La Junta Electoral admite problemas de los emigrantes para votar el 24-M

La Junta Electoral Central ha reconocido que existen "dificultades" para que los emigrantes españoles y los que se encuentran temporalmente en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Se trata de un colectivo que asciende a 1,8 millones de electores, según el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA). El organismo que supervisa los procesos electorales admite que los plazos que establece la ley son "insuficientes" y habla también de "problemas derivados del funcionamiento de los servicios postales de otros Estados".

La Junta Electoral responde a una queja presentada por Izquierda Unida el pasado 21 de abril sobre las "trabas" del colectivo de emigrantes para votar en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo. La coalición de izquierdas recogía en su escrito las quejas de estos, como fallos en la página web del INE, atascos en los consulados o falta de información.

En su contestación a la queja de IU, la Junta Electoral dice que "las principales dificultades" para recibir en tiempo hábil los votos del colectivo residen en la "insuficiencia de los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, particularmente en los casos en los que se presentan recursos contra los acuerdos de proclamación de candidaturas". La organización "Marea Granate" (por el color del pasaporte) lleva tiempo denunciando los problemas que se encuentran para votar.

En el año 2011 una reforma de la ley electoral generalizó el llamado “voto rogado” para los españoles que residen permanentemente en el exterior, una modalidad de sufragio que obliga al potencial votante a "rogar" su derecho a voto en cada proceso electoral mediante “una compleja y dilatada carrera de obstáculos burocráticos”, incide el escrito de IU a la Junta Electoral Central. El plazo para la solicitar el voto en las elecciones del 24 de mayo terminó el pasado 26 de abril.

La reforma limitó además el voto de los residentes en el exterior a las elecciones autonómicas, impidiendo que voten en las municipales. Tras el cambio legal, entre las elecciones generales de 2008 y 2011 se produjo una caída de la participación de 30 puntos sobre la media, con una tasa de abstención de hasta el 95%.

La Junta Electoral concluye su escrito dirigido a la coalición de izquierdas que los problemas que reconoce son, sin embargo, "ajenos a su competencia".