El médico que recetaba a los muertos

A Santiago Gutiérrez Brodard, médico pluriempleado en dos residencias y varias mutuas asturianas, se le fue la mano con la morfina. Él solo, desde dos geriátricos de Langreo y Oviedo, prescribió ocho veces más cloruro mórfico Braun 2%, nombre técnico de la droga, que todas las unidades del dolor y de cuidados paliativos de la sanidad pública asturiana. A pacientes vivos. Y también a muertos. Su hiperactividad prescribiendo morfina desató las alertas del Gobierno del Principado, que en junio de 2013 presentó denuncia ante la fiscalía. Se trata de un opiáceo que solo se puede expedir con recetas y que fuera de ese circuito es perseguido como narcotráfico.

Brodard, muy desmejorado, daba vueltas el pasado miércoles a su bolígrafo sentado en el banquillo de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias. Está acusado de dos delitos de tráfico de drogas y falsedad documental. El ministerio público pide para él 10 años de cárcel y 134.000 euros de multa. Ana Méndez, la fiscal, lleva dos años investigando. El sumario retrata un rosario de anomalías en el comportamiento del sospechoso que no casan con la práctica habitual de los médicos de los geriátricos.

La mayor parte de las cápsulas (1.036 de los 1.500 envases) que recetó entre 2011 y 2013 llevaban el nombre de una paciente con hernia lumbociática que, según declararon otros médicos en el juzgado, no precisaba ese tratamiento. Era la madre de Brodard. El acusado declaró en el juicio que entre 2011 y 2013, la mujer tenía una enfermedad crónica con crisis periódicas que hacían imprescindible la morfina. Pero cuando arrancó la investigación, su madre, que tenía prescritos 252 envases en 2011, 198 en 2012, y 70 en 2013, dejó de necesitarla.

¿No era una enfermedad crónica?, preguntó la fiscal al acusado. ¿La morfina curó su enfermedad? “A veces se diagnostica una enfermedad como crónica cuando dura más de seis meses”, respondió Brodard.

En la investigación abundan los indicios de que Brodard recogía personalmente la morfina que él mismo recetó a pacientes, vivos y muertos, en los geriátricos donde trabaja, presentándose con sus carnés de identidad en las farmacias. Y que nadie, ni las enfermeras de las residencias ni los médicos de la Seguridad Social asignados a los enfermos, tuvieron noticias de que estaban recibiendo esas inyecciones. La fiscalía sostiene que fueron prescripciones falsas para revender la droga en el mercado negro: 15.000 dosis valoradas en 55.000 euros. Y reclama su inhabilitación.

"Un problema de almacenaje"

En la primera vista del juicio, el sospechoso negó que traficase con morfina y alegó que la ingente cantidad de morfina recetada se explica “por un problema de almacenaje”. Como él no disponía de la caja fuerte que sí tienen los hospitales, al final del día destruía los envases. “Si utilizaba una cápsula, el resto [cada envase trae 10 y él los prescribía de dos en dos] las tiraba. No quería dormir con eso en casa”, contó a la juez.

¿No debían conocer esos tratamientos los médicos de cabecera o las enfermeras, si usted se iba de vacaciones a la República Dominicana?, inquirió la fiscal. “Yo estoy siempre trabajando”, replicó el acusado, ante el pasmo general de la sala. Brodard explicó que si nunca incluyó la morfina en las pautas de medicación de las enfermeras fue porque prefería pinchar él mismo a sus pacientes. “Para hacerlo con más cariño, con unas agujas más finas que solo tenía yo”. Defendió que si alguna vez extendió recetas a pacientes muertos, fue porque no tenía noticias del fallecimiento, o bien lo atribuyó a “errores”.

Brodard también desplegó una tesis para justificar por qué nadie en la sanidad asturiana ha recetado tanta droga como él. “Mis compañeros tienen fobia a la morfina, que no es ninguna bestia”, alegó recordando que en los geriátricos era él quien veía a los pacientes en el día a día.

Silencio en las residencias de ancianos

En las dos residencias de Langreo y Oviedo donde siguió trabajando hasta el mismo día del juicio, todos callan. Nadie sabe nada. Nadie intuyó mala praxis. La única voz que emerge en medio del atronador silencio es la de José Pedro González Abella, gerente del geriátrico Casta de Langreo, durante el juicio. El directivo calificó de práctica normal que el médico recogiese en las farmacias la morfina de los pacientes incapacitados aunque el resto de los fármacos los tramitase el departamento de administración. Y no vio inconveniente en que el acusado pinchase directamente a los pacientes la morfina, sin pasar por la enfermería. Prestó testimonio a petición del abogado de la defensa, Ricardo Álvarez-Buylla, un reputado penalista de Oviedo.

Fuera de la sala, nadie habla. En el Colegio Médico de Asturias, ningún portavoz tiene nada que decir. Salvo el secretario, Francisco Fernández Guisasola, quien sostuvo en el juicio que nunca vio problema en seguir dispensando talonarios de recetas al investigado. Ni consideró censurable que el médico llevase encima dos envases con veinte dosis en su maletín o se recetase a sí mismo. La comisión deontológica del colegio profesional determinó que la forma de actuar del sospechoso no era “lo ordinario”, pero que “podía encuadrarse perfectamente en la buena praxis”, según figura en un informe aportado al juez.

La doctora de cabecera de una paciente que supuestamente recibía inyecciones de morfina en el geriátrico certifica que nunca supo que se le estaba dispensando ese fármaco, y que aunque el médico de la residencia no estuviera obligado, podría habérselo comunicado “por cortesía”. La defensa intenta desmontar la acusación de tráfico de drogas. Sin movimientos de cuentas ni pinchazos telefónicos, no hay caso, alega. Y pregunta cómo el acusado pudo seguir prescribiendo el cloruro mórfico tras saberse investigado sin que ni la Consejería de Sanidad ni la fiscalía ni el colegio médico lo apercibiesen.

El juicio está suspendido hasta el 25 de junio. Faltan por comparecer tres médicos de familia que trataban a los pacientes y tampoco sabían nada de la morfina.