El caro billete de regreso a Sefarad

“Todo fue muy lindo al principio, pero después ha llegado la desilusión”, asegura Patricia Harari, una argentina sefardí de 36 años afincada en Israel. Se refiere a la ley española para conceder la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, que afronta su último escalón en el Senado. El Gobierno anunció la norma, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de octubre, como el reconocimiento de un derecho centenario, pero verá la luz con fuertes reproches de los colectivos sefardíes. Principalmente, que se obliga a viajar a España hasta en dos ocasiones para conseguir el pasaporte.

La ley prevé un primer viaje para personarse ante el notario que dé fe de sus orígenes sefardíes. “Y un segundo, después, para inscribirse en el Registro Civil”, añade Luis Portero, asesor de la Federación de Comunidades Judías de España.

Esta condición puede limitar el acceso a la nacionalidad. “Muchas familias no podrán permitirse pagar el pasaje de todos sus miembros hasta allí”, dice Patricia Harari, cuyos antepasados se asentaron en Siria tras el decreto de los Reyes Católicos. Embarazada de su quinto hijo, esta diseñadora de sombreros recalca que no quiere la nacionalidad para residir en el país, sino por una cuestión “sentimental”.

“Aún nos queda un cierto margen de mejora”, reconoce Carmen Dueñas (PP), ponente de la ley en el Senado, adonde ha llegado dos años después de que la anunciara el exministro Alberto Ruiz-Gallardón. La normativa recoge la obligación de los interesados de comparecer “personalmente” en España ante el notario. “Pero solo se hará después de que el notario haya evaluado los papeles que se le envíen, y cuando tenga claro que la respuesta será positiva”, matiza Gabriel Elorriaga (PP), ponente de la ley en el Congreso. El uso de un representante legal se limita a padres de menores y a tutores de discapacitados.

La ley, con todo, ha sido celebrada entre las comunidades de sefardíes, según admiten los propios colectivos judíos, que consideran muy positivo que el PP haya acelerado, con una enmienda, la entrada en vigor de la norma al 1 de octubre, ya que temían que con la llegada de las elecciones se demorase más su puesta en marcha.

Pero critican el “farragoso procedimiento” y muestran sus recelos a la introducción de una prueba sobre conocimientos de la Constitución y la realidad social del país. Un examen al que se opone parte de la oposición en una enmienda: “El conocimiento del ladino o haketía hace innecesarias otras pruebas por suponer demostración suficiente del mantenimiento de una especial vinculación” con España.

Además, CiU ha presentado una enmienda para que los trámites ante el notario puedan hacerse mediante una “persona autorizada”. “Habida cuenta de la diseminación mundial del colectivo, el desplazamiento supone un elevado coste innecesario e inasumible para la mayoría de las familias”, argumenta el partido catalán, que añade que “la obligación de viajar a España sería solo justificable para la recogida del pasaporte y la jura de bandera”. IU, por su parte, cree que “resultaría mucho más lógico que esta tramitación se realizara ante el consulado correspondiente”.

El Ministerio de Exteriores, explican fuentes del PP, ya descartó esta opción ante la posibilidad de que se colapsaran algunas de sus delegaciones en el extranjero. Justicia calculó que existían en el mundo 90.000 posibles beneficiarios, pero el mero anuncio de la iniciativa saturó de consultas los consulados de Tel Aviv y Jerusalén, en Israel. Y los rabinos y asociaciones judías de Brasil recibieron centenares de peticiones de información tras circular en el país una falsa lista de apellidos, cuya autoría se adjudicaba a España, de quienes podrían obtener la nacionalidad española.

Aunque para el español Elías Bendahán, esposo de Patricia Harari, ese posible colapso no puede utilizarse como excusa. “El proyecto ha ido degradándose desde el inicio. Están poniendo diques de contención. Podrían permitir hacer los trámites en España a través de un apoderado”, argumenta desde Israel.

Su esposa, Patricia Harari llegó allí hace tres años desde Buenos Aires. Al otro lado del teléfono, rememora cómo se hablaba el ladino en la casa de sus abuelos paternos y se mantenía el amor hacia una tierra abandonada hace siglos. También, añade, se olvida de las “pomposas” palabras de Ruiz-Gallardón en la presentación de la ley: devolver un derecho a quienes “han sido injustamente privados de su nacionalidad” y que “semejante reconocimiento se nutra de los oportunos recursos jurídicos para facilitarles la condición de españoles”. “Al final son solo palabras”, dice Harari.