El calendario judicial marca las cuatro citas electorales

El calendario de las grandes causas judiciales marcará las cuatro campañas electorales previstas a lo largo del año. Desde los próximos comicios andaluces del 22 de marzo, pendientes de investigaciones como los cursos de formación o los ERE, hasta las elecciones generales previstas para noviembre, con los hitos judiciales del caso Gürtelque pueden acaparar los debates electorales del próximo otoño.

Entre marzo y noviembre, las campañas para las elecciones municipales del 24 de mayo estarán teñidas de titulares relacionados con la trama Gürtel y el caso Bárcenas sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. En paralelo, la instrucción del caso ERE en el Tribunal Supremo, con la declaración de cinco cargos aforados del PSOE en abril, y las resoluciones de la juez Mercedes Alaya, serán un dolor de cabeza para los socialistas.

Mientras, la cita en las urnas en Cataluña para septiembre estará marcada por las causas abiertas que investigan la fortuna de la familia Pujol y el caso Palau, pendiente de juicio, sobre la corrupción en la gestión del Palau de la Música y que toca de lleno al Gobierno de CiU.

Las causas vinculadas a la Gürtel marcarán probablemente el discurso de muchos líderes en la precampaña de las elecciones generales. El primer juicio en la Audiencia Nacional para 45 de los casi 200 imputados, entre ellos tres extesoreros del Partido Popular, de momento carece aún de fecha. Pero también están bajo la lupa judicial los contratos adjudicados a la trama en Valencia, Boadilla del Monte y Arganda (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Comicios andaluces

La cita más cercana serán las elecciones andaluzas del 22 de marzo, bajo la sombra de las causas que analizan la pasada gestión socialista desde la Junta de Andalucía. Los sobresaltos para el PSOE pueden llegar a través de detenciones, citaciones judiciales llamativas o autos que acaparen los titulares.

El caso de los cursos de formación de la Junta andaluza, que instruye Alaya, mantiene una investigación bajo secreto de sumario que puede destaparse mediante detenciones en cualquier momento. La medida busca investigar con total reserva graves indicios de criminalidad sobre las ayudas del Gobierno andaluz y este secreto puede levantarse en cualquier momento. Además, otros 17 juzgados investigan estos cursos y la policía prevé sumar más detenciones en sus pesquisas abiertas. Mientras, Alaya ha citado al exconsejero Antonio Fernández como imputado el 3 de marzo.