El Congreso pide la liberación de los opositores venezolanos en prisión

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una iniciativa que insta a “la liberación inmediata” de los opositores venezolanos “arbitrariamente encarcelados” en ese país. El texto, pactado entre el PP y el PSOE, pide al Gobierno de Rajoy que defienda ante la comunidad internacional y ante el Ejecutivo de Nicolás Maduro la excarcelación de Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, así como de “los demás opositores, manifestantes y estudiantes” en prisión. La proposición no de ley ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos salvo los de la Izquierda Plural y Amaiur, ERC y BNG, quienes pactaron una enmienda en la que, por el contrario, se pretendía reclamar al Gobierno que no contribuya a “alentar las acciones golpistas en la República Bolivariana de Venezuela”. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 13 de marzo una resolución similar a la de la Cámara baja con los votos en contra de Podemos e Izquierda Unida.

La iniciativa recuerda ese pronunciamiento del Europarlamento, así como otros del secretario general de Naciones Unidas, de la OEA y de varios Gobiernos americanos. Los expresidentes José María Aznar y Felipe González (quien además ha asumido la defensa jurídica de López y Ledezma) han firmado junto a otros 23 expresidentes de América Latina una declaración por el “restablecimiento de la democracia en Venezuela”. Los dirigentes opositores de quienes se reclama la libertad, entre ellos el alcalde de Caracas, están acusados de ser los responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el Gobierno de Maduro, que se saldaron con más de 40 muertos en las calles.

"Hasta la fecha, ningún tribunal ha podido avalar las acusaciones presentadas contra Leopoldo López", señala la proposición no de ley, que incide también en que "las principales instancias internacionales han calificado sus condiciones de detención como denigrantes y advierten de que ponen en riesgo su integridad física y psíquica". "Las principales organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por los derechos humanos y el ejercicio elemental de la libertad política y de manifestación, desde Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch, han calificado las detenciones de los dirigentes opositores venezolanos como ilegales y arbitrarias", recoge el texto.

“Conviene llamar a las cosas por su nombre. Venezuela es hoy una dictadura”, ha asegurado desde la tribuna del Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, al presentar la proposición. La parlamentaria ha indicado que un centenar de dirigentes opositores se encuentran encarcelados en Venezuela “por ejercer el derecho a la discrepancia política” y ha cargado contra quienes en España “mantienen con el chavismo una relación de intimidad antidemocrática, que no quieren o no pueden condenar la dictadura chavista”. Álvarez de Toledo ha calificado de “obscena y falaz” la enmienda de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto.

También el representante del PSOE, Francisco González Cabaña, ha censurado una situación que “no es propia de un Estado democrático de derecho”. El PSOE ha defendido al mismo tiempo una “solución negociada” entre el Gobierno y la oposición venezolana. González Cabaña ha reprochado a la Izquierda Plural que no condenara la detención “ilegal” de los opositores.

El diputado de ese grupo Joan Josep Nuet ha llamado criminales a los dirigentes encarcelados. “Fruto del liderazgo de la oposición venezolana tenemos 43 muertos, esto no es oposición, es violencia en la calle. Pidan un juicio justo pero no que se ponga en libertad a estos criminales”, ha dicho Nuet, que ha acusado a Aznar de haber apoyado un golpe contra Hugo Chávez en Venezuela. “Los derechos humanos no admiten matices”, le ha contestado González Cabaña.

Los parlamentarios del PNV, de ERC y del BNG han destacado la “hipocresía política” del Gobierno del PP con Venezuela y le han exigido que condene con la misma rotundidad otros regímenes autoritarios, como "China o Marruecos".

Podemos, que votó en contra de la iniciativa en Bruselas, ha explicado a este diario que sí habría apoyado la aprobada este martes en el Congreso con dos condiciones: que quedaran “excluidas las sanciones al Ejecutivo venezolano” y que “se enmarque en un llamamiento al diálogo como vía de solución pacífica de los problemas no solo de Venezuela, sino del resto de países”, indica el responsable de Internacional de la formación morada, Pablo Bustinduy.

Ciudadanos, que tampoco está presente en el Parlamento, se muestra favorable a la iniciativa. “Votaríamos a favor porque estamos a favor de las libertades y de los derechos fundamentales en Venezuela”, ha señalado a este periódico José Manuel Villegas, miembro de la Ejecutiva de Albert Rivera. “Hay bastante consenso en la opinión pública internacional de que las detenciones se enmarcan un atentado contra el derecho a discrepar y los derechos políticos en Venezuela”, concluye Villegas.

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, ha rechazado la iniciativa aprobada en el Congreso. "Los demócratas del mundo no deberían hacer el juego a los que buscan impunidad”, ha expresado.