Las mordidas por los favores a Cofely salieron de los ayuntamientos

Las mordidas que supuestamente recibieron alcaldes de distintas localidades de la Comunidad de Madrid por adjudicar —mediante amaños administrativos— contratos a la empresa Cofely no le costaron ni un euro a la filial del gigante energético francés GDF Suez. En realidad, el dinero que, según el sumario de la Operación Púnica, acabó en el bolsillo de los regidores salió de las propias arcas municipales.

Cofely, cuyos principales ejecutivos en España se encuentran imputados en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, obtuvo grandes contratos para implantar programas de eficiencia energética en diversos municipios de la comunidad, como Parla, por 66 millones, o Collado-Villalba (47 millones). Dentro de estos contratos, que, según el juez, se negociaron bajo cuerda con los regidores, se incorporó una cláusula absolutamente extraña. El ayuntamiento y Cofely pactaban que una empresa externa, Ruta Energética SL se encargaría de realizar la auditoría sobre el programa de eficiencia energética. El coste de esta supuesta auditoría, equivalente al 2% o el 3%, del contrato, correría por cuenta del municipio.

La empresa Ruta Energética SL, domiciliada en Valdemoro, era una tapadera vinculada al supuesto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, socio del exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Desde allí se repartían los supuestos sobornos a los alcaldes, que durante la tramitación de los pliegos de los contratos dieron un trato de privilegio a Cofely. Así era hasta el punto de que el ex director comercial de esta empresa, Pedro García, iba a los ayuntamientos e introducía cláusulas en los pliegos de condiciones técnicas de los contratos que garantizaban que su empresa resultara adjudicataria frente a la competencia.

El pasado 31 de octubre, la fiscal anticorrupción Carmen García relataba gráficamente este procedimiento al juez ante el exalcalde de Parla José María Fraile, expulsado del PSOE, que negó cualquier cobro o actuación irregular. “Cuando se hace esta auditoría externa, el ayuntamiento le paga a Cofely, Cofely paga a Ruta Energética y en la llamada el técnico de esta empresa le dice a un interlocutor una cosa tan graciosa como "una vez que cobra Ruta, cobramos nosotros, cobran ellos, cobras tú, cobramos. Aquí queda claro cómo se reparten el dinero”.

La Fiscalía Anticorrupción cree que existen pruebas de que Fraile amañó un contrato de eficiencia energética en su municipio por valor de 66 millones de euros para adjudicárselo directamente a Cofely. Los detalles de la Operación Púnica, la trama de corrupción política en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, van saliendo a la luz seis meses después de que la Guardia Civil detuviera a medio centenar de personas, entre ellas el exconsejero de Justicia del Gobierno madrileño Francisco Granados y su socio, David Marjaliza.

En el interrogatorio, de aproximadamente media hora, el exalcalde de Parla negó cualquier haber cobrado ningún tipo de cohecho o contraprestación de Cofely a cambio del contrato. También rechazó haberse reunido con representantes de la empresa para elaborar el pliego de condiciones del contrato antes de su adjudicación. Sin embargo, una técnico municipal, Elena Fernández, la encargada nominal de elaborar el pliego, había contado a los investigadores de la Guardia Civil que las condiciones del contrato las dio ya hechas Cofely. La ingeniera municipal relató que el director comercial de Cofely, Pedro García Pérez, pasaba por el Ayuntamiento con frecuencia –y se reunía con Fraile y con su jefe de Gabinete Antonio Borrego- para añadir o quitar cláusulas al millonario contrato.