16 acusados en “el peor atentado” ambiental en Lanzarote desde 1993
La fiscalía pide la demolición de una bodega levantada en una zona protegida de la isla El ministerio público solicita más de 54 años de cárcel para los implicados
Para la fiscalía es "el peor atentado medioambiental" contra la isla de Lanzarote "desde que esta fue declarada en su integridad Reserva de la Biosfera por la Unesco el 7 de octubre de 1993". Se refiere a la construcción del complejo bodeguero Stratvs, edificado dentro del parque natural de La Geria, un precioso paisaje volcánico.
El fiscal especializado en medio ambiente y urbanismo de Las Palmas, Ignacio Stampa Fuente, acusa a 16 personas de delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, falsedad documental, usurpación de bien inmueble, hurto de bienes de valor histórico, estafa, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación medioambiental.
La fiscalía pide más de 54 años de cárcel para los 16 acusados y propone demoler el complejo. El proyecto se remonta a 1998 y, desde 2013, está clausurado por orden judicial.
El ministerio público ha difundido este martes el escrito de acusación. Y la peor parte es para el promotor del complejo, el empresario Juan Francisco Rosa Marrero, para el que se solicitan 15 años de prisión. Este empresario, uno de los más importantes de la isla, está implicado en otros casos similares en Lanzarote. El arquitecto Miguel Ángel Armas debería también ser condenado a diez años de prisión, según el fiscal.
Ambos pidieron los permisos para restaurar una vivienda y para una bodega subterránea de 900 metros cuadrados. Esa actuación, al estar en suelo protegido, ya "contravenía groseramente de por sí la normativa aplicable". Pero los acusados, según el fiscal, no se limitaron a ese proyecto. Por un lado, demolieron la edificación existente y levantaron otra más grande en otro lugar de la finca. Por otro, construyeron alrededor de 12.000 metros cuadrados de "diferentes instalaciones". Para llevarlo a cabo, "simularon los datos" del proyecto.
Finalmente, construyeron "una bodega industrial, un restaurante, cocinas, una tienda-cafetería, varias terrazas, amurallamientos y otras instalaciones". Además, "se alteró de forma irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados de este espacio protegido, como era el Barranco del Obispo, y se excavaron al menos 44.000 metros cúbicos, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso éste último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria".
El fiscal también señala a las Administraciones. Para la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el fiscal pide tres años y diez meses de cárcel; para el exregidor del municipio Francisco Reyes, siete años y dos meses. Tres concejales y otros tantos funcionarios municipales también están acusados. Además, cuatro altos cargos del Gobierno regional y el Cabildo de Lanzarote figuran en el escrito de acusación.
El fiscal cree que los responsables políticos y técnicos dieron los permisos a pesar de la "flagrante ilegalidad" del proyecto. Y reprocha que no pusieran "traba alguna" a los "desmanes urbanísticos y especulativos" del promotor, "ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente".
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