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Un paquete cargado de muerte y desmemoria

La Audiencia juzga a la etarra Itziar Alberdi por el asesinato de tres policías en 1991

Fernando J. Pérez
La etarra Itziar Alberdi Uranga, durante el juicio en la Audiencia Nacional.
La etarra Itziar Alberdi Uranga, durante el juicio en la Audiencia Nacional. Fernando Villar (EFE)

Una tremenda explosión sacudió la nave de la empresa de transportes Express Cargo en el polígono industrial de Villaverde, de Madrid en la noche del 1 de julio de 1991. La deflagración de un paquete bomba de ETA, cargado con siete kilos de explosivo, destrozó la estructura del edificio. Bajo los escombros de la techumbre quedaron los cuerpos sin vida del subinspector de policía Pedro Domínguez y del oficial Luis Claraco, del grupo de artificieros Tedax, que habían acudido a desactivar el artefacto. Su compañero José Luis Jiménez, gravemente herido, falleció horas después en el Hospital Doce de Octubre. La Audiencia Nacional juzga este jueves a la etarra Itziar Alberdi, supuesta coautora de este triple crimen junto al arrepentido Joseba Urrusolo Sistiaga, que ya fue condenado por este atentado. Alberdi fue detenida junto a su pareja, Juan Jesús Narváez Goñi, el 17 de febrero de 2014, en Puerto Vallarta (México), donde daba clases de yoga.

La vista oral, casi 24 años después de los hechos, ha sido un monumento a la desmemoria de la acusada, que ha negado cualquier vínculo con los hechos, y de los otros miembros del comando itinerante Ekaitz de la banda: el propio Urrusolo y Fernando Díez Torres, citados por el tribunal como testigos. El juicio, en la Sección Tercera de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara, ha quedado visto para sentencia

La Fiscalía reclama un total de 128 años de prisión por este atentado para Alberdi. El ministerio público considera que la terrorista remitió el paquete bomba desde una sucursal de Express Cargo en Valladolid con destino a un alto cargo del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid. El envío, una caja de cartón de tamaño mediano, llevaba como remitente una falsa empresa, “Gráficas Jotasu”, nombre que coincide con el del mortero artesanal diseñado por ETA. Los terroristas pusieron como dirección de salida una casa abandonada en la capital castellana.

El paquete se entregó el 25 de junio de 1991, y su carga mortal estuvo circulando durante una semana por el centro de España. Al día siguiente de la entrega, el mensajero de Express Cargo Fernando Morales llegó con el bulto al Ministerio de Justicia. “Me acuerdo perfectamente de todo: en el escáner del Ministerio se veía todo oscuro; llamaron por walkie talkie al jefe de seguridad. Estuvieron una hora decidiendo qué hacían; yo les dije que o se lo quedaban o que me lo devolvieran como no aceptado”, relató Morales al tribunal. El mensajero cargó el paquete explosivo en su furgoneta y prosiguió su reparto por el sur de Madrid. Al terminar su ruta, volvió a la nave central de la empresa en el polígono de Villaverde, depositó allí el paquete y rellenó un parte de incidencias.

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El protocolo de la empresa de transportes indicaba que pasado un plazo sin haber podido entregar el envío, este debía regresar a su remitente. Cuando Express Cargo trató de ponerse con la ficticia Gráficas Jotasu en Valladolid, supo que esa empresa era desconocida en la ciudad. En el entretiempo, al no haberse producido la explosión planeada, un comunicante de ETA avisó por teléfono a la empresa, en su oficina de Aranda de Duero (Burgos), de que el paquete contenía una bomba. Era el 1 de julio, sobre las 16.30.

Esa tarde, inspectores de la Policía Nacional y miembros de los Tedax acudieron a la nave de Villaverde. Al no lograr explosionar el artefacto con un robot teledirigido, los artificieros optaron por desactivar el paquete bomba a mano. A las 22.30, la trampa de doble detonante que contenía el paquete hizo su fatal efecto. El estallido de los siete kilos de explosivo destrozó el fondo de la nave, donde los Tedax habían aislado el paquete, y mató a los especialistas de la policía. Dos días antes, un paquete similar de ETA había matado a otras cuatro personas y causado heridas a otras 30 en la cárcel de Sevilla I.

La principal prueba contra Itziar Alberdi es el cuaderno que se le intervino a su compañero de comando Fernando Díaz Torres tras su arresto en Tarragona en marzo de 1992. En esta libreta, figuran anotaciones de puño y letra de la etarra sobre la empresa Express Cargo y su dirección en Valladolid. También hay un croquis e información manuscrita de Alberdi sobre militares que residían en el céntrico Paseo Zorrilla de la capital castellana, posibles objetivos de la banda. “No tengo nada que ver con los hechos que se están juzgando aquí, no he estado nunca en Valladolid, en aquellas fechas estaba alquilando y acondicionando una casa en Valencia”, ha asegurado Alberdi. La acusada, que solo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha manifestado que en ese cuaderno “se centralizaban informaciones” de “diversas fuentes” y “cualquiera podía realizar anotaciones en él”.

José Luis Urrusolo Sistiaga, el primer testigo en declarar, ya fue condenado por este atentado en 2010. “He reconocido mi participación en otros atentados, pero no en este; en aquellos momentos era militante de ETA y asumo mi participación en lo que hice, pero en este atentado no participé”, ha manifestado. Sobre esta base, el exmiembro de la banda y jefe del comando Ekaitz, ha negado conocer o reconocer a Alberdi: “A la gente con la que me relacionaba no la conocía por sus nombres, usábamos nombres que podían cambiar con arreglo a las circunstancias”. Urrusolo ha afirmado que “nunca” estuvo en Valladolid y que “nunca” envió a nadie a esa ciudad a cometer atentados.

Sin embargo, la mayor muestra de amnesia la ofreció el excompañero de comando y dueño del cuaderno con las anotaciones, Fernando Díez Torres: “No conozco a Itziar”, “no recuerdo si yo pertenecía a un comando de ETA en aquellas fechas”, “no recuerdo si vivía en un piso de Valencia”, “no recuerdo nada de un paquete bomba para el Ministerio de Justicia”, “han pasado 23 años y no recuerdo todo aquello, me detuvieron por muchas cosas y no recuerdo lo que llevaba encima ni lo que dejaba de llevar”, “no recuerdo nada”, fueron sus respuestas.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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