Guardia Civil y jueces asumen fallos en el crimen machista de Ourense

La falta de entendimiento entre las fuerzas de seguridad y la justicia abrió la grieta por la que el pasado viernes Aniceto Rodríguez pudo acceder como acompañante a la habitación del hospital de Ourense en la que su mujer, Isabel Fuentes, se recuperaba, tras casi un mes en coma, del brutal golpe en la cabeza que él mismo le había asestado y, de esta forma, rematarla. Guardia Civil y jueces reconocen ahora que la descoordinación entre ambas instituciones impidió alejar al maltratador de su víctima. Aunque cada uno de estos colectivos cierra filas con sus respectivos representantes en esta actuación, coinciden a la hora de reclamar nuevos mecanismos de coordinación.

Las asociaciones feministas, convencidas de que "ha fallado toda la cadena", han solicitado la comparecencia parlamentaria del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la apertura de una comisión de investigación para que se depuren responsabilidades. Las principales asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria) respaldan la decisión de la magistrada de Verín que descartó adoptar las medidas de protección de la mujer que le reclamaron los agentes que investigaban la primera agresión. Estos alertaron en aquel momento a la magistrada, en una detallada diligencia, de que existían indicios de que, frente al testimonio prestado por Aniceto -atribuyó aquella agresión a unos asaltantes- había sido él quien había golpeado brutalmente a su mujer hasta provocarle un severo traumatismo craneoencefálico.

Los jueces han difundido un comunicado arropando a la magistrada. Creen que su decisión fue la adecuada a la ley a la vista de que no existía "ningún indicio firme, ya sea de testigos, antecedentes de violencia, mala relación entre los esposos o datos físicos como huellas, ADN o similares" que justificara el alejamiento del supuesto asesino. Los colectivos judiciales tildan de "meras conclusiones fundadas en conjeturas" la diligencia que los agentes encargados de la investigación remitieron a la magistrada. En su opinión, los investigadores policiales podrían haber detenido al agresor e incluso haber prestado ellos mismos en el hospital la protección que reclamaban para la víctima, señalan a este diario fuentes de estos colectivos. El presidente de la Audiencia de Ourense, Antonio Piña, entiende que los investigadores policiales tenían otro cauce, como acudir a él mismo o a la fiscalía en busca de solución.

La Guardia Civil sostiene que el fallo no ha sido suyo. "La actuación de los agentes ha sido intachable", afirmó hoy en rueda de prensa un portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC) de Ourense, explicando que si Aniceto Rodríguez no fue detenido se debió a que "no hubo colaboración judicial". Los agentes están convencidos de que si lo hubieran detenido, "la juez lo habría puesto en libertad" con los mismos argumentos con los que denegó las medidas protectoras para la víctima . Y sostienen que, en ese caso, el agresor, en sobreaviso, "estaría en riesgo de fuga".

A la espera de que se levante el secreto del sumario, los agentes sostienen que no quieren "caer en el juego de cargar contra la magistrada ni enjuiciarla" y reclaman mayor coordinación con los jueces. "Vamos de la mano en esto y tenemos que remar juntos", precisan. De la misma forma, los magistrados entienden que es necesario "revisar" lo mecanismos de coordinación. Lo harán en la Comisión Gallega de Policía Judicial de la que han pedido una convocatoria urgente.