Procesado por prevaricación el ‘número dos’ del Gobierno de Melilla

Los problemas judiciales cercan al Gobierno de Melilla. El vicepresidente de la ciudad autónoma, Miguel Marín Cobos (PP), ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por prorrogar indebidamente el contrato laboral de un arquitecto municipal que debía haber dejado el puesto tras el periodo de baja que sufrió el titular de la plaza y por haber retenido la convocatoria de oposiciones a ese puesto para favorecer a aquel.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Melilla, Verónica Marcos, cerró el pasado 20 de febrero la investigación sobre estos hechos, que se inició en 2011, y dictó el equivalente al auto de procesamiento del número dos del Gobierno de la ciudad. La colocación de Marín a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados coincide con la imputación en el Tribunal Supremo del presidente melillense, Juan José Imbroda, a quien también se atribuye un delito de prevaricación, en este caso por la contratación irregular de un abogado.

Los hechos se remontan al 28 de agosto de 2006. Ese día, Miguel Marín, que era consejero de Administraciones Públicas firmó un contrato como interino a tiempo completo con el arquitecto superior Iván Reyes. Este contrato tendría vigencia hasta la reincorporación a su puesto del titular de la plaza, Juan José Baeza. Reyes trabajó con normalidad en la Asamblea de la Ciudad Autónoma hasta que el 31 de mayo de 2007 Baeza volvió a su trabajo. Sin embargo, el arquitecto interino continuó trabajando a pesar de haberse incorporado la persona a la que estaba sustituyendo.

El 31 de junio de 2007 se extinguió el contrato inicial de Iván Reyes, pero este no dejó de trabajar, sino que fue contratado de nuevo el 1 de agosto de ese año, en este caso de nuevo como interino para sustituir a un arquitecto superior funcionario que se jubilaba ese día. El consejero Marín supuestamente incumplió su deber de convocar las oposiciones para cubrir esa plaza.

La Fiscalía se opuso en octubre de 2013 a la petición de sobreseimiento que formuló Marín al entender que este incurrió en un delito de prevaricación administrativa, que según el Código Penal lo comete la “autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Este delito se castiga con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.