El instituto de Arancha era un polvorín

Los globos aguardaban en la sala de actos junto con las orlas. En los armarios, los trajes de fiesta que tanto había costado pagar... El viernes 22 de mayo todo estaba preparado en el instituto Ciudad de Jaén para la fiesta de graduación de los alumnos de bachillerato. Tendría que haber sido un día de gloria para el barrio de Orcasur (en Usera, al sur de la capital). La fiesta por el título preuniversitario de un puñado de chavales del barrio es motivo de orgullo en una de las zonas de la capital más arrasadas por la crisis, donde casi la mitad de los residentes no tienen estudios primarios.

La fiesta se transformó en duelo. Las bachilleres Anaís y Rocío recuerdan así las palabras de uno de sus profesores: “No va a haber graduación. No os podemos contar más. Os enteraréis por las noticias de lo que ha pasado”. Intentaron que no trascendiera pero el motivo pronto corrió como la pólvora. Arancha, una alumna tímida de 16 años con retraso madurativo, se había suicidado esa misma mañana tras denunciar el acoso de un compañero.

Los profesores tienen un banco de alimentos y fomentan la convivencia

Los bachilleres habían preparado una carta de despedida. “Aquí hemos conocido a personas por las que ahora mismo daríamos la vida. (...) Echaremos de menos saltar a primera hora esos charcos de la entrada, esos bocatas, esos partidos, la caída de un techo, esos baños tan mixtos...”.

El Ciudad de Jaén se construyó hace 40 años en Orcasur, el proyecto urbanístico de vivienda social más grande de España. En esa época solo el 11% de sus casas disponían de agua corriente. Hoy un pasillo de cemento en medio de un descampado es el acceso al centro. “¡Cualquier día arde la maleza mientras el distrito de Usera devuelve dinero de servicios sociales porque dice que no hace falta! ¿No podrían desbrozar esto?”, se indigna Germán Suela, de la asociación de padres del instituto. Las familias y el sindicato Comisiones Obreras llevan dos años denunciando por escrito las carencias del centro.

La lista de peticiones tiene 30 puntos: más espacio en las aulas, ventilación, dos policías tutores, un conserje, dos administrativos, educadores de animación “para evitar conflictos”, un segundo orientador —tienen una para unos 1.100 alumnos, cuando la media que recomienda la Unesco es de uno para 250—, más suministro eléctrico, un gimnasio, ordenadores... Educación precisa que se ha gastado 350.000 euros este año en mejorar sus instalaciones y que su ratio de orientadores está en la media. En España hay uno por cada 1.800 estudiantes.

“Cuando no nos dan el cambio de destino, apretamos los dientes y a seguir”

Los padres reclaman, sobre todo, que baje el número de estudiantes. Han pasado de 700 a más de 1.100 desde 2008. Educación recuerda que se cumplen “escrupulosamente” las ratios por clase y que tienen un estudiante menos por profesor que la media.

Pero los padres replican que se achicaron las aulas cuando había menos alumnos y ahora difícilmente caben las mesas. Además, su centro está calificado como de difícil desempeño y acoge a un nutrido grupo de chicos con necesidades especiales.

En diciembre las familias se reunieron con el viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Aseguran que no atendieron sus peticiones. El jueves, con el centro en medio de la diana mediática tras el escándalo del suicidio de Arancha, volvieron a hacerlo tras hacer públicas dos nuevas cartas de protesta. Cartas en las que reflejaban problemas parecidos a los que ya le contaron a la inspección educativa en abril: “Raro es el día que no hay amenazas, faltas de disciplina, altercados o que tenga que venir la policía por incidentes graves (...) quizá de los próximos incidentes nos enteremos por los informativos”.

El caso de Arancha supuso el primer protocolo abierto en el centro por acoso. Pero su suicidio no fue el primero. Hace seis años, se quitó la vida otro chico con problemas físicos y retraso madurativo. Se juntaba con los más rebeldes para sentirse arropado, pero era objeto de mofas. Su muerte no trascendió y el grado de acoso escolar no parece tan claro. Para algunos los problemas los arrastraba del barrio.

El personal vincula los episodios violentos con problemas que los chicos traen de casa —mucho paro y familias desestructuradas—. “A poco que se toquen, se monta. Empujones, insultos...”, cuenta uno de sus 90 profesores.

Tras el suicidio de Arancha, dos profesores se han cogido una baja. “Los otros no, pero deberíamos, esto es un polvorín”, lamenta uno de los que se quedan. La mayoría pide cambio de destino cada año y lo logran tres o cuatro. El resto sigue batallando por sus alumnos: “Apretamos los dientes, y a seguir”. Por sus chicos hicieron cinco paros a principio de curso y consiguieron un “profesor y medio” más (el medio significa a media jornada). También han montado un banco de alimentos que surte a 18 familias. Este curso habían empezado a copiar un exitoso modelo de un instituto vecino que convierte a alumnos en mediadores en situaciones de conflicto.

El centro prepara otra lista de peticiones para la consejería. El viernes pasado, Educación llamó al instituto para informar de cómo había transcurrido la reunión del viceconsejero con los padres. Una profesora asegura que es más de lo que han conseguido nunca. Y lo atribuye al suceso: “¿Tiene que morir una niña para que nos hagan caso?”.