Madrid esperará a que haya juicio para actuar en el ‘caso Marañón’

La Consejería de Sanidad madrileña no tiene previsto tomar más medidas contra los médicos del hospital Gregorio Marañón de la capital acusados por la Fiscalía Provincial de haber estado realizando costosas pruebas de pacientes privados usando las instalaciones y los aparatos del servicio de Anatomía Patológica. Sanidad "se personará en la causa cuando el juzgado abra las diligencias", asegura una portavoz del departamento que dirige Jesús Sánchez Martos.

Por el momento, la única medida que ha tomado la Comunidad de Madrid contra los patólogos de la trama de las pruebas privadas ha sido abrirles expediente disciplinario por una cuestión administrativa: trabajar en la privada de forma simultánea sin haber pedido la correspondiente autorización. Un permiso que en Madrid se concede de forma casi automática abonando una tasa de 200 euros.

Esta decisión, tomada la semana pasada, es la primera después de que en el mes de marzo la denuncia pública de un patólogo del centro, Juan Carlos Martínez, destapara el escándalo. El hospital nombró una comisión de investigación que cerró el asunto en una semana porque, aseguró entonces, no encontró "indicios de delito". Antes de acudir a los medios de comunicación, Martínez había denunciado el caso internamente, pero el hospital no tomó medidas.

El viernes pasado la Fiscalía Provincial de Madrid envió a los juzgados el escrito de acusación en el que denuncia a 12 sanitarios del Marañón de Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El escrito del fiscal, adelantado por EL PAÍS, acusa a estos médicos de hacer uso de los bienes públicos del centro para realizar pruebas diagnósticas a pacientes de clínicas privadas.

La acusación del fiscal va dirigida contra 12 personas, la mayoría médicos, aunque también hay técnicos de laboratorio y un directivo del hospital, todos en su condición de funcionarios públicos. Entre los facultativos, hay algunos que ya están jubilados. La fiscalía señala que durante la instrucción penal del proceso podrían resultar imputadas más personas. Sus pesquisas han determinado que los médicos facturaban a las clínicas privadas las pruebas que ellos hacían gratis en el Marañón “en perjuicio de los medios de la sanidad pública”.