El Defensor del Pueblo pide ampliar el permiso de parternidad a un mes

Cinco años de espera y aún no marcha la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas. La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que, "en cuanto la situación económica lo permita", "evite" aplazar nuevamente la aplicación de la medida. El trámite responde a una queja que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) había presentado el pasado enero. La ampliación debía entrar en vigor en 2011 tras haber sido aprobada en 2009, pero se ha postergado en cinco ocasiones: la última, el pasado diciembre.

La institución le responde al CSI-F, a través de un escrito que el sindicato ha difundido esta semana, que ya le ha comunicado a la administración que los permisos "se consideran fundamentales para lograr la conciliación de la vida laboral y familiar y, por tanto, para la efectiva igualdad entre hombres y mujeres".

La Ley de Igualdad, aprobada en 2007, introdujo en España el permiso de paternidad de dos semanas, que el padre puede tomar durante la baja de la madre o inmediatamente después del nacimiento, adopción o acogida del menor. La entrada en vigor del nuevo permiso estaba fijada para el 1 de enero de 2011, pero desde entonces, año a año, se ha ido aplazando la aplicación en los Presupuestos Generales del Estado por motivos económicos.

El 14 de enero pasado, el Sector Nacional de Instituciones Penitenciarias del CSI-F envió una queja al Defensor del Pueblo por la "sorpresiva e inesperada" demora de la ampliación del permiso. El sindicato argumentó, entonces, que el retraso vulneraba tres principios: los de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe. Con cada demora "se ha venido defraudando la confianza del ciudadano en la legalidad y sus previsiones se han visto desvanecidas o quebrantadas", señaló en la queja el presidente de Sector Nacional de Instituciones Penitenciarias, Adolfo Fernández García.

Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, recuerda en su respuesta al CSI-F que en 2013 ya se había iniciado una actuación ante la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas sobre el compromiso de ampliar "de forma progresiva" la duración del permiso. Nuevamente alegaron motivos económicos.