Arturo Fernández, investigado por un contrato falso con El Pequeño Nicolás

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven conocido como El Pequeño Nicolás, se enfrenta a ocho delitos de diversa índole que, en caso de confirmarse, conllevarían penas de entre cinco y 15 años de cárcel. El viernes pasado, el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego Fernández abrió una nueva pieza separada por falsedad en documento público, tras recibir un informe policial en el que se detalla la simulación de un contrato de venta de acciones entre el empresario madrileño Arturo Fernández (cuya empresa está en concurso de acreedores) y El Pequeño Nicolás. A este delito hay que sumar los de estafa, usurpación de funciones, dos de falsedad, cohecho impropio, injurias y obstrucción a la justicia.

Mientras Gómez Iglesias mantiene su intensa vida social en discotecas y restaurantes y se regodea en televisión de que no podrán con él porque sabe demasiado, la brigada de Asuntos Internos de la policía sigue investigando sus andanzas y descubriendo nuevos posibles delitos cometidos por el joven. El último se concretó el pasado viernes, 6 de febrero, con la presentación de un informe ante el juez Zamarriego, que decidió hacer una nueva pieza separada en el sumario.

Según la policía, Francisco Nicolás podría haber cometido un nuevo delito de falsedad en documento, al firmar un contrato privado, elevado a público en una notaría de Madrid, con el empresario madrileño Arturo Fernández por el que el joven supuestamente compró acciones de la empresa Cantoblanco, que está en concurso de acreedores, por valor de varios millones de euros. Si se confirma esta simulación de operación sería el tercer delito de falsedad al que se enfrentaría el acusado en todas las piezas del sumario. Según el Código Penal, estos delitos se castigan con penas que van de los seis meses a los tres años de cárcel, además de las multas correspondientes. Esta operación simulada es similar a la que realizó Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con el testaferro Ángel de Cabo.

El sumario recoge otros dos supuestos delitos de falsedad cometidos por El Pequeño Nicolás. El primero de ellos figura desde el momento de su detención, en octubre, al comprobar la policía que había falsificado varios documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Vicepresidencia del Gobierno. En el sumario se pueden ver las pruebas de las falsificaciones realizadas en un centro de fotocopias cerca de su casa.

Posteriormente, se abrió otra pieza separada también por falsedad, al descubrirse que el acusado tenía dos DNI con los mismos datos pero con fotos diferentes. La otra foto corresponde a su amigo Álvaro de Pedroso Moro y los investigadores sospechan que ese DNI fue utilizado para que Pedroso se presentara al examen de Selectividad en nombre de Gómez Iglesias; algo que los investigadores no han podido demostrar porque los exámenes solo se conservan un año y, por tanto, ha sido imposible realizar la prueba caligráfica.

La lista de presuntos delitos cometidos por el acusado incluye, desde el principio, el de estafa en grado de tentativa, al haber recibido de Javier Martínez de la Hidalga la cantidad de 25.000 euros por realizar una operación rocambolesca de venta de una finca del empresario, que iba a utilizarse además como garantía para un crédito de un banco de Guinea.

Según el sumario, la operación iba mucho más allá, ya que Gómez Iglesias tenía prácticamente convencido a Martínez de la Hidalga para que transfiriera medio millón de euros de su cuenta a una del acusado, para evitar un supuesto embargo de Hacienda que le mostró en unos documentos falsos. El director de una sucursal del Banco Santander evitó esa parte de la estafa. El presunto estafado demandó a Francisco Nicolás por los 25.000 euros, aunque luego retiró la denuncia y recuperó el dinero. Los investigadores siguen trabajando en el asunto y no descartan nuevos hallazgos. Las estafas en grado de tentativa se suelen saldar con penas de tres meses de cárcel.

También, desde el momento de su detención, pesa sobre él un presunto delito de usurpación de funciones, penado con entre uno y tres años de cárcel. En este caso, el joven está acusado de declarar que era empleado de Vicepresidencia del Gobierno y del CNI. Esa era su fórmula para acercarse a las personas a las que ofrecía negocios de todo tipo. Para ello, utilizaba documentos falsos, según la policía.

