Los paseíllos de Rato y DSK

  Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, resolverá en las próximas horas sobre la investigación del presunto delito fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de dinero de Rodrigo Rato. Según fuentes judiciales, será la Fiscalía Anticorrupción la que se encargará de la investigación. Por dos razones: por antecedentes y por la relación entre los presuntos delitos de alzamiento de bienes con el caso Bankia, donde se le exige una fianza por responsabilidades civiles de 133 millones de euros. 

Pero al vicepresidente y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rato ya nadie le quita lo bailao. El paseíllo de Rato, por asi decir, se parece al perp walk de su sucesor en 2007, el entonces director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, en Nueva York, tras su detención por asalto sexual a una camarera en el hotel Sofitel el 16 de mayo de 2011.

Veamos la cuestión de los antecedentes que plantea la Fiscalía Anticorrupción. La primera que recibió antes que nadie, ya hace algún tiempo, un informe de la Organización Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) sobre el patrimonio de Rato y los movimientos de sus sociedades en el extranjero fue esta fiscalía. Abrió diligencias, pero no consideró que la información fuese suficiente para ir a un juzgado o simplemente conectar esas diligencias con la causa que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, el caso Bankia.

La ONIF consultó también, más tarde, con la Fiscalía de Madrid.

Al ver la semana pasada el espectáculo de los registros y la detención de Rato, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, recordó el informe que le había sometido la ONIF. Fuentes consultadas señalan que el fiscal jefe calificó en privado la operación como "política". A continuación decidió exigir la competencia por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción ya estaba sobre el asunto. Por antecedentes, pero no solo por ellos.

También porque uno de los temas planteados por la ONIF se refieren al presunto alzamiento de bienes. Y ello está conectado con la fianza por responsabilidad civil en el caso Bankia.

Algo que llama la atención en la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, es que la denuncia de la ONIF imputa a Rato dos delitos completamente antagónicos: el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes.

Mientras el primero consiste en aflorar dinero negro y/o de procedencia ilícita el segundo es la ocultación de bienes o fondos a través de un cambio de titularidad o despatrimonialización. Por tanto, la doble acusación llama, como mínimo, la atención.

La presentación de la denuncia de la ONIF-Agencia Tributaria en la Fiscalía de Madrid no supone una práctica ilegal. Pero es un ardid, cuenta habida de que la Fiscalía Anticorrupción ya había considerado insuficiente la información aportada con anterioridad como base para judicializar el asunto y solicitar medidas cautelares.

Por otra parte, la operación de registro y detención -que no retención, figura inexistente- se hizo con un auto del juez de guardia el pasado jueves. Por tanto se podía llevar a Rato ante el magistrado y tomarle declaración.

Este punto no es baladí.

Ya en el caso de Oleguer Pujol, hijo del expresidente Pujol, se hizo una entrada y registro en su domicilio y oficinas de varios puntos del país, y se le detuvo durante unas horas, con un despliegue parecido, perros incluidos, el 23 de octubre de 2014. Y seis meses después, el juez Santiago Pedraz no le ha citado para tomarle declaración. Tanto la Constitución, como la ley de Enjuiciamiento Criminal y los pronunciamientos sistemáticos del Tribunal Constitucional son elocuentes: la persona a la que se imputa un delito debe ser oída lo más rápido posible por un un juez.

La ONIF/Agencia Tributaria ha conseguido las medidas cautelares a caballo de una filtración en la que se sostenía que Rato era una de las 705 personas investigadas por el Sepblac (Servicio de Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Con independencia de lo que las fuentes filtradoras buscaban es lo cierto que la misma sirvió para descerrajar la operación, acelerarando la petición de medidas cautelares.

A esa filtración, además, han seguido otras, como la de extractos del informe presentado por la ONIF a la Fiscalía de Madrid para acometer la operación de entrada, registro y detención.

Una cosa es el acierto y derecho de los medios de comunicación a la hora de anticiparse y publicar esas informaciones.

Pero otra cuestión es la política de filtración de las instituciones.

  La instrucción de esta causa, mejor dicho, el duelo ONIF-Rato, se está haciendo en los medios de comunicación. Eso antes de que un juez haya llamado a declarar al presunto imputado. Porque hasta el momento Rato es imputado in pectore. Ningún juez le ha visto el rostro ni explicado todavía los cargos.

La investigación, al provenir de un cuerpo del Gobierno/Administración, cual es la Agencia Tributaria, cuenta con el conocimiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Fue su director, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien anunció en la comisión de Hacienda del Congreso el 17 de febrero pasado que se consultaría con la ONIF la situación de 705 declarantes en la amnistía/reularización y se enviaría la lista al Sepblac para contrastar la existencia de posible blanqueo de capitales.

Fuentes del Ministerio de Economía reconocen en privado que esa decisión de Montoro sobre los 705, que evoca a los negritos de la novela de Agatha Christie, ha sido un error. Ahora quedan 704. De momento.

Montoro ha mantenido puntualmente informado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la investigación en curso. Lo que no quiere decir que Rajoy conociera anticipadamente la decisión de registrar y detener a Rato. Fuentes solventes aseguran que no lo sabía.

Esto nos remite al cuadro de situación. El ministro de Hacienda conocía la existencia de una investigación. Su director, el de la Agencia Tributaria, lo sabía. Pero en el trasiego de datos entre la Agencia Tributaria, la ONIF y el Sepblac, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, pierde el control sobre uno de los 705: sobre Rato.

La acción de la ONIF y la triquiñuela de acudir a la Fiscalía de Madrid, puenteando a Anticorrupción, revela que si bien el Gobierno de Rajoy mantenía el control sobre el dossier Rato, a través de Hacienda, termina finalmente por perderlo, un claro síntoma de descomposición.