La canadiense BNK pide emplear el ‘fracking’ en 12 pozos de Burgos

La empresa canadiense BNK aspira a convertirse en la primera compañía en utilizar en España la controvertida técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking. BNK se ha fijado en cinco municipios del norte de la provincia de Burgos, donde existe una importante contestación social a este método de extracción, pero donde se estima que hay importantes reservas de gas no convencional.

BNK presentó en diciembre, ante el Gobierno y la Junta de Castilla y León, dos proyectos de exploración en los que se contempla abrir hasta 12 pozos y utilizar en estas instalaciones el fracking, que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a gran presión a través de un sondeo para extraer el gas de las rocas. La empresa quiere averiguar si hay gas suficiente y si es posible comenzar una campaña de explotación en la zona con esta técnica.

Pero, antes de poder empezar a perforar los pozos exploratorios, BNK deberá superar la tramitación ambiental, que arrancará con la apertura del proceso de información pública para que instituciones, ONG y particulares puedan alegar. Así se establece en la Ley de Impacto Ambiental, aprobada por el Gobierno central a finales de 2013. El Ejecutivo del PP se ha alineado con los países europeos favorables al fracking, pero ha establecido que cualquier uso de esta técnica debe someterse a la evaluación de impacto ambiental. Aunque, como en el caso de BNK, se trate de sondeos exploratorios para determinar si sería viable y rentable explotar los yacimientos en el futuro.

La compañía ha presentado ante las dos Administraciones la documentación necesaria de los proyectos Urraca y Sedano. Y espera que en unos días se abra el proceso de información pública. Si los plazos se cumplen, la empresa asegura que el trámite duraría siete meses. “Nos gustaría empezar en 2016” con la exploración, ha sostenido este miércoles Troy Wagner, responsable de BNK en España.

Pero ahora comienza un largo proceso en el que tendrán que pronunciarse gran cantidad de organismos, lo que suele retrasar las tramitaciones de este tipo. BNK ha apostado por tramitar una de las autorizaciones ante el Gobierno y la otra ante la Junta.

En el caso de Urraca, el Ministerio de Industria se encargará de los permisos. BNK pide que se le permitan seis pozos en tres emplazamientos en Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urria y Villarcayo. Todos los sondeos de Urraca están en la provincia de Burgos, aunque parte del área de influencia de este permiso se adentra en Álava. Por eso la tramitación ambiental en este caso es ante el Ejecutivo central; porque afecta a dos autonomías.

Los seis pozos restantes se engloban dentro del proyecto Sedano. En este caso, todo está dentro de Burgos, con lo que la Junta supervisará la tramitación. Al igual que en Urraca, BNK ha elegido tres emplazamientos: dos en Merindad del Río Ubierna y uno en el Valle de Sedano.

No todos los terrenos en los que se ubicarían los pozos, que alcanzarían una profundidad de entre 3.000 y 4.500 metros, son propiedad de la empresa. En Urraca, Wagner ha asegurado que se han comprado las parcelas, aunque no aclaró el precio. En Sedano, este directivo aseguró que la mayoría de los suelos son municipales.

La empresa ya intentó, hace un par de años, que la Junta le autorizara los pozos exploratorios. Pero el Gobierno regional, en línea con lo fijado por el Ejecutivo central, resolvió en 2013 que el proyecto debía ser sometido a un proceso de evaluación de impacto ambiental. En la resolución a través de la que la Junta, también en manos del PP, tomó esa decisión ya se advertía del rechazo que provoca el fracking en la zona. Se recibieron 2.679 alegaciones, “2.666 de particulares y 13 de asociaciones, Ayuntamientos y juntas vecinales”, se indicaba en la resolución. “Todos estos escritos manifiestan su oposición al proyecto o, en todo caso, que sea sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, añadía la Junta.

Wagner ha reconocido que no cree que esta oposición “vaya a cambiar de la noche a la mañana”. Apostó por dar información, porque “la gente tiene miedo de lo que no conoce”.

Una decena de activistas han acudido este miércoles al hotel de Burgos en el que la compañía presentó a los medios de comunicación sus planes. BNK, que contrató los servicios de una empresa de seguridad privada, no dejó que entraran en la conferencia de prensa, aunque luego se reunió con ellos para facilitarles la misma información. Tomás Puente, uno de los asistentes y miembro de la plataforma antifracking de Burgos, se quejó de que BNK no dio “información técnica”. A los activistas no les convencieron las explicaciones de la empresa.

Wagner recurrió a los supuestos beneficios económicos que llegarán a los municipios en los que se hagan sondeos para intentar vencer la oposición. Según la empresa, los Ayuntamientos percibirán entre 300.000 y 600.000 euros por cada pozo por impuestos y tasas. El directivo también se refirió a la reforma de la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno central tramita en las Cortes y que contempla una nueva fiscalidad para que las Administraciones autonómicas y locales se beneficien. Además, en esa reforma se establece que, en el caso de que se pase a la fase de explotación, los propietarios de los terrenos obtendrán el 1% del valor de la producción. Según BNK, cuyo responsable ha admitido que aún desconoce el alcance de la reforma, esto supondrá un beneficio de entre 2 y 4 millones por cada pozo.