Andalucía y Valencia se suman a las quejas de Madrid por el turno de oficio

Los abogados del turno de oficio de Madrid han decidido iniciar el próximo 9 de marzo una protesta contra la precariedad de sus condiciones de trabajo. Pero esa precariedad se extiende a otras autonomías en forma de recortes en los salarios y retrasos a la hora de cobrarlos, en especial a Andalucía y a la Comunidad Valenciana, ya que cada Gobierno autónomo es el encargado de pagar por estos servicios de justicia gratuita.

Hace tan solo una semana la Junta de Andalucía pagó a los abogados del turno de oficio con casi un año de retraso. “Por primera vez en la historia estamos al corriente del pago”, asegura el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara. El decano afirma que el total que debía el Gobierno autonómico ascendía a 27 millones de euros. Lara es optimista, porque por fin los letrados han recibido su retribución, pero tiene algunos recelos. “Lo que reclamamos es que la Junta establezca un calendario de pagos, porque ahora mismo no lo tenemos. Queremos saber cuándo vamos a cobrar”, matiza el decano.

En Valencia la ley tampoco establece ningún plazo desde que el letrado ejerce su actividad hasta que el Gobierno autónomo realiza el pago. Sin embargo, José Andújar, secretario técnico del Ilustre Colegio de Abogados de la Comunidad Valenciana, explica que se pactó con la Administración un plazo de tres meses que no se está cumpliendo. “Ahora sí estamos al día, pero porque estamos a primeros de año, lo malo va a ser cuando llegue octubre y empiece a escasear el presupuesto”, se lamenta Andújar. En la Comunidad Valenciana los abogados de oficio sufrieron en 2012 una rebaja del 40% de su retribución.

La disminución salarial de los abogados madrileños del turno de oficio ha sido del 20% desde 2012. Los profesionales entendieron entonces la medida como un “recorte justificado por la crisis económica”, explica la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert. Pero ahora exigen recuperar ese porcentaje. “Se debe destinar a la defensa del ciudadano los recursos adecuados”, insiste Gumpert. Por eso, a partir del 9 de marzo y durante seis semanas, solo atenderán a detenidos, a víctimas de violencia de género y de trata y no harán más horas en el servicio de orientación jurídica.