El Defensor ve degradante que se llame por un número a los inmigrantes

El Defensor del Pueblo alerta en un informe sobre prevención de la tortura de un posible trato degradante en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles, donde permanecieron ingresados 7.340 extranjeros el año pasado pendientes de su expulsión del país. La institución que dirige Soledad Becerril reclama que se erradique la práctica por la cual se llama a los internos por un número y no por su nombre, y censura otras como que no se les permita siempre acudir al servicio por la noche, de forma que "se ven obligados a utilizar botellas de plástico o usar los lavabos que se encuentran en el interior de sus dormitorios para miccionar, lo que podría considerarse un trato degradante", señala el documento presentado este martes en el Congreso de los Diputados.

"La práctica consistente en identificar o llamar por un número y no por su nombre y apellidos a los internos de los CIE debe erradicarse, en aras del respeto de la dignidad de los internos, en cuanto seres humanos, que debe ser un valor ético fundamental para los responsables y funcionarios de los CIE", señala el informe. El documento recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". El Defensor del Pueblo elabora este estudio en su función de "Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", una competencia que le atribuyó el Parlamento en 2009. El documento, referido a 2014, es fruto de 61 inspecciones realizadas por la defensora Soledad Becerril, "la mayoría no anunciadas", señala.

El Defensor del Pueblo destaca además que, a pesar de que el reglamento de régimen interior de los CIE determina que debe separarse a los internos condenados o con antecedentes penales de quienes solo están internados por la mera estancia irregular en España, esa práctica no se cumple. Los Centros de Internamiento de Extranjeros no son establecimientos de tipo penitenciario, sino que alojan a los ciudadanos extranjeros pendientes de la tramitación de una expulsión del país. La entrada y salida está sometida a control judicial y el plazo máximo de estancia en ellos es de 60 días.

El documento señala también como "preocupante" lo observado en "alguna visita respecto a la falta de ropa o calzado adecuado para los internos que carecen de estos enseres", y recuerda que es obligación de las autoridades españolas asegurarlo. En algunos centros, la defensora ha encontrado duchas sin separadores, lo que vulnera la intimidad de los internos.

El Defensor vuelve a resaltar, como ya hizo en años anteriores, que casi la mitad de los extranjeros internados en 2014 no han sido expulsados de España, "a pesar de que con la medida de internamiento se pretende asegurar la repatriación efectiva del ciudadano extranjero". Así, del total de 7.340 extranjeros internados, han sido expulsados 3.483, un 47,45%, lo que supone una cifra similar a 2013. 

"La expulsión de los extranjeros que están en centros de internamiento requiere unos supuestos que van desde la existencia de convenios con los países de origen de estas personas y otros requisitos como poder aclarar suficientemente la identidad de la persona, etcétera, todo ello hace que no sea algo muy fácil y que se pueda resolver rápidamente", ha explicado la defensora Soledad Becerril a los periodistas tras presentar el informe en comisión. Becerril ha "sugerido" al Ministerio de Justicia que "evalúe" mejor las decisiones de cuándo una persona debe entrar en un centro de este tipo. "Hay que tener un criterio muy riguroso para determinar ese ingreso", ha dicho la defensora. En 2014 se registraron en España 12.549 entradas ilegales, según los datos del Ministerio del Interior.

Respecto al trato a los inmigrantes, el informe reclama también la "reforma urgente" de las instalaciones que acogen a extranjeros en situación irregular que llegan a España en embarcaciones desde el norte de África. Los "centros de primera asistencia y detención de extranjeros", a su juicio, "no reúnen las condiciones más adecuadas para personas que llegan a las mismas después de una travesía que, normalmente, se alarga durante días en condiciones muy duras, tanto física como psicológicamente". El Defensor pide una especial atención a los niños y mujeres embarazadas a los que se detiene en esas dependencias. La media de estancia es de 48 horas, y en ocasiones carecen de luz natural.

El documento revela el dato de los inmigrantes deportados de España en vuelos el año pasado: en total, 2.572 inmigrantes fueron expulsados del país en 134 vuelos que España fletó en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex). Un total de 801 fueron deportados en barcos internacionales. El Defensor recomienda que se graben los vuelos, sobre todo los que pudieran ser conflictivos.