Un alto cargo relata las presiones de Victoria a Indra para pagar a Púnica
“O nos ayudamos o no nos ayudamos”, avisó el consejero de Madrid al ‘número dos’ de la multinacional
El sumario del caso Púnica incluye desde enero una segunda y sorpresiva declaración del que fue consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás. Semanas después de su arresto por su implicación en la trama, Nicolás se presentó voluntario ante el juez Eloy Velasco y facilitó nuevos detalles de las presiones de su jefe, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, para que Indra pagase a una firma de la trama Púnica.
En su segunda comparencia judicial, Martínez Nicolás ofreció al juez por escrito y verbalmente detalles de las exigencias que Salvador Victoria hizo a la empresa Indra para que pagase facturas a uno de los conseguidores de la trama Púnica, el experto informático Alejandro de Pedro Llorca, a quien el juez atribuye un rosario de delitos relacionados con la corrupción. El exjefe de ICM (empresa 100% pública dependiente del Gobierno de Madrid) contó al magistrado que, en su presencia, Victoria telefoneó al consejero delegado de la multinacional Indra, Javier de Andrés, para lograr que la tecnológica -adjudicataria habitual del Gobierno de Madrid- se hiciese cargo de una deuda de 10.000 euros que la Comunidad mantenía con De Pedro y que este le venía reclamando insistentemente al número dos del Gobierno regional.
“Ponme con Javier de Andrés”, ordenó Victoria a su secretaria, según describe el exjefe de ICM en su declaración escrita ante el juez, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El episodio sucedió a mediados de septiembre pasado. Victoria acababa de echar una bronca a Martínez Nicolás ya que la deuda con De Pedro seguía sin ser saldada.
En junio, tres meses antes, Victoria (también presidente del Consejo de Administración de ICM) había ordenado a Martínez Nicolás que llamase a Indra para que afrontase tres pagos: a De Pedro (10.000 euros) y a otras dos empresas (110.000 euros). Llegó septiembre, siempre según la declaración judicial de Martínez, y Victoria estaba muy enfadado por el hecho de que no se hubiesen efectuado esos abonos. Especialmente molesto estaba con la deuda de 10.000 euros a De Pedro, quien había estado llamando durante el verano a Victoria (algunas de esas conversaciones las interceptó la Guardia Civil y están incorporadas a la causa) para reclamarle unos honorarios que el empresario cifraba en cerca de 100.000 euros. La partida inicial de 10.000, cuyo pago se reclamó a Indra, era para abonar a De Pedro propaganda positiva en Internet a favor del presidente de Madrid, Ignacio González, de la consejera de Educación, Lucía Figar, y del propio Victoria, según los investigadores.
En su declaración escrita al juez, Nicolás también sostiene que fue testigo justo después de recibir la reprimenda de su jefe, de cómo éste, en tono áspero, telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, para recordarle la necesidad de ayudarse mutuamente. Así transcribe Martínez Nicolás la advertencia de Victoria, mano derecha de Gónzález, al número dos de Indra: “Si ayudas bien, pero si no, lo decís y no pasa nada, nos ayudamos o no nos ayudamos”.
Experto en contrarrestar escándalos en la web
En la Operación Púnica, dentro de la misma rama, figura como imputada Isabel Gallego, directora general de Comunicación de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Ignacio González, y ahora jefa de Comunicación de la campaña de Esperanza Aguirre a la alcaldía de la capital. Se le atribuye haber firmado contratos, en su calidad de directora general, con el imputado en la Operación Púnica Alejandro de Pedro para, supuestamente, realizar operaciones de limpieza de imagen en Internet de altos cargos del Gobierno de Madrid. La Comunidad siempre ha mantenido que tales contratos no eran para cuestiones personales de imagen, sino para hacer seguimientos de las noticias que genera el Gobierno regional en Internet.
Distintos trabajadores de la firma de De Pedro que comparecieron ante el juez como testigos admitieron que su trabajo era contrarrestar en la Red escándalos que afectaban a altos cargos del Gobierno madrileño y citaron polémicas que rodearon al presidente, Ignacio González y a la consejera de Educación, Lucía Fígar.
Fuentes jurídicas sostienen que estos trabajos se financiaron con dinero público y aluden a sucesivos contratos mensuales que suman más de 90.000 euros.
