La acumulación de penas de etarras divide a la Audiencia Nacional

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará si solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si la normativa comunitaria de 2008 sobre reconocimiento de sentencias penales entre Estados miembros permite o no la acumulación de condenas. Esta posibilidad, que supondría acortar la estancia en prisión de etarras que han cumplido penas de prisión en Francia antes de ser condenados en España, ha dividido tanto a los magistrados de la Audiencia Nacional —que han interpretado la “decisión marco” comunitaria de manera discrepante— como del propio Tribunal Supremo.

Ahora, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que sea el pleno de los magistrados penales, y no las distintas secciones, el órgano que decida si debe ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, el que dirima sobre el espíritu de la norma europea.

Los 19 magistrados que componen la Sala de lo Penal —todos los que forman parte de las cuatro secciones de enjuiciamiento— votarán si elevan la consulta al órgano que interpreta el derecho comunitario. El pasado 10 de marzo, Marlaska realizó una encuesta entre los magistrados para preguntarles si debe ser el pleno el que decida presentar la cuestión prejudicial. Dos días despúes, tras recibir el voto favorable de 13 magistrados acordó elevar la cuestión al pleno.

Esta decisión de Grande-Marlaska impide en la práctica que sean las distintas secciones individualmente las que planteen la cuestión al tribunal europeo. La Sección Tercera de lo Penal ya había preguntado a la Fiscalía y a las distintas partes sobre si era pertinente consultar a Luxemburgo sobre la aplicación de la normativa comunitaria a los casos de los etarras Joseba Troitiño Ciria, José Ramón López Abetxuko, Rufino Aniaga, Juan Ramón Carasatorre e Idoia Martínez, y sobre grapo Fernando Silva Sande.

La opción de Grande Marlaska, que impide a la Sección Tercera hacer la consulta por su cuenta, ha recibido los votos en contra de seis magistrados de talante más progresista de la Audiencia: Ramón Sáez, José Ricardo de Prada, Javier Martínez Lázaro, Manuela Fernández de Prado , Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri. Estos temen que el pleno decida no presentar la cuestión prejudicial, con lo que el debate quedaría zanjado con la negativa del Tribunal Supremo a permitir la acumulación de penas.

La aplicación de la directiva marco de 2008 a las condenas de los etarras ha generado un intenso debate entre los magistrados de la Audiencia Nacional. Un pleno sobre este asunto se dividió en nueve contra nueve. Grande-Marlaska renunció a su voto de calidad que hubiera roto el desempate y decidió que fuera cada sección la que aplicara la norma según su criterio. La Sección Primera optó por agrupar las condenas y facilitar la salida de Santi Potros y Plazaola —el primero volvió a prisión por otra causa y el segundo se ha fugado después de que el Supremo revocara la decisión de la Audiencia—. La Sección Segunda rechazó de plano cualquier acumulación al aplicar un día antes de que entrara en vigor una Ley Orgánica que incorporaba al derecho español la normativa europea sobre reconocimiento de condenas entre Estados. Por su parte, la Sección Tercera optó por consultar a la fiscalía y las partes si debía presentar la cuestión prejudicial a Luxemburgo. En el Tribunal Supremo, las posiciones tampoco son unánimes. En el caso del etarra Pikabea su permanencia en prisión se decidió por nueve votos contra seis. Así, el caso sobre la acumulación de las condenas en España a los delincuentes que han cumplido penas en otros países europeos tiene recorrido más allá de las resoluciones del Tribunal Supremo, que ya han rechazado esta posibilidad en los casos de los etarras Kepa Pikabea, Santi Potros y el fugado Alberto Plazaola.