El PP se desangra en las urnas tras un calvario judicial de seis años

El PP se ha despeñado en las urnas algunos años después de que comenzara su descalabro en los juzgados. Ha pasado de atesorar un poder institucional casi absoluto (noviembre de 2011) a perder el gobierno de decenas de grandes ciudades y de siete de las 11 autonomías donde mandaba con mayoría absoluta (junio de 2015). El PP ha recorrido en apenas cuatro años el camino que va de la euforia a la depresión; de la confianza absoluta en sus líderes a la desconfianza general. 

El estallido en febrero de 2009 del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción conocida en la reciente etapa democrática, ha puesto fuera de juego a decenas de dirigentes y cargos públicos del PP. Los indicios delictivos destapados por la investigación judicial acabaron con la carrera política de un presidente autonómico, dos parlamentarios nacionales, varios consejeros regionales, directores generales, alcaldes y concejales.

La marca de la formación conservadora ha sufrido durante este tiempo el mayor deterioro de sus 25 años de historia. Lo que Mariano Rajoy denominó hace seis años una "trama contra el PP" ha resultado ser un red de corrupción que colonizó el PP, según los jueces que han investigado los hechos y procesado a los supuestos culpables.

Las empresas de Francisco Correa comenzaron organizando los viajes de dirigentes del PP, siguieron encargándose de todos los mítines de José María Aznar, y acabaron recibiendo cientos de contratos amañados por decenas de millones de euros de administraciones gobernadas por el PP. Este lucrativo negocio, que Correa alimentaba con regalos y comisiones ilegales para los cargos populares, permitió también a la trama corrupta intermediar en operaciones urbanísticas con plusvalías millonarias en ayuntamientos donde mandaba el PP.

La cúpula del PP, con Federico Trillo de ariete, quiso convertir el escándalo en un caso de corrupción judicial y atacó la instrucción de Baltasar Garzón, que acabó expulsado de la carrera tras ser condenado en el Supremo por prevaricación al grabar conversaciones en la cárcel de los abogados con los cabecillas de la red corrupta.Pero el proceso avanzó en los juzgados con otros instructores y acabó siendo uno de los casos más graves de corrupción política e institucional conocido en España.

El escándalo estalló en febrero de 2009. Durante los dos años siguientes, el PP sufrió el incesante goteo de resoluciones judiciales que pusieron bajo sospecha a varios gobiernos autonómicos, a una decena de grandes ayuntamientos y al corazón financiero del propio partido. Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP nombrado por Rajoy en 2008, fue imputado cuatro meses después de que estallara el escándalo, Dos ex tesoreros más, Álvaro Lapuerta y Ängel Sanchis, también están imputados y amenazados de cárcel.

Pese al desgaste en los juzgados, el PP y Rajoy lograron en 2011 -elecciones municipales y autonómicas en mayo; elecciones generales en noviembre- el mayor éxito electoral de su historia. Gobernaba en 11 autonomías con mayoría absoluta y en más de 3.000 ayuntamientos. Rajoy consiguió, al tercer intento, una victoria apabullante que le convertía en presidente del Gobierno con una mayoría absoluta clara en el Congreso de los Diputados. Una situación política perfecto para gestionar un país al borde de la quiebra.

Las corruptelas que investigaban los juzgados y las decenas de imputados del PP por esta causa apenas habían tenido consecuencias en las urnas. El caso más emblemático del escaso efecto de la corrupción sobre los votantes fue la Comunidad Valenciana. Con el entonces presidente y candidato Francisco Camps a las puertas del banquillo de los acusados, el PP ganó las elecciones en esa comunidad por mayoría absoluta. Sólo unos meses después, Camps dimitió para ser juzgado por cohecho. Un jurado le consideró "no culpable" por cinco votos a cuatro. Era la primera gran víctima política de un escándalo de corrupción que no había conseguido dañar al PP en las urnas.

La gestión de la crisis económica que aplastó al PSOE en las elecciones generales de 2011 había llevado en volandas a Mariano Rajoy y a su partido, pese a que ya andaba empantanado en diversas causas judiciales por grave corrupción abiertas en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de Madrid, Valencia y Castilla y León.

Los dos primeros años de Gobierno de Mariano Rajoy fueron especialmente dolorosos. Los recortes sociales para reducir el déficit y las reformas legales para abaratar el despido o aumentar los impuestos desencadenaron numerosas protestas en la calle. El malestar ciudadano, incluso entre los votantes del PP, creció sin parar en ese tiempo. Cuando Rajoy comenzaba a respirar aliviado y la crisis parecía haber tocado fondo, la instrucción de las causas abiertas en los juzgados por la corrupción del PP volvieron a golpear la imagen del partido y el prestigio de sus líderes.

El juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel desde el descabezamiento de Baltasar Garzón, recibió en las navidades de 2012 los datos bancarios sobre una cuenta abierta por Bárcenas en Suiza con más de 20 millones de euros no declarados al fisco español. El PP entró en una nueva pesadilla. A esas alturas del caso Gürtel, Bárcenas seguía imputado y disfrutaba de una situación laboral idílica en el partido por decisión de Mariano Rajoy. Cobraba una nómina de 200.000 euros al año, la más alta de todo el partido, y aunque tenía despacho, secretaría y chófer, no hacía nada.

EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013, unos días después de conocida la fortuna suiza de Bárcenas, la contabilidad manuscrita que el extesorero llevaba de una caja b ilegal que funcionó en el PP desde 1990 hasta, al menos, 2009, donde finalizaban los apuntes. Esa contabilidad registraba el cobro de donaciones ilegales (ocho millones de euros en 19 años) de algunas de las principales constructoras del país, y el pago de sobresueldos opacos al fisco a toda la cúpula del partido durante aquel tiempo.

A raíz de esa publicación, Bárcenas perdió su privilegio laboral y su nómina, y entabló un litigio en los tribunales con el partido que le había despedido. Mientras, su situación judicial se agravaba y el juez Pablo Ruz decretaba su ingreso en prisión en junio de 2013. Aquellos meses pusieron a Rajoy contra las cuerdas por su apoyo al corrupto Bárcenas, incluso a través de mensajes telefónicos publicados por El Mundo donde el presidente animaba al tesorero que le había controlado la caja b del partido ("Aguanta, sé fuerte").

El PP reaccionó a la publicación de los papeles negando los hechos, acusando al periódico EL PAÍS de publicar noticias falsas y querellándose contra el extesorero por injurias y calumnias. El juez Pablo Ruz abrió una pieza separada del caso Gürtel para investigar los papeles de Bárcenas. La investigación acreditó la veracidad de esa contabilidad paralela con pruebas caligráficas y el testimonio de muchos de los beneficiados por los pagos del extesorero con los fondos de la caja b.

La instrucción del caso Gürtel (primera fase) y del caso Bárcenas (la caja b del PP) ya ha concluido. Las conclusiones de jueces y fiscales que han participado en el procedimiento no pueden ser más negativas para la formación conservadora: la corrupción anidó en el PP con la trama Gürtel y el partido se financió ilegalmente durante al menos 20 años con una caja b que controló Bárcenas. El banquillo de los acusados espera al partido de Rajoy, temeroso de perder en su mayor empeño - las elecciones generales que se celebrarán dentro de unos meses - el último gran poder que atesora.