La conversación entre el consejero de Presidencia y Justicia Victoria y el consejero delegado de Indra es uno de los indicios por los que ha tenido que declarar ante el juez, en calidad de imputado (lo hizo el pasado 24 de abril), el número dos de la multinacional tecnológica. De Andrés era un hombre de confianza del anterior presidente, Javier Monzón.
El voluminoso sumario de la Operación Púnica investiga en una de sus ramificaciones las relaciones comerciales entre ICM, empresa pública de Madrid con un presupuesto superior a 155 millones de euros, e Indra. Los investigadores han descubierto presuntas facturaciones falsas entre ambas y sobrevaloración de contratas (Indra tiene adjudicaciones anuales de la Comunidad de Madrid que rondan los 15 millones). De Andrés negó al juez que su empresa tuviese una contabilidad b y dijo que su director general, Santiago Roura, otro de los imputados en Púnica, nunca le llegó a mencionar las peticiones de dinero de Victoria. Ante el juez Eloy Velasco, también ha declarado, como testigo, Javier Monzón, expresidente de Indra, quien negó que existiese dinero en b en la firma para pagos de ese tipo, y varios directivos de la tecnológica.
El relato de José Martínez Nicolás al juez cuenta que tras la conversación entre Victoria y De Andrés, el alto cargo de ICM telefoneó a su interlocutor en Indra, Santiago Roura, y que éste le dijo: “Oye, Pepe, ya he visto que tu jefe está muy cabreado”. Martínez Nicolás admite en su escrito al juzgado que también conctactó con Alejandro de Pedro: “Alex, para decirte que eso ya está en marcha”.
No hay certidumbre judicial de si se efectuaron dos de los tres pagos supuestamente reclamados por el consejero madrileño (de 90.000 y 20.000 euros). “Es posible que estuviesen en ciernes y que el estallido de la Púnica frustrase los pagos”, señalan fuentes jurídicas. Lo que está más atado es el abono de 10.000 euros por parte de Indra a De Pedro. Los investigadores tienen fotografías del encuentro secreto que mantuvieron dentro de un coche Roura y De Pedro, en un parque de una urbanización de lujo en La Moraleja, al norte de Madrid. No consta documentalmente la entrega del sobre con los 10.000 euros. Pero sí, que De Pedro, tras ese encuentro, efectuó un depósito bancario por esa misma cantidad. Y también existen grabaciones alusivas a ese pago y un mensaje en poder del juez que De Pedro envió a Martínez Nicolás dando cuenta de la recepción de los 10.000 euros: “Ya he cobrado, ahora a por lo demás”, dijo, refiriéndose al dinero que según él aún le debía la Comunidad: casi 100.000 euros.
Desde Indra, Roura ha admitido el encuentro con De Pedro, pero señaló al juez que no le dio dinero sino que ambos se citaron dentro del vehículo porque De Pedro le estaba realizando “una demo en un ipad”. El juez ha preguntado a varios testigos expertos, entre ellos a Martínez Nicolás, si consideran adecuado para exhibir una demo (explicación sobre sus estrategias informáticas) en un ipad dentro de un coche. Las respuestas fueron negativas. “Eso se hace en una pantalla grande, no en un ipad”, señaló uno de los interrogados.
Según el escrito de Martínez Nicolás al juez, el pago se efectuó tras la llamada de Victoria a De Andrés. Tras colgar el teléfono y decirle “o nos ayudamos o no nos ayudamos”, el consejero se dirigió a Martínez Nicolás y le soltó: “¡Ves como se hacen las cosas!…”. Demostraba así su enfado por la insistencia en las llamadas de De Pedro y por que Indra hubiese hecho caso omiso a Martínez Nicolás cuando este en junio le había pedido a su cliente que pagase a De Pedro (a instancias, supuestamente, de Victoria).
El consejero delegado de la tecnológica Indra, Javier de Andrés, que mantiene una estrecha amistad con el presidente de Madrid, Ignacio González, ya ha comparecido ante el juez. Y lo previsible es que también tenga que hacerlo Victoria, a partir del 9 de junio, cuando dejará de ser aforado —fue descabalgado de las listas del PP a las autonómicas tras estallar este escándalo— lo que evita que el magistrado tenga que inhibirse a favor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.
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