El vicealcalde de Valencia será juzgado por corrupción en el ‘caso Urdangarin’

Revés judicial para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP). Quien es la mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá en el Ayuntamiento se deberá sentar en el banquillo de los acusados porque la Audiencia de Palma lo ha incluido este lunes en el listado de imputados del caso Nóos. Está acusado por su gestión como presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB).

Grau había superado el corte final del juez José Castro que le excluyó del auto de apertura de juicio oral, con la anuencia del fiscal Pedro Horrach. La Audiencia hace valer su criterio, inapelable, y lo ve “impulsor de la concertación” con el Instituto Nóos, que logró 3,1 millones de euros de las instituciones valencianas entre 2004 y 2006. El auto dice que “participó” en los acuerdos, bien “de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos”.

El político del PP deberá ser sometido a juicio oral por supuesta corrupción, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial. La Audiencia emplazó al juez Castro que le dé al acusado un plazo para presentar su escrito de defensa.

Grau gestionó con Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres el patrocinio de tres ediciones de los Valencia Summit, jornadas sobre promoción turística y deporte. El auto de los magistrados responde a una petición del grupo socialista de Valencia, que ha ejerce la acusación popular.

El vicealcalde hizo ha hecho este lunes una breve declaración: “No hago valoraciones; respondo al día a día”. Según el político, ahora dispone de un plazo de 20 días hábiles para que presente su escrito de defensa. “Lo presentaremos”, ha dicho. En una polémica comparecencia pública, Grau insinuó que si era procesado “nadie tenía que decirle qué hacer”. El PP dio entonces por sentado que dimitiría.

Grau será el cargo público valenciano de más peso que irá a juicio junto a Iñaki Urdangarin, su esposa Cristina de Borbón y el expresidente balear Jaume Matas, entre otros. El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no serán juzgados porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó su imputación, al no reconocer peso suficiente a los indicios incriminatorios señalados en su contra por el juez Castro y el fiscal Horrach. Sí estaban y siguen imputados los ex altos cargos autonómicos del PP Luis Lobón, que fue secretario autonómico de Turismo y Proyectos, los ex directores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar, Jorge Vela y la directora de operaciones de Cacsa, Elisa Maldonado.

La oposición exige la dimisión del ‘número dos’ de Rita Barberá

La Audiencia resalta que la cuestión de “dolo, o error como aspecto negativo” en Grau deriva de las decisiones del patronato de la fundación FTVCB tras el “compromiso económico” del Ayuntamiento de Valencia de aportar los fondos al Instituto Nóos. Para el proyecto “era necesaria la participación del Consistorio y esta estaba ya comprometida” desde el momento en que Barberá remite supuestamente a Urdangarin y a su socio a la fundación que presidía Alfonso Grau. La defensa del vicealcalde insistió en que la fundación de turismo actuaba como una entidad privada. La Audiencia observa que “se refugiaba” en esa naturaleza jurídica “pese a que en realidad era de interés público, para burlar las normas de contratación” que le eran “de obligado cumplimiento”.

El tribunal señala que el conocimiento de Grau sobre cuáles eran las obligaciones de la fundación que presidía es una cuestión que debe dilucidarse en la vista oral. El grupo socialista de Valencia pidió que el vicealcalde fuera condenado a 11 años de prisión por diferentes delitos. Pero Grau solicitó al instructor que se archivara la causa para él y que se le aplicara la doctrina Botín, por la que las acusaciones populares (socialistas y Manos Limpias) no estarían legitimadas para reclamar juicio oral.

Todos los partidos de la oposición demandaron la dimisión del político encausado.