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Los paseíllos de Rato y DSK

  

 

 

  Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, resolverá en las próximas horas sobre la investigación del presunto delito fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de dinero de Rodrigo Rato. Según fuentes judiciales, será la Fiscalía Anticorrupción la que se encargará de la investigación. Por dos razones: por antecedentes y por la relación entre los presuntos delitos de alzamiento de bienes con el caso Bankia, donde se le exige una fianza por responsabilidades civiles de 133 millones de euros. 

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Pero al vicepresidente y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rato ya nadie le quita lo bailao. El paseíllo de Rato, por asi decir, se parece al perp walk de su sucesor en 2007, el entonces director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, en Nueva York, tras su detención por asalto sexual a una camarera en el hotel Sofitel el 16 de mayo de 2011.

Veamos la cuestión de los antecedentes que plantea la Fiscalía Anticorrupción. La primera que recibió antes que nadie, ya hace algún tiempo, un informe de la Organización Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) sobre el patrimonio de Rato y los movimientos de sus sociedades en el extranjero fue esta fiscalía. Abrió diligencias, pero no consideró que la información fuese suficiente para ir a un juzgado o simplemente conectar esas diligencias con la causa que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, el caso Bankia.

La ONIF consultó también, más tarde, con la Fiscalía de Madrid.

Al ver la semana pasada el espectáculo de los registros y la detención de Rato, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, recordó el informe que le había sometido la ONIF. Fuentes consultadas señalan que el fiscal jefe calificó en privado la operación como "política". A continuación decidió exigir la competencia por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción ya estaba sobre el asunto. Por antecedentes, pero no solo por ellos.

También porque uno de los temas planteados por la ONIF se refieren al presunto alzamiento de bienes. Y ello está conectado con la fianza por responsabilidad civil en el caso Bankia.

Algo que llama la atención en la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, es que la denuncia de la ONIF imputa a Rato dos delitos completamente antagónicos: el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes.

Mientras el primero consiste en aflorar dinero negro y/o de procedencia ilícita el segundo es la ocultación de bienes o fondos a través de un cambio de titularidad o despatrimonialización. Por tanto, la doble acusación llama, como mínimo, la atención.

La presentación de la denuncia de la ONIF-Agencia Tributaria en la Fiscalía de Madrid no supone una práctica ilegal. Pero es un ardid, cuenta habida de que la Fiscalía Anticorrupción ya había considerado insuficiente la información aportada con anterioridad como base para judicializar el asunto y solicitar medidas cautelares.

Por otra parte, la operación de registro y detención -que no retención, figura inexistente- se hizo con un auto del juez de guardia el pasado jueves. Por tanto se podía llevar a Rato ante el magistrado y tomarle declaración.

Este punto no es baladí.

Ya en el caso de Oleguer Pujol, hijo del expresidente Pujol, se hizo una entrada y registro en su domicilio y oficinas de varios puntos del país, y se le detuvo durante unas horas, con un despliegue parecido, perros incluidos, el 23 de octubre de 2014. Y seis meses después, el juez Santiago Pedraz no le ha citado para tomarle declaración. Tanto la Constitución, como la ley de Enjuiciamiento Criminal y los pronunciamientos sistemáticos del Tribunal Constitucional son elocuentes: la persona a la que se imputa un delito debe ser oída lo más rápido posible por un un juez.

La ONIF/Agencia Tributaria ha conseguido las medidas cautelares a caballo de una filtración en la que se sostenía que Rato era una de las 705 personas investigadas por el Sepblac (Servicio de Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Con independencia de lo que las fuentes filtradoras buscaban es lo cierto que la misma sirvió para descerrajar la operación, acelerarando la petición de medidas cautelares.

A esa filtración, además, han seguido otras, como la de extractos del informe presentado por la ONIF a la Fiscalía de Madrid para acometer la operación de entrada, registro y detención.

Una cosa es el acierto y derecho de los medios de comunicación a la hora de anticiparse y publicar esas informaciones.

Pero otra cuestión es la política de filtración de las instituciones.

  La instrucción de esta causa, mejor dicho, el duelo ONIF-Rato, se está haciendo en los medios de comunicación. Eso antes de que un juez haya llamado a declarar al presunto imputado. Porque hasta el momento Rato es imputado in pectore. Ningún juez le ha visto el rostro ni explicado todavía los cargos.

La investigación, al provenir de un cuerpo del Gobierno/Administración, cual es la Agencia Tributaria, cuenta con el conocimiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Fue su director, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien anunció en la comisión de Hacienda del Congreso el 17 de febrero pasado que se consultaría con la ONIF la situación de 705 declarantes en la amnistía/reularización y se enviaría la lista al Sepblac para contrastar la existencia de posible blanqueo de capitales.

Fuentes del Ministerio de Economía reconocen en privado que esa decisión de Montoro sobre los 705, que evoca a los negritos de la novela de Agatha Christie, ha sido un error. Ahora quedan 704. De momento.

