La juez pide más información ante las “dudas” sobre la adjudicataria
La magistrada cita a declarar al representante de la empresa denunciante y a un testigo
![Antonio J. Mora](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2ae36c7b-383e-4879-b0e4-c29fbb284d8e.jpg?auth=3a07da217bb9c0596b52a7697d0cc580055eb37d45553d9750ba1d088cbcd617&width=100&height=100&smart=true)
![Vista de la mina sevillana de Aznalcóllar.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/7DEX4HX2QNDPGUYGRXZIJOH7EQ.jpg?auth=1efaf6bea9270c783afee360cc3c3b57e67fe4284106d3ca4cb3933ddc2b664e&width=414)
La investigación sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) sigue su periplo por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla. La juez Patricia Fernández ha citado a declarar al representante legal de Emerita Resources (la empresa denunciante), Joaquín Jesús Merino, y en calidad de testigo a Ismael Jesús Rodríguez. En un auto fechado el pasado 18 de junio, la magistrada ordena nuevas diligencias ante las "dudas" sobre la empresa adjudicataria del concurso. Fernández considera que el Gobierno andaluz asignó en febrero la reapertura del yacimiento a Minorbis-Grupo México (filial de la cordobesa Magtel) "sin el más mínimo rigor".
La juez cita a declarar el próximo 8 de julio a Ismael Jesús Rodríguez, "a quien se identifica como testigo presencial" de la supuesta reunión mantenida durante el proceso del concurso entre representantes de Magtel y Emerita, tal y como aseguró esta última en su denuncia. Según la empresa perdedora, el 11 de abril de 2014, el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, acudió a la oficina de Emerita para “negociar la refundición de ambos proyectos”. Antes de marcharse, les advirtió de que Magtel “tenía la llave del concurso” y, como muestra, “alguien de la Consejería” de Economía se pondría en contacto con ellos en cinco minutos. Al rato, según la otra empresa finalista del concurso, recibieron la llamada del secretario de Industria, Vicente Fernández, preguntando por el encuentro.
Tras la investigación llevada a cabo desde el juzgado en los últimos meses, la magistrada constata que Minera Los Frailes —la empresa que finalmente ha aceptado la explotación de la mina de Aznalcóllar— no corresponde a la que en su día se presentó al concurso para obtener esta explotación, la entidad Minorbis-Grupo México. Por ello, Fernández solicita a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta que informe si ha otorgado validez a la aceptación del concurso. Asimismo, solicita información al registro mercantil sobre los interrogantes que arrojan los movimientos societarios de la entidad Minorbis, registrados entre el 21 de enero y el 25 de mayo.
Según el auto de la juez, la sociedad definitivamente adjudicataria cambió de denominación y sustituyó su objeto social días antes de la aceptación definitiva. "Al día siguiente, 6 de mayo, la sociedad ya denominada Minera los Frailes S.L. es adquirida al 100% de su capital social por AMC Mining Iberia. Y el 8 de mayo se produce una ampliación de capital de un millón de euros de los iniciales 3.000 euros de capital social con una prima de asunción de 92 millones de euros íntegramente desembolsados", señala la magistrada. Asimismo, señala que Minorbis solo es titular de 13.049 participaciones, que representan el 1,3% del capital social de la empresa. Minorbis las compró a AMC Mining Iberia el mismo día que entró en la consejería el documento de aceptación de la adjudicación. Por ello, la juez hace hincapié en que la inmediatez con que se realizan el cambio de denominación y objeto social, la compra de participaciones y la ampliación de capital deben ser necesariamente explicadas con la convicción suficiente.
También pide que se aclare la factura de 1,2 millones de euros como "honorarios por servicios de coordinación previa prestados por Minorbis a AMC Mining Iberia para el desarrollo e impulso del proyecto de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar hasta el 11 de mayo de 2015".
Por su parte, el Gobierno andaluz ha defendido este martes que el procedimiento de adjudicación de la explotación "se ajusta a derecho", tal y como defienden los servicios jurídicos como la Intervención General de la Junta. "Respeto profundo por todas y cada una de las manifestaciones de la Administración de Justicia y, al mismo tiempo, colaboración", ha añadido el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.
Ante las dudas sobre el procedimiento, Grupo México siempre ha defendido su legalidad. "Hemos preparado durante muchos meses un proyecto que creemos es el óptimo para la reapertura de la mina de Aznalcóllar con todo el rigor necesario y cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el contexto de un concurso público internacional", mantiene el director general de Americas Mining Corporation (subsidiaria de la compañía mexicana), Daniel Muñiz.
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