De todos los delitos presuntamente cometidos por Francisco Nicolás, el que está castigado con penas más altas es el de cohecho impropio, por el que podrían pedir entre dos y cuatro años de cárcel. Esta es la parte del sumario que se mantuvo secreta más tiempo, para poder investigar las actuaciones de los funcionarios Emilio García Grande, coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos y el guardia civil Javier Sánchez López. El sumario recoge comunicaciones por mensajes de texto del acusado con los cuatro funcionarios, de los que los investigadores deducen que estos han podido cometer actividades ilícitas de revelación de secretos, falsificación documental, estafa, usurpación de funciones públicas y estado civil, cohecho, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. Todos ellos colaboraban con el acusado en tareas de escolta o información sobre matrículas o números de teléfono, según consta en el sumario. En el caso de Gómez Iglesias, el presunto delito sería de cohecho impropio si consiguen demostrar que las “lechugas” de las que habla en los mensajes eran billetes de cien euros para los agentes.

El último de los delitos que podrían imputar al joven es el de obstrucción a la justicia, por un incidente que ocurrió el 17 de diciembre. Esa noche, pasadas las 22.30 horas, El Pequeño Nicolás se presentó en las oficinas del departamento de Servicios Internos de la policía, el mismo que se encargó de su detención, solicitando de forma airada y nerviosa ver al instructor del caso. A esa hora solo estaban los del servicio de seguridad y así se lo transmitieron, por lo que el acusado escribió su teléfono en un papel y dijo al agente de servicio: “Dígale que me llame, si no se va a enterar”.

El 17 de diciembre, Francisco Nicolás amenazó a los instructores

Tras realizar las consultas oportunas, la policía presentó la denuncia correspondiente en los juzgados de la plaza de Castilla por obstrucción a la justicia. Se da la circunstancia de que el incidente ocurrió dos días antes de que tuviera que presentarse a declarar por primera vez tras su detención y parece que estaba nervioso porque pudieran decretar prisión. Francisco Nicolás acudió el 19 de diciembre al juzgado y se acogió al derecho a no declarar. Al día siguiente volvió a su programa de televisión favorito, Un tiempo nuevo, a decir lo que dijo ante el juez y enviar mensajes de que tiene información delicada sobre personas e instituciones que le protegen.

Mientras tanto, los investigadores de la policía continúan con su trabajo, rastreando las redes tejidas por Gómez Iglesias con distintos personajes. Hay algunos que eran víctimas potenciales del acusado, aunque no cayeron en la trampa (los empresarios Villar Mir, Entrecanales o Cosmen); y otros son altos funcionarios que el joven utilizó en sus correrías (el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y los concejales del Ayuntamiento de Madrid Luis Miguel Boto y Álvaro Ballarín) sobre los que hay que saber si estaban o no implicados.

Finalmente, hay un grupo de personajes que la policía investiga para comprobar la relación real que tenían con Francisco Nicolás. Además del empresario Arturo Fernández, se sigue la pista de Juan Antonio Untoria Agustín (abogado de Martínez de la Hidalga), de José Luis Balbás, de Javier de la Rosa, del funcionario de la CNMV Juan Munguira, y de los administradores de las empresas Edhinor y ACO, que le cedían el chalé en El Viso. La investigación todavía puede durar muchos meses y sacar a la luz más operaciones.

Su penúltima mentira

“Una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco”. Así se definía a El Pequeño Nicolás en el primer auto tras su detención en octubre pasado. Una forma muy fina de decir que es un mentiroso compulsivo, capaz de decir una cosa y la contraria según le venga bien.

El último ejemplo de sus mentiras se produjo el nueve de enero cuando llegó tarde a declarar a los juzgados de plaza de Castilla de Madrid y dijo que no había podido llegar antes porque había sido retenido en los servicios de un bar por negarse a hacerse un selfie con alguien. Sin embargo, hay pruebas documentales de que la razón de su retraso era muy diferente.

Gómez Iglesias estaba citado en el juzgado a las 10 de la mañana y a las 10.13 consta que estaba en la oficina del Banco Santander de la calle de Boadilla del Camino, en el barrio madrileño de Sanchinarro, haciendo un ingreso en efectivo de 15.000 euros en la