El juez Velasco cita a Florentino Pérez como testigo del ‘caso Púnica’

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como testigo al presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, Florentino Pérez, en el marco de la causa en la que investiga a la red de corrupción Púnica, según ha adelantado Europa Press y han confirmado fuentes jurídicas. Pérez comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en relación con la parte del procedimiento que se encuentra bajo secreto de sumario. Precisamente hoy, el juez Velasco ha levantado el sigilo que pesa sobre 19 de los tomos de que consta la investigación.

La Operación Púnica se desató el pasado 25 de octubre. La Guardia Civil, por orden del juez Velasco desarticuló una extensa red político-empresarial dedicada al tráfico de influencias y al pago/cobro de comisiones ilegales que operaba hasta una época muy reciente en administraciones públicas de varias comunidades autónomas.

La Fiscalía Anticorrupción destapó este escándalo a raíz de una sorprendente, por inesperada, confidencia suiza en la Nochebuena de 2013. Sin que ninguna autoridad judicial lo pidiera, la fiscalía del país helvético remitió a sus colegas españoles información sobre una sospecha de “delito agravado de blanqueo de capitales" en relación con los ahorros que Francisco Granados y su amigo constructor David Marjaliza ocultaban en un banco de ese país.

La fiscalía suiza llegó al político del PP por su pasado. Granados estaba señalado en España por el escándalo de la supuesta trama de espionaje político financiada en 2008 con fondos públicos de la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Granados era el consejero de Interior y controlaba el supuesto aparato de espionaje, integrado por tres guardias civiles a los que había fichado personalmente como asesores de seguridad.

La red Púnica, según el relato judicial, extendió sus negocios ilegales sobre varios ámbitos de la vida pública mediante distintas tretas: una de ellas es el amaño de contratos millonarios en diversos municipios de la Comunidad de Madrid a una multinacional francesa experta en sistemas de eficiencia energética. El sumario continúa oculto bajo el secreto reforzado y se desconocen las pruebas que acreditanel pago de mordidas por parte de la empresa, Cofely, a los politicos municipales a cambio de contratos millonarios.

Otra irregularidad investigada es el pago con fondos públicos para publicidad en Internet. Políticos de diversas instituciones pagaron con fondos públicos mediante un complejo sistema de facturación trabajos de “reputación” para contrarrestar con campañas positivas en páginas de Internet noticias negativas que les perjudicaran. Los investigadores también se han centrado en la adjudicación de contratos amañada a favor de una empresa de organización de conciertos en fiestas populares.

La causa abierta en la Audiencia Nacional afecta a siete ayuntamientos madrileños (Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle), la Diputación Provincial de León, el municipio de Almendralejo (Badajoz) y las comunidades autónomas de Madrid y Murcia. El juez investiga delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y utilización de información confidencial.

Un presidente de la Diputación Provincial de León, Marcos Martínez, del PP y seis alcaldes imputados por el juez en la Operación Púnica han dimitido de sus cargos.