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De “sustituto de Garzón” a solo Ruz

El juez, estrella a su pesar, deja la Audiencia Nacional tras instruir los casos más sensibles

Su nuevo puesto es un juzgado de Móstoles

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez Pablo Ruz encara su última semana al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el nombramiento del magistrado José de la Mata como nuevo titular del juzgado en el que se han investigado algunos de los casos políticamente más sensibles del último lustro. El juez saliente, de 39 años, se afana estos días junto a los funcionarios en redactar el alarde, la relación de asuntos pendientes que heredará su sucesor tras casi cinco años de comisión de servicios. Cumplido este trámite, y una vez que tome posesión De la Mata, Ruz se incorporará a la plaza de la que es titular: el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles (Madrid), donde le espera una avalancha de delitos comunes que deberá afrontar con unos medios más bien precarios.

Ruz, que llegó al Juzgado número 5 en junio de 2010 tras la inhabilitación de su anterior titular, Baltasar Garzón, se ha labrado en este tiempo fama de hombre meticuloso, prudente y extremadamente trabajador. Sus decisiones han despistado a aquellos que buscan adivinar la adscripción política e ideológica de los magistrados a través de sus autos. Tras reabrir, en tiempos del Gobierno del PSOE, el caso Faisán sobre el chivatazo que frustró una operación contra el aparato financiero de ETA, y mostrarse muy contundente contra el entorno de la banda terrorista, los ruzólogos lo ubicaron como simpatizante —o al menos escorado— a la derecha. Eran los tiempos de su estreno y en la Audiencia pesaba la salida traumática de Garzón, condenado por prevaricación por ordenar escuchas a abogados en prisión en el caso Gürtel. En esos primeros meses, los titulares se referían a Ruz con frecuencia como “el sustituto de Garzón”.

La reactivación del caso Faisán, en enero de ese 2011, tuvo su punto culminante en julio de ese año, con el procesamiento del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, junto al comisario Enrique Pamies y el inspector jefe José María Ballesteros. La Sala de lo Penal de la Audiencia revocó este auto de procesamiento y obligó a Ruz a repetir la investigación. García Hidalgo evitó el procesamiento por revelación de secretos y colaboración con ETA por el que fueron juzgados ambos policías. Al final, el Supremo les condenó por solo por revelación de secretos. Al concluir esa investigación, en octubre de 2012, Ruz ya había dejado de ser “el sustituto de...”.

El caso Gürtel, y, sobre todo, la investigación de los papeles de Bárcenas —la contabilidad secreta del PP— lanzaron a Ruz, a su pesar, a la categoría de juez estrella. Y su aura de juez conservador —sustentada en un argumento tan irrefutable como que tiene cuatro hijos— se disipó. Después de que IU se querellara contra Bárcenas y los empresarios que aparecen como aportantes en la caja b del PP, la formación conservadora se movilizó para evitar que la investigación recayera en el juez Javier Gómez Bermúdez —que la admitió a trámite al ser turnada en su juzgado y ordenó las primeras diligencias— en la creencia de que Ruz les iba a resultar más acomodaticio.

Al tratarse de una pieza separada del caso Gürtel, la causa sobre la contabilidad paralela del PP permaneció en el juzgado número 5. Sin embargo, las expectativas del PP, y de los medios de izquierda, que recelaban del supuesto temple derechista de Ruz, no se cumplieron. Durante dos años, el magistrado ha sido una pesadilla recurrente para el partido de Mariano Rajoy. En junio de 2013 encarceló al extesorero Bárcenas en el caso Gürtel, tras descubrir que ocultaba 48 millones en cuentas suizas y que maniobraba para torpedear la investigación. En agosto citó como testigos del caso de la caja b a la secretaria general popular, Dolores de Cospedal, y a sus antecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos.

En diciembre de ese mismo 2013, y después de que el partido destruyera los ordenadores de Bárcenas, envió a la policía a la sede nacional de Génova 13, en Madrid, para recabar información sobre las obras de reforma de este edificio. La investigación reveló, entre otros aspectos, que los trabajos se pagaron con 1,55 millones de euros en dinero negro. El magistrado ha certificado con su investigación que la caja b que gestionaba Bárcenas era del Partido Popular. La consecuencia política más directa de su actuación fue la dimisión, en noviembre de 2014, de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

José de la Mata, antiguo alto cargo del Ministerio de Justicia con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se incorporará antes del 20 de abril al juzgado número 5. Durante una primera etapa, y pese a sus 27 años de experiencia como magistrado, inevitablemente, será “el sustituto de Ruz”.

Defensor de la justicia universal

Desde que a finales de diciembre quedó claro que sus días al frente del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se terminaban, el juez Pablo Ruz se ha sometido a un maratón laboral para concluir las causas que iban más avanzadas en su juzgado. La última de ellas ha sido el procesamiento de once altos cargos marroquíes por el genocidio en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1991. Este último auto, de 40 páginas, tiene, además de unas implicaciones diplomáticas ciertamente incómodas para España y Marruecos, un carácter muy simbólico: se trata de una de las pocas causas que han sobrevivido a la limitación de la justicia universal —la capacidad de los jueces españoles de investigar los delitos de lesa humanidad cometidos fuera del territorio nacional— operada por el PP en marzo de 2013.

En su tiempo al frente del juzgado, Ruz se ha esforzado por mantener abiertas las investigaciones internacionales. El Tribunal Supremo tiene pendiente de estudiar las exposiciones razonadas que envió el magistrado el pasado febrero sobre la Flotilla de la Libertad de Gaza y el asesinato de Carmelo Soria. La primera causa tiene que ver con la querella contra Benjamin Netanyahu y otros gobernantes israelíes por la muerte en mayo de 2010 de nueve activistas turcos a manos de militares israelíes cuando navegaban por aguas internacionales con rumbo a Gaza a bordo del Mavi Marmara. La segunda se refiere al asesinato del diplomático español Carmelo Soria a manos de agentes de la dictadura chilena el 14 de julio de 1976. El Supremo deberá decidir si las justicias de Israel y Chile investigaron esos crímenes de lesa humanidad con diligencia.

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