De la Mata procesa a otro funcionario marroquí por el genocidio saharaui

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz, ha añadido a un nuevo funcionario marroquí a la lista de once procesados por el genocidio en el Sahara Occidental entre 1975 y 1991. El magistrado ha revocado la prescripción del delito que había decretado Ruz sobre Lehsan Chaf Yeudan, carcelero en el cuartel de Smara, uno de los centros de detención más duros de las fuerzas armadas marroquíes tras la salida de España de su antigua provincia en noviembre de 1975 y la ocupación por parte de Marruecos. El funcionario de guardia Yeudan está acusado de participar en las torturas infligidas el 17 de enero de 1977 al saharaui Brahim Mohamed Salem Omar, que fue golpeado con cuerdas, recibió descargas eléctricas en las mejillas y la lengua y se le descoyuntaron las extremidades.

Durante su estancia en Smara –que duró dos meses y 13 días- esta víctima presenció actos inhumanos contra otros prisioneros saharauis, aunque no atribuidos directamente a Yeudan. En concretó vio cómo al bebé recién nacido de una presa le fueron cortados los dedos y se los trajeron después a su madre en la comida. También presenció cómo los carceleros prendieron fuego a un hombre de 70 años al que previamente habían envuelto en mantas y rociado con gasolina, y cómo a otro prisionero le clavaban las manos y los pies a una mesa.

En el auto del pasado 9 de abril en el que Ruz procesaba a 11 mandos militares y civiles marroquíes por el genocidio en el Sahara entre noviembre de 1975 –fecha de la ocupación marroquí- y hasta 1991, cuando el Frente Polisario, grupo armado saharaui, y Marruecos firmaron el alto el fuego, el magistrado dejó fuera del procesamiento a Yeudan al considerar que su delito era un acto único de participación y había prescrito. El juez De la Mata recuerda que Yeudan “conoció, y lo que es más relevante y diferencia, participó directa y personalmente, con hechos constitutivos de torturas, del plan global diseñado e implementado sistemáticamente (…) para destruir a los saharauis”. Y señala que el carcelero “formó parte inseparable del delito de genocidio que se cometió desde 1975 a 1991”, por lo que revoca la prescripción dictada por Ruz, que consideraba acreditado que tras el abandono del Sáhara Occidental por parte de España se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”. Estas acciones, según el juez, tenían el fin de “destruir total o parcialmente” a la población autóctona y “apoderarse del territorio” de la antigua colonia y provincia española.

El magistrado Ruz, antes de ocupar su plaza en el juzgado de Móstoles, describía en su auto del 9 de abril al menos 50 casos de asesinato, seis desapariciones, 202 detenciones ilegales y hasta 23 casos de torturas supuestamente infligidas por estos imputados, de los cuales uno podría haber fallecido en 2010, según informaciones periodísticas. El resto de los imputados no ha sido localizado porque Marruecos no ha respondido a las diferentes comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial entre Estados— cursadas en esta investigación.