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El fiscal acusa a 12 médicos del Gregorio Marañón de malversación

El Ministerio Público considera que usaban los medios del hospital público para hacer pruebas a sus pacientes privados

Juan Carlos Martinez, patólogo del hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Juan Carlos Martinez, patólogo del hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La Fiscalía Provincial de Madrid acusa a 12 sanitarios del hospital público Gregorio Marañón de Madrid de un presunto delito de malversación de caudales públicos. El escrito del fiscal, presentado este viernes y a cuyos detalles tuvo acceso EL PAÍS, acusa a estos médicos de hacer uso de los bienes públicos del centro para realizar pruebas diagnósticas a pacientes de clínicas privadas. Las investigaciones confirman la denuncia de un facultativo del hospital, que destapó la trama al acusar a sus colegas de Anatomía Patológica de llevar años haciendo biopsias privadas.

La fiscalía solicita abrir juicio oral después de tres meses investigando la denuncia de un patólogo del Gregorio Marañón, Juan Carlos Martínez, que acusa a varios de sus compañeros de usar el instrumental y los reactivos del centro público para analizar muestras procedentes de pacientes externos. Martínez había informado previamente a sus superiores del hospital, pero ni el centro ni la Consejería de Sanidad tomaron medidas hasta que el escándalo saltó a los medios de comunicación en marzo pasado.

La acusación del fiscal va dirigida contra 12 personas, la mayoría médicos, aunque también hay técnicos de laboratorio y un directivo del hospital, todos en su condición de funcionarios públicos. Entre los facultativos, hay algunos que ya están jubilados. La denuncia de Martínez señala como líder de la trama al antiguo jefe de servicio de Anatomía Patológica, que se retiró en octubre pasado. La fiscalía señala que durante la instrucción penal del proceso podrían resultar imputadas más personas. Sus pesquisas han determinado que los médicos facturaban a las clínicas privadas las pruebas que ellos hacían gratis en el Marañón “en perjuicio de los medios de la sanidad pública”.   

Un facultativo condenado en 2013

Fue el “gasto excesivo” de un laboratorio público de Madrid, comparado con el resto, lo que puso sobre la pista al entonces llamado Instituto Madrileño de la Salud. En el centro de especialidades Hermanos Miralles (ahora Pontones) estaban consumiendo muchos más reactivos para los análisis clínicos que otros laboratorios, hasta el punto de que se quedaban sin existencias y provocaban retrasos.

Lo que sucedía era que el jefe de servicio de Análisis Clínicos del centro, Miguel Ángel Amerigo, y dos empleados más simultaneaban su trabajo como funcionarios con un laboratorio privado, Labipath, y llevaban a analizar al centro público las muestras de pacientes privados. Solo en dos años (1998 y 1999) los perjuicios se cuantificaron en casi 450.000 euros. El fiscal les acusó de un delito continuado de malversación de caudales públicos y pidió para Amerigo seis años de cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid le condenó en 2013 a un año y dos meses de prisión y a dos años de inhabilitación. A una colaboradora la absolvió y a otro lo condenó como cómplice a pagar una multa.

Martínez aportó a la investigación fotografías de biopsias de pacientes de clínicas privadas que encontró en el servicio —asegura que los miembros de la trama estaban tan acostumbrados que ni siquiera se escondían— y dio la pista para comprobar los registros de uno de los aparatos que presuntamente utilizaban para analizar tejidos de pacientes externos al Marañón. Se examinó el disco duro en el que se grababan todos los datos de las determinaciones. La fiscalía ha tomado declaración a los denunciados y a varios testigos y ha examinado otras pruebas que le permiten acreditar que los acusados realizaban estas actividades, al menos, desde 2013. Se trataba de “pruebas costosas”, como técnicas de inmunohistoquímica.

La trama de las pruebas clínicas privadas se conoció en marzo pasado después de que la adelantara El Confidencial y Martínez diera una entrevista en la Cadena SER relatando los hechos. El hospital inició una investigación que cerró una semana después al concluir que no había indicios de delito. Tres meses más tarde, la Comunidad de Madrid ha abierto expediente disciplinario a ocho trabajadores del hospital Gregorio Marañón, pero no por el uso indebido de medios públicos, sino por una cuestión administrativa: trabajar en la sanidad privada sin autorización de compatibilidad.

El expediente acusa a seis médicos y dos técnicos de laboratorio de Anatomía Patológica porque “presuntamente han simultaneado su actividad de carácter público en el Gregorio Marañón con una segunda actividad en el ámbito privado”, según confirmó el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que añadió que los expedientes se abrieron cuando él llegó al cargo. El sindicato Comisiones Obreras, que llevó el caso a la fiscalía, aseguró este viernes que la medida es “insuficiente” porque “no entra en el fondo de la cuestión”.

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