Chaves defiende en el Supremo sus 19 años en la Junta de Andalucía

En el PSOE andaluz está consolidada la idea de que la juez Mercedes Alaya ha convertido la investigación del fraude de los ERE en una causa general contra todo el Gobierno autónomo. Y una causa general solo lo es si alcanza a la persona que está en la cima de la institución investigada. Así se interpretan en el entorno de la Junta y de los socialistas andaluces las acusaciones de Alaya contra Manuel Chaves, el dirigente que más tiempo ha estado al frente del Gobierno andaluz (19 años) y que simbolizó como ninguno la fuerza del PSOE en la comunidad más poblada de España.

Para los que dentro y fuera de la Junta defienden esta teoría, Alaya logró este martes uno de los objetivos que se había marcado: llevar a Chaves ante la justicia y obligarle a declarar como imputado. Hubiera preferido que lo hiciera ante ella, pero su condición como diputado en el Congreso le impedía investigarle. Después de que la juez remitiera un escrito al Supremo para que asumiera la investigación de los aforados, el tribunal abrió una causa contra Chaves y otros cuatro ex altos cargos de la Junta, incluido el expresidente José Antonio Griñán.

Chaves, que además de presidente andaluz ha sido vicepresidente del Gobierno central y ministro de Trabajo y de Administraciones Públicas, defendió este martes ante el instructor Alberto Jorge Barreiro la legalidad de su trayectoria política. Una trayectoria “larga”, como él mismo la definió, que ahora, en la recta final, ha quedado marcada por la imputación del Supremo. El diputado socialista usó el último turno de palabra que le dio el magistrado para incidir en esa defensa de sus más de 35 años como gestor público. “En ningún momento” adoptó una decisión “basada en la ilegalidad”, aseguró ante el juez, según el acta de la declaración.

En trasladar esta idea centró también Chaves su breve comparecencia ante los periodistas al término del interrogatorio, que se prolongó dos horas y media. Con gesto muy serio, el expresidente, que no admitió preguntas, se desmarcó de su sucesor en la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, que tras declarar el pasado jueves afirmó que en la Junta hubo “un gran fraude”. Esas palabras espontáneas de Griñán, que no estaban previstas, no gustaron al resto de imputados. Y Chaves, sin que nadie le preguntara, dejó este martes clara su postura:. “Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos será la Justicia la que determine si esas actuaciones individuales provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o grande”.

Dentro del Supremo, Chaves intentó rebatir todas las acusaciones de la magistrada de Sevilla contra él. Los hechos incluidos en la exposición de Alaya referidos a su persona “no son ciertos”, aseguró el socialista, que negó que él supiera que se estaba produciendo un fraude en el programa de ayudas a empresas en crisis.

El expresidente explicó que él conocía los problemas de muchas empresas y planteaba la posibilidad de que si había una solución, se adoptara. Pero solo conocía los criterios “generales” de concesión de las ayudas, que partían de que la empresa estuviera atravesando dificultades económicas. Él no entraba al detalle de los “criterios concretos” por lo que se entregaba cada una. Partía de la “convicción” de que el procedimiento era “completamente legal”. Defendió el presupuesto de la Junta, las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias para financiar ayudas. Todo eso, los pilares del sistema que Alaya considera ilícito, se hizo conforme a la ley. Pero él no podía conocer nada de la “ejecución” de ese presupuesto, que es donde, afirma, se produjo el supuesto fraude.

Chaves aseguró que nunca le llegaron los informes de la Intervención General que alertaban de la opacidad del fondo de los ERE e incidió en que el interventor no dictó un informe de actuación, una fórmula que sí habría encendido las alarmas y habría llegado a la cúpula del Gobierno. Aludió en varias ocasiones al hecho de que el interventor no advirtiera del fraude, pero eludió hacerle corresponsable de que no se detectara. Si el interventor no hizo informe de actuación, señaló Chaves, sería “probablemente” porque no advirtió irregularidad alguna.