Gallego dice que no tiene los informes de los trabajos contratados con Púnica

Isabel Gallego, directora general de medios de la Comunidad de Madrid, responsable de comunicación del PP autonómico y mano derecha de Esperanza Aguirre en la campaña de las municipales, ha declarado ante el juez Eloy Velasco que no conserva los informes de los trabajos realizados para el Gobierno de Madrid por el empresario Alejandro de Pedro Llorca, señalado como conseguidor de la trama Púnica, ya que dispone de ellos la empresa. Según Gallego, los informes mensuales de posicionamiento en Internet sobre la Comunidad se iban borrando a medida que se recibían. Aseguró, no obstante, que esos trabajos deben estar en las oficinas del empresario valenciano y que sí se conservan correos electrónicos cruzados entre sus colaboradores en la Comunidad de Madrid y la empresa de De Pedro.

La responsable de comunicación del Gobierno regional está imputada por un contrato adjudicado a la firma Eico, de reputación online, por el que De Pedro cobró mensualmente entre 1.500 y 1.800 euros desde abril de 2012 hasta que fue detenido a finales del pasado octubre. El juez sospecha que ese dinero se pagó a la firma de De Pedro para mejorar la imagen de distintos cargos políticos de la Comunidad de Madrid, empezando por su presidente, Ignacio González. Lo que se indaga en esta pieza del voluminoso sumario es si el dinero público pagado por la Comunidad de Madrid sirvió para hacer campaña en la Red por el Partido Popular.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, Gallego alegó que todos sus contratos fueron fiscalizados por el Servicio de Intervención del Gobierno regional y que el trabajo encargado a la empresa Eico se realizó. Y utilizó como prueba la relación continua que mantenían sus colaboradores con la empresa Eico. De esta relación, Gallego sí que conserva indicios, en forma de correos electrónicos.

Durante la hora y media que declaró en la Audiencia Nacional, la directora de comunicación de la Comunidad de Madrid admitió que recibió frecuentes llamadas telefónicas —algunas de ellas interceptadas por la Guardia Civil e incorporadas a la causa— de De Pedro, sobre todo en el último año, dado que el Gobierno regional dejó en mayo de pagarle las facturas por un problema de tesorería. La imputada defendió que en ningún momento dio orden de que esas facturas las abonasen empresas adjudicatarias del Gobierno madrileño y dijo guardar correos electrónicos de De Pedro en los que se le siguió reclamando el cobro de esas cantidades.

Gallego esgrimió su condición de periodista para desentenderse del tipo de contratos que se adjudicaron a la empresa de Púnica

En el sumario abundan las evidencias —en forma de declaraciones, llamadas telefónicas y mensajes— que muestran que De Pedro cobró 10.000 euros de la empresa tecnológica Indra, subcontrata habitual de la Agencia de Informática de Madrid, porque así lo ordenó el consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria, al responsable de este organismo, José Martínez Nicolás, también imputado en este caso. Gallego sostuvo en su declaración que sus contratos o los pagó la Comunidad de Madrid o quedaron a deber, pero que nunca encomendó a las adjudicatarias pagar a Eico. También insistió en que los informes de De Pedro que dice que este le mandó y que ella borró pueden ser localizados en los ordenadores de la empresa de este, que fueron intervenidos por la Guardia Civil.

Gallego también esgrimió su condición de periodista para desentenderse del tipo de contratos que se adjudicaron a la empresa de Púnica y aseguró que la tramitación compete a los técnicos de la Comunidad. Durante el interrogatorio, el juez Velasco insistió en preguntar la forma en que se conocieron Gallego y De Pedro, un empresario bien relacionado con el PP que ha contratado con multitud de instituciones de este partido. La alto cargo aseguró que no conocía a De Pedro hasta que se presentó en la Comunidad para vender sus servicios, que, según insistió al magistrado, también han contratado, según relató Gallego al juez, el Real Madrid, e importantes empresas como Mediaset, OHL e incluso el PSOE de Euskadi en la pasada legislatura.

La declaración de Gallego se produce después de que la Guardia Civil acudiese el pasado 22 de enero a varias sedes del Gobierno madrileño para recabar los expedientes firmados por la secretaria general de Comunicación y otros cargos del Ejecutivo con la firma Eico. El empresario De Pedro fue detenido el pasado 28 de octubre junto a otras 50 personas en el marco de una macrooperación que persigue adjudicaciones fraudulentas por un importe superior a 250 millones de euros. En la rama del caso que afecta a Gallego se investiga el destino que se dio a 60.000 euros de fondos públicos.