Las acusaciones en el caso Barcenas piden imputar a Rajoy y sus cúpulas

Las cinco acusaciones populares personadas en el caso Bárcenas, la supuesta caja b con la que el PP se financió ilegalmente durante al menos 18 años, se muestran muy insatisfechas con el auto del juez instructor, Pablo Ruz, en el que da por concluida la investigación apuntando delitos y culpables.

El magistrado considera acreditada la financiación ilegal del PP durante 18 años pero sólo encuentra indicios para actuar por delito fiscal contra dos ex tesoreros y un ex gerente de la formación conservadora (Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal Paéz) y contra tres responsables del despacho de arquitectura que cobró en dinero negro (1,5 millones de euros) una parte de las obras de reforma de la sede de Génova,13.

La acusación popular del PSPV-PSOE ha presentado un recurso de apelación en el que plantea la imputación de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP desde 2008, y la de Ángel Acebes, secretario general del PP entre 2004 y 2008. La primera firmó la delegación de los poderes que tenía a favor del entonces tesorero Luis Bárcenas; el segundo era el superior jerárquico de los gerentes y tesoreros del PP que en su etapa como secretario general pagaron con dinero de la caja b una parte de las obras de reforma de la sede de Génova, 13, y adquirieron con fondos de idéntico origen participaciones de Libertad Digital por casi 500.000 euros.

El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias considera a los diversos secretarios generales que ha tenido el PP desde 1990 hasta 2009 "cómplices, encubridores o colaboradores necesarios" en los delitos que se imputan a los ex tesoreros Bárcenas y Lapuerta. Además, sostiene que hay una "responsabilidad in vigilando" de los dos últimos presidentes del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, "que podrían incurrir en un delito de imprudencia grave".

La acusación que representa a IU y otras asociaciones progresistas plantea en su recurso de reforma que se siga investigando, que se cite como imputada a Dolores de Cospedal y se investiguen todos los contratos adjudicados por el procedimiento negociado y por más de un millón de euros a empresas que donaron fondos al PP. El juez archivó la imputación a los empresarios que Bárcenas registró en sus papeles como donantes al no poder acreditar que el dinero entregado tenía como contraprestación la adjudicación de contratos públicos por gobiernos del PP.

Tanto la acusación popular de la Asociación Observatorio de Derechos Humanos (Desc) como la de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) plantean en sus recursos de reforma que se considere nulo el auto del juez Pablo Ruz y que continúe la investigación de la causa por financiación ilegal del PP, entendiendo además que algunos de los delitos que el magistrado considera prescritos (como el delito electoral por financiación de diversas campañas con dinero de la caja b) no lo están y, por tanto, deben formar parte de las imputaciones.

Por su parte, los acusados en el caso Bárcenas también han recurrido ante el juez para que se archiven las actuaciones que se siguen contra ellos al entender que los delitos que se les atribuyen están prescritos o no han quedado suficientemente probados.