La valla de Ceuta y Melilla “no es susceptible de control independiente”

El Gobierno tiene claro a quien le corresponde supervisar la política migratoria desarrollada en las vallas de Ceuta y Melilla: al propio Estado español. "La protección de las fronteras de nuestro país es un derecho nacional ligado a su soberanía y, por tanto, no susceptible de control independiente", ha recalcado el equipo de Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria, rechazando así la propuesta de la ONU de crear un órgano ajeno al Ejecutivo que controle la actuación policial en las verjas de ambas ciudades autónomas.

Esta iniciativa partió de François Crépeau, relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. "Es la única manera para que autoridades, sociedad civil e instituciones europeas se pongan de acuerdo sobre lo que está pasando", afirmó el representante de la ONU el pasado febrero, en referencia a las devoluciones en caliente de subsaharianos en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. Una práctica que ha legalizado el PP a través de su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pese al rechazo de la oposición, del Consejo de Europa, del Defensor del Pueblo, de un nutrido grupo de juristas y de las ONG. Todos ellos consideran que el retorno inmediato a Marruecos de inmigrantes que acaban de superar la alambrada viola el derecho de asilo.

"Sorprende la arrogancia con la que el Gobierno responde a la recomendación del relator de la ONU. El Ejecutivo recuerda su deber de protección de las fronteras, cosa que es cierta. Pero olvida su obligación de respeto de los Derechos Humanos", subraya Jon Iñarritu (Amaiur), portavoz adjunto del Grupo Mixto y autor de la pregunta parlamentaria. El diputado, además, apostilla: "Aquí hay un problema con el tratamiento de la inmigración. España ha preferido ponerse una venda en los ojos e intentar legalizar lo ilegalizable: las expulsiones sumarias".

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla está imputado por las devoluciones

Crépeau denunció en febrero que en las vallas de ambos enclaves norteafricanos no existe un "mecanismo de control fuerte desde el punto de vista de los Derechos Humanos". Esta valoración del relator de la ONU se produjo después de que el propio Gobierno defendiera ante Naciones Unidas sus intenciones de regular las devoluciones en caliente. Y llegó, además, después de que un juzgado de Melilla imputase al máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en dicha ciudad, el coronel jefe Ambrosio Martín Villaseñor, por estos retornos de subsaharianos a Marruecos. El instructor investiga si este mando derogó de facto los tratados internacionales y la legislación nacional en materia de extranjería.

Una actuación policial desplegada en la valla de Melilla que ha dejado, además, otros ocho agentes imputados. El instructor los ha llamado a declarar por los golpes propinados a un inmigrante que trataba de saltar la verja el pasado 15 de octubre. La ONG Prodein grabó cómo los guardias civiles rodearon y golpearon con las porras al subsahariano, al que después llevaron en volandas y devolvieron a Marruecos. La organización denunció que este había caído inconsciente a consecuencia de la agresión. Una versión que rechaza el Ejecutivo, que insiste en que el extranjero fingía. Es más, el Gobierno ha acusado al colectivo de manipular el vídeo y ha afirmado que el sin papeles atacó con un garfio a los agentes, según consta en una respuesta de Interior enviada al Consejo de Europa hecha pública esta semana.