La juez investiga si el PP pagó en b un homenaje a Rajoy por 14.000 euros

A finales de 2007 Mariano Rajoy eligió la Galicia interior —el histórico granero de votos del PP en esta comunidad— para emplearse en la precampaña de las elecciones generales en las que repetía como candidato a la presidencia del Gobierno. Un pletórico José Luis Baltar (entonces poderoso barón del PP gallego que desde su feudo ourensano había torcido el brazo a Manuel Fraga) lo acogió con entrega y lo colmó de atenciones. Los medios de comunicación dieron cuenta, entre otros actos, de la multitudinaria comida-mitin de apoyo a Rajoy, un auténtico baño de masas para el presidente nacional, celebrado en un restaurante de Ourense. La Justicia ha hallado ahora indicios de que aquella celebración pudo haber sido pagada con dinero de la supuesta caja b del PP de Ourense. La presunta financiación ilegal salpica a altos cargos de la dirección autonómica del partido y del gobierno de la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo, además de a senadores, diputados y concejales.

El eterno rival de Rajoy y Feijóo, el exbarón provincial que consiguió consumar la sucesión dinástica en su feudo ourensano (traspasó todos sus poderes a su primogénito) vapuleando en el congreso provincial de 2010 al candidato impuesto por las direcciones nacional y autonómica del PP, mete de nuevo en un brete al partido. Cuatro años después de jubilarse, antes de ser procesado en el juicio por el enchufismo que acabó en una condena por prevaricación, José Luis Baltar se enfrenta a una nueva investigación judicial. Esta vez, por la presunta financiación ilegal del PP que presidió durante dos décadas y con la que puede dejar tocada la estructura de poder del PP gallego de Feijóo.

Pilar de Lara, la juez de Lugo que investiga la mayor trama de corrupción y sobornos en adjudicaciones públicas en Galicia en la denominada Operación Pokémon, ha abierto diligencias contra Baltar, en una pieza separada, por presunto cohecho, delito electoral y falseamiento de cuentas en relación con la financiación del PP. El extenso informe elaborado por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera incluye la contabilidad del partido provincial desde 2006 hasta 2011 y evidencia que el expatrón ourensano saldaba en metálico buena parte de las cuentas de la organización política, supuestamente con dinero recibido de donaciones que no computaba en la contabilidad oficial. La mayor parte de los proveedores --fundamentalmente agencias de publicidad y emisoras de radio-- reconocieron a los agentes de Aduanas que habían cobrado en metálico del PP. Ninguno de los pagos figura en la contabilidad del partido ni en sus extractos bancarios, destaca el informe.

Lo que sí aparece, en distintas anualidades, son constantes aportaciones de dinero de Baltar que entregaba en metálico al entones gerente, según el testimonio judicial de este, para que hiciera frente a diversos pagos. Entre ellos, el de la comida-mitin de Rajoy en noviembre de 2007.

Horas extraordinarias a tocateja

Baltar pagaba también a tocateja las horas extraordinarias de los empleados de su sede, según reconocieron estos ante los agentes de Aduanas. Al gerente del partido con el que compartió décadas en la sede provincial, Emilio Pascual --testigo principal en esta causa a quien la juez ha puesto protección-- lo despachó en 2010, un año antes de la fecha oficial de jubilación del trabajador, con 24.000 euros en metálico. Un Baltar ya en retirada, despejando el camino a su vástago, abrió la caja fuerte de la Diputación en presencia de Pascual, sacó un fajo de billetes y saldó allí mismo la vinculación del veterano trabajador con el partido, contratado 27 años antes por Génova. "Me pagó en dinero b" el finiquito, aseguró el exgerente a la juez.

Según el informe judicial, los pagos en metálico o mediante cheques a proveedores fueron habituales durante la presidencia del autodenominado "cacique bueno" del que la juez no descarta que haya podido lucrarse personalmente. También sospecha que la supuesta financiación ilegal ha podido mantenerse con el hijo-sucesor, si bien utilizando otras empresas, "para encubrir supuestos gastos del PP".

En la contabilidad del partido correspondiente a 2009 incorporada al informe judicial consta la compra a un comercio de regalos de "quincallería para las autonómicas" por importe de 10.000 euros. El propietario reconoció a los agentes que recibía cheques bancarios del PP. Y precisó que en ocasiones "el cheque era remitido desde Madrid".

Figura una compra a un comercio de regalos de "quincallería para las autonómicas" por importe de 10.000 euros

El trasiego de dinero en metálico, que alcanzaba hasta los 200.000 euros anuales, era presuntamente recaudado por el expresidente de adjudicatarias de servicios públicos y constructoras, según denunció ante la juez el exgerente. Pascual detalló que Baltar lo almacenaba en una caja fuerte de su despacho de la Diputación que abría para hacer entregas de hasta 30.000 euros aunque algunos alcaldes también acudían allí con fajos para entregar. Pascual también afirmó que el congreso del PP ourensano de 2002, organizado por una empresa de la Gürtel por cerca de 70.000 euros, no fue abonado "ni en oficial ni en b". El exgerente deslizó ante De Lara que lo pagó una constructora.

En la documentación entregada por el PP a los agentes de Aduanas a requerimiento de la juez aparece una factura de una empresa en concepto de "alquiler de carpa para campaña electoral del PP (elecciones autonómicas) del 16 al 27 de febrero de 2009 incluyendo seguridad" a nombre de la diputada autonómica y miembro de la ejecutiva gallega del partido por designación de Núñez Feijóo, María del Carmen Pardo López. El pago es por importe de 4.284 euros. En el recibí se especifica "resto de la factura de 9.200". Cuando los agentes tomaron declaración a un representante de la empresa, este reconoció que habían alquilado carpas al PP en varias ocasiones "pero en 2009 seguro que no. Ese año el PP no nos contrató nada", aseguró.

Larga lista de receptores de facturas falsas

La lista de cargos políticos del PP gallego que aparecen como receptores de supuestas facturas falsas de empresas ouresanas es larga. Empezando por el hijo-sucesor del exbarón, figuran como destinatarios de ingresos el vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, el secretario de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, la directora general de Familia de la Xunta, Amparo González y concejales y exconcejales del Ayuntamiento de Ourense, entre ellos, la actual gerente provincial del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Eloína Núñez, prima del presidente autonómico. Con la excepción de uno de los hombres de confianza de Baltar, todos los cargos que testificaron ante los agentes de Aduanas aseguraron que jamás habían tenido relación con las empresas que supuestamente les habían realizado los pagos. Algunos, tras reconocer sus firmas en recibos que aseguran desconocer, sugirieron una posible usurpación de identidad por parte del PP.

El exgerente, sin embargo, ha mantenido siempre que "toda la cúpula del PP" sabía de la existencia de la caja b. El PP provincial ha optado por el ataque para su defensa: lo ha demandado judicialmente por sus "declaraciones ofensivas y absolutamente falsas". Una reacción que cuenta con el beneplácito del presidente gallego. Con todos los grupos de oposición en el Parlamento autonómico pidiéndole explicaciones, Feijóo no ha movido ficha. Hasta ahora le parecido suficiente el recurso a la vía judicial decidido por el segundo de los Baltar como única vía para despejar dudas sobre la legalidad de la financiación de su partido en la despensa de los votos del PP: la provincia a la que acudió Rajoy a darse un baño de masas en vísperas de las generales de 2008 y la que en las municipales del pasado mayo le ha dado el único respiro al PP de Galicia.