España queda rezagada en la justicia universal

La justicia universal, la capacidad de los jueces de un país para investigar delitos cometidos fuera de su territorio, que el Gobierno español limitó en marzo de 2013 hasta el extremo, avanza, no sin dificultades, en otros países. Tres organizaciones no gubernamentales —la suiza Trial, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, de Alemania, y la Federación Internacional de Derechos Humanos— han identificado avances en 37 investigaciones de justicia universal en 12 países en 2014. En un informe titulado Abrir camino a la Justicia, las organizaciones destacan las nuevas restricciones legales en España a la llamada jurisdicción internacional en materias como genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

Los estados que han emprendido acciones en 2014 sobre delitos fuera de sus fronteras son Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, España, Francia, Noruega, Reino Unido, Suráfrica, Senegal, Suecia y Suiza. Gran parte de los expedientes —en varios países— tienen que ver con el genocidio en Ruanda de 1994. Francia, país que, tras la reforma limitadora española, se ha convertido en el país líder en justicia internacional, tiene abiertas una treintena de causas sobre las masacres étnicas en aquel país africano.

En Argentina, una juez, María Servini, está investigando delitos de lesa humanidad —entre ellos torturas, asesinatos extrajudiciales y desapariciones— durante la dictadura de Franco. España rechazó en abril de 2014 la extradición del expolicía Antonio González Pacheco, Billy el Niño y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, que había pedido la magistrada argentina. España también se niega a detener, como manifestó en una respuesta parlamentaria de marzo de este año, a otras 20 personas reclamadas por Servini, entre ellas los exministros de la dictadura José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa.

Otro juez del país sudamericano, Norberto Oyarbide, tiene abierta una investigación sobre crímenes contra la humanidad y genocidio de la etnia aché de Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Francia, además de los procedimientos sobre Ruanda, tiene abierta una causa por una denuncia de torturas al jefe de los servicios de inteligencia de Marruecos, Abdellatif Hammouchi, lo que ha tensado las relaciones entre ambos países. Los jueces franceses han abierto juicio oral por crímenes contra la humanidad contra dos hermanos argelinos que lideraron las milicias progubernamentales que lucharon contra los grupos islamistas durante la guerra civil argelina de los años noventa. El informe de las tres ONG citan también como casos de justicia universal las investigaciones contra Amesys y Qosmos, dos empresas francesas de telecomunicaciones que vendieron material a los regímenes de Muamar el Gadafi y Bachar el Asad en Libia y Siria. La acusación contra estas compañías es de colaboración con crímenes de lesa humanidad.

En Bélgica, Martina Johnson, antigua comandante del ejército de Liberia durante la presidencia de Charles Taylor -condenado a 50 años de prisión por crímenes de guerra durante la guerra civil de Sierra Leona- está siendo investigada por su supuesta participación en la operación Octopus. En esta ofensiva del año 1992 para tomar Monrovia fueron asesinados cientos de civiles por motivos étnicos. Johnson está acusada de participar directamente en asesinatos y mutilaciones masivas para las que se sirvió de niños soldado.

En Senegal, el presidente de Chad entre 1982 y 1990, Hissène Habré, está pendiente de juicio por tortura, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Habré está acusado de 40.000 asesinatos de opositores políticos. 20 antiguos colaboradores suyos se han sometido a juicio en Chad desde noviembre de 2014.

En Suráfrica, la justicia investiga a 18 policías de Zimbabue por torturas a opositores durante las elecciones de 2007.