modo integral para que las soluciones no sean solo pan para hoy. El alcalde, Jordi Ballart, lamenta el poco apoyo que han tenido desde las Administraciones regional y central. “Llamamos a todas las puertas, también a los partidos, a la Federación de Municipios y Provincias, y no encontramos eco; algunos se nos reían a la cara. Ahora ven que funciona; si hay voluntad, si no hay miedo, se puede hacer”. Cuando llegaron a las entidades bancarias las primeras multas, a Ballart le perseguían por la calle, le amenazaban con denuncias por prevaricación…

Cientos de Ayuntamientos les han visitado para informarse de su protocolo antidesahucios, pero muchos no se atreven a plantar cara a Goliat.

Fuenlabrada | Cuando se llega a tiempo

¿Tiene Fuenlabrada cero desahucios? “Hay situaciones que nos llegan muy tarde”, lamenta Clara Aldámiz, jefa de los Servicios Sociales de la localidad madrileña, otro de los Ayuntamientos que agarró el toro por los cuernos hace unos años, cuando la crisis arreciaba. Aunque no haya cero desahucios, algo de lo que nadie, en honor a la verdad, puede presumir, la situación se le parece bastante. Da para “estar satisfechos”, dice el alcalde, el socialista Manuel Robles. “El servicio, transversal, está muy bien valorado por los usuarios”, añade.

Este Ayuntamiento hizo una campaña publicitaria para que los vecinos se acercaran a solucionar su problema antes de llegar a las últimas, pero existe la vergüenza... “Tenemos casos de okupas, que son ilegales, claro, pero suele ser gente que ya acumula otros desahucios y que no nos querían contar el problema precisamente porque estaban okupando un piso y sabían que era ilegal. Cuando conocemos el caso a veces es tarde”.

Aldámiz cuenta otro problema también peliagudo, cuando el desahucio es de un piso de un particular, que quizá vive de esa renta que ahora no le pagan. No es fácil para una Administración abordar estos casos, pero en Fuenlabrada tienen un grupo de profesionales multidisciplinar que funciona bien coordinado. Y que pueden decir que en la localidad hay desahucios cero. O casi cero.