Toda la oposición acusa al PP de imponer un “Estado policial”

Por primera vez una profunda reforma del Código Penal ha salido del Congreso de los Diputados solo con los votos de un grupo, y pocas veces se han escuchado en un pleno de la Cámara tantos reproches a un Gobierno por recortes de derechos y libertades por una ley, en este caso la de seguridad ciudadana. El pleno de este jueves aprobó definitivamente ambas normas, las más polémicas y de mayor calado político de la legislatura, además de la de reforma educativa y las económicas que fueron aprobadas al principio del mandato de Mariano Rajoy.

“Populismo punitivo”, “ley represora”, “Estado policial y penal”, “retroceso sin precedentes en libertades”, “sistema autoritario”, “escalada de penas desproporcionada”, “ejercicio despótico” y “oligarquía que da miedo”. Con esas expresiones, uno por uno todos los grupos, salvo el PP, de derechas o de izquierdas, descalificaron ambas reformas con el compromiso expreso de derogarlas si en el futuro cambian las mayorías parlamentarias.

Por contra y frente a todos, el portavoz de Interior del PP, Conrado Escobar, explicó que es “un avance para la convivencia, un refuerzo a nuestra democracia, porque la única mordaza que planteamos es para el violento y esta ley es una conquista de la libertad”.

“Hoy es un buen día para nuestro Estado de derecho y nuestra democracia”, dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una breve intervención al acabar el debate.

“La derecha ha enterrado el Código Penal de la democracia aprobado en 1995, que contó con amplio consenso dentro y fuera del Parlamento y que acabó con la legislación penal del franquismo”, aseguró la socialista Rosa Aguilar.

El PP no ha logrado en los 18 meses de largo trámite parlamentario ganar ni un solo apoyo para el Código Penal, que sale ya de las Cortes para entrar en vigor el 1 de julio. No ha logrado consenso para cambiar el sistema de penas para incluir la llamada prisión permanente revisable, que para la oposición es un sucedáneo de cadena perpetua. También revisa todo el catálogo de conductas penadas para eliminar por primera vez las faltas y convertirlas en delitos menos graves o en sanciones administrativas.

Para recoger esas conductas, el PP ha promovido la ley de seguridad ciudadana que castiga con multas administrativas lo que antes se penalizaba con intervención judicial. Esta norma, tachada de “ley mordaza” por toda la oposición, castiga con esas multas nuevas conductas como las manifestaciones junto al Congreso, impedir un desahucio o grabar a los policías en una protesta.

La ley entrará también en vigor el 1 de julio, salvo la disposición incluida durante el trámite para permitir la entrega en caliente de inmigrantes que crucen la valla de Ceuta y Melilla. El ministro del Interior, Jorge Fernández, pidió la palabra para defender la ley y, especialmente, ese artículo con el argumento de que “se da cobertura jurídica” a los guardias civiles que operan en esa frontera, y citó expresamente a los imputados por esas entregas en caliente que ahora serán exculpados. “Ahora el rechazo en fronteras será con plenas garantías y con seguridad jurídica para los agentes”, aseguró el ministro.

El clima de desacuerdo solo se rompió a última hora cuando se aprobó el capítulo de terrorismo pactado entre PP y PSOE, con nuevos instrumentos para hacer frente al yihadismo y que permitirá aplicar la cadena perpetua a autores de delitos terroristas con resultado de muerte que se cometan desde el 1 de julio.

Todos los demás grupos descalificaron el acuerdo entre populares y socialistas, entre otras cosas porque es “innecesario” y porque, según dijeron, respalda la aplicación de la cadena perpetua.

“Este Congreso aprueba hoy tres leyes de excepción: el Código Penal, la ley mordaza y la llamada ley antiterrorista que pretende sustituir la seguridad social por la seguridad penal, inocuo para los verdaderos terroristas, pero puede servir para perseguir la resistencia y la movilización ciudadana”, resumió el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.