Montoro ha mantenido puntualmente informado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la investigación en curso. Lo que no quiere decir que Rajoy conociera anticipadamente la decisión de registrar y detener a Rato. Fuentes solventes aseguran que no lo sabía.

Esto nos remite al cuadro de situación. El ministro de Hacienda conocía la existencia de una investigación. Su director, el de la Agencia Tributaria, lo sabía. Pero en el trasiego de datos entre la Agencia Tributaria, la ONIF y el Sepblac, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, pierde el control sobre uno de los 705: sobre Rato.

La acción de la ONIF y la triquiñuela de acudir a la Fiscalía de Madrid, puenteando a Anticorrupción, revela que si bien el Gobierno de Rajoy mantenía el control sobre el dossier Rato, a través de Hacienda, termina finalmente por perderlo, un claro síntoma de descomposición. 

Comentarios

La mentira del poder .el Dinero y sus adláteres nos llevan a pensar que nada nos garantiza(no está demostrado que se pueda demostrar )que no sea posible una vida libre e inmortal.
"....Mirad, votantes, así es como el PP aplica la Ley a todos por igual, sin distinciones, ni misericordia. Todos somos seres humanos normales, como dios manda...".Es el extracto de una circular de la ejecutiva del PP para que sea difundida.(Es broma, por supuesto, pero y si fuese cierto?)
Este artículo debería presentarse con un traductor! No se entiende de la misa ni la cuarta parte.
Supongo Ekaicer que sabes lo que quieres comunicar sobre como se han movido los hilos en el caso Rato pero no has tenido mucha fortuna en la forma de exponerlo. He tenido que leerlo varias veces para poder "intuir" tus intuiciones y aún así. Un saludo.
Da la impresión que fue como un registro preventivo como para saber a quien toca y que tiene y poder separar los papeles este si este no para pasarlos a la fiscalia anticorrupción , parece una paranoia pero no recordemos los correos de Blesa o lo entregar limpios discos duros
Como en su anterior comentario sobre el caso -y muchos otros-, estoy impresionada por la calidad de las fuentes del señor Ekaizer, por la finura de su análisis, y por el equilibrio, tan ausente últimamente en este país, con el que afronta los temas. A mí no me gusta el señor Rato. Pero estoy de acuerdo en que de este tema, es muy posible, casi seguro, que no salga nada que pueda llevar a la condena de un tribunal, y mucho menos a una corroboración del TS. De los otros que tiene pendientes, qué va a resultar de la salida a bolsa de Bankia? El FROB y Bankia, y dos de los auditores defienden lo mismo que Rato, que no hubo intencionalidad ni fraude a la hora de firmar las cuentas. Es dificil, por mucho que a la gente le moleste, que el presidente de una entidad sea capaz de detectar la falsedad de unas cuentas si un auditor certificaba entonces, y certifica aun ahora, que son ciertas. Lo que queda es el tema de las tarjetas black. Pero aunque Rato pueda ser condenado por ello, el principal responsable, y el que llevará la parte más gorda, es Blesa.Ayer mismo, el FT, refiriéndose a Rato, ponía en duda su posible condena.Todo indica que el caso Rato (al menos esta última parte) es un invento para huir hacia adelante de alguien de quien depende la ONIF. El resto es la sed de sangre -quizá justificada, pero siempre injusta cuando no se valoran los temas con fineza- que tienen o tenemos los españoles.
Lo más conclusivo , será, además de lo dicho por su excelencia informativa, sr. Ekáiser, que Rajoy y su equipo, se quieren quitar de en medio temporalmente, por unos idus solamente, al sr. Rato, pues si de verdad están contra la corrupción, que les preocupa y propelen cacareada mente, deberían decir, algoasí, como en Roma se decía de los traidores...que no se les pagaba...tan cierta su añagaza como que como si no le paguen a Rato, su corrupción su imperio entra en picado en pérdida.
Ante la politización evidente del "caso Rato" por parte del gobierno. No porque sea inocente sino por ejemplarizar en uno de los miembros de la "casta divina del PP", como en su momento Felipe Gonzáles hizo con Marina Rubio. Hay dos operaciones de altura electoral. La primera es para la sangría de votos del centro derecha hacia Ciudadanos en las elecciones municipales de mayo. Y la otra, la de largo alcance con la mirada puesta en les próximas elecciones generales, poniendo en práctica un incipiente control de daños que le permita a Rajoy recuperar una parte del voto perdido. Ahora bien, el poner en práctica la operación y acudir precipitadamente a la fiscalía de Madrid, parece que no han medido los efectos perniciosos que puede tener dicha operación. La equidad y la imparcialidad de los funcionarios de justicia -fiscales y jueces- pueden empezar a quedar en entredicho. Los ciudadanos debemos de valorar esa actitud que en ciertos momentos pueden quedar en entredicho y estar rayando la prevaricación al inclinarse la balanza del lado de las posiciones personales, licitas por otra parte, del fiel de la balanza que supone la equidad y la justicia.

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