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El pago a jueces atenta contra la división de poderes, según el PSOE

Asociaciones judiciales afirman que las retribuciones son “legales y frecuentes”

Reunión del CGPJ, en diciembre de 2014. Ampliar foto
Reunión del CGPJ, en diciembre de 2014.

Toda la oposición política al PP y los sindicatos mayoritarios reaccionaron este lunes con estupor al conocer que la empresa Indra, donde el Estado tiene una participación del 20% y el resto está en manos privadas, efectúa desde 2011 pagos periódicos a jueces, fiscales y secretarios judiciales por asesoramiento.

La compañía tecnológica ganó hace cuatro años el concurso convocado por el Gobierno regional (PP) para implantar este servicio y abona desde entonces distintas cantidades a profesionales de la justicia en Madrid, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira, por sus consejos para desarrollar el nuevo sistema informático de tramitación judicial.

Todos los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid pidieron explicaciones al presidente, Ignacio González, y a su consejero de Justicia, Salvador Victoria, por estos pagos que ya investiga el Consejo General del Poder Judicial.

El Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) llegó a considerar un “gravísimo atentado” contra la separación de poderes el hecho de que la Comunidad de Madrid “pague primas a jueces” a través de una empresa privada.

El socialista Antonio Pradas, responsable federal del área de Justicia, opinó que este tipo de comportamientos “hacen que la ciudadanía desconfíe de la independencia judicial y de la ética de los gobiernos”. “En la Comunidad de Madrid se hace urgente una regeneración ética y política”, recalcó. El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, consideró por su parte un escándalo esos pagos a jueces y reclamó una investigación sobre los mismos.

UPyD sostiene que el Partido Popular paga a cambio de impunidad

UPyD interpretó que el Gobierno del PP, golpeado por distintas causas judiciales abiertas a sus ex dirigentes relacionadas con la corrupción, busca impunidad a través de esos pagos a jueces que efectúa la contratista Indra por asesoramiento.

Pablo Casado, portavoz del comité de campaña del PP, se remitió a las explicaciones del Gobierno regional, que no dijo nada públicamente sobre estas retribuciones a jueces.

El portavoz adjunto del Gobierno, José Luis Ayllón, declaró: “Si el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que va a investigar esta situación, bien estará que lo investigue”.

“Normales y frecuentes”

Las asociaciones de jueces se mostraron menos sorprendidas que partidos y sindicatos pues consideraron legal y habitual que los profesionales de la justicia cobren por las tareas de asesoramiento para implantar nuevas herramientas informáticas en la Administración.

Pablo Llanera, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con 1.400 socios, consideró normales “y frecuentes” los pagos a jueces. “En los últimos años, las distintas comunidades autónomas han desarrollado sistemas informáticos, para lo que es necesaria la colaboración de profesionales. En todos los territorios donde se han implantado estos sistemas se ha contado, de la misma forma que en Madrid, con comisiones de profesionales que lo han hecho, y que han recibido contraprestación porque el trabajo es más que importante”.

El Gobierno central confía en la investigación abierta por el CGPJ

Marcelino Sesmero, portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, asegura que el procedimiento es legal. “Una empresa privada puede pagar a un magistrado siempre y cuando cumpla los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No tiene sentido que Indra o la propia Administración se pueda beneficiar del trabajo de los jueces sin haber luego una retribución. Puede hacerse y es compatible. Se ha hecho siempre y en todas las comunidades”, declaró a Europa Press.

El Consejo General del Poder Judicial no tiene constancia de que el modelo madrileño de pagos a jueces por asesoramiento para incorporar la nueva herramienta informática se esté reproduciendo ahora en otras comunidades y ha pedido un informe de la Inspección sobre el caso.

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la Comunidad de Madrid, denunció la falta de transparencia en la asignación de dinero público a la Administración de Justicia. “Pagar a jueces por asesoramiento a través de una empresa privada daña la credibilidad en la independencia del Poder Judicial”, señaló el sindicato.

Suspense entre los candidatos de Madrid

José Marcos, Madrid

El pago de primas a través de la empresa Indra a jueces, fiscales y secretarios por asesorar en mejoras informáticas a la Comunidad de Madrid ha incrementado aún más la incertidumbre que rodea a Ignacio González. El presidente regional es el único dirigente del PP que se ha postulado para ser el candidato autonómico en las elecciones de mayo. Hoy se cumplen tres meses para una cita electoral vital para el PP, que se arriesga a perder el control de Madrid por primera vez desde 1995. Y nadie en el partido espera que el suspense se aclare de inmediato. Al menos a corto plazo, con Mariano Rajoy centrado en el debate del estado de la nación. González acudirá hoy al Congreso.

Rajoy tiene hasta mediados de abril para decidir quién será el candidato autonómico. “El calendario electoral fija el 22 de abril como el día elegido para publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las candidaturas presentadas... Eso supone que, a más tardar, podría retrasar la decisión hasta una semana antes”, según calcula un dirigente del PP madrileño.

Frente a las dudas en torno a González, Esperanza Aguirre, en cambio, parece haber recobrado fuerza. Dentro del PP la dan ahora como la candidata “segura” en el Ayuntamiento. Eso sí, antes tendría que renunciar a presidir el partido en Madrid, según distintas fuentes.

Aparte del ruido que rodea a González, con la Operación Púnica en ciernes, el cambio del socialista Tomás Gómez por Ángel Gabilondo podría contribuir a retrasar la elección del candidato del PP en Madrid.

El filósofo Gabilondo obtiene en la última encuesta de Metroscopia para EL PAÍS una valoración positiva de 15 puntos, frente a la imagen de González (-32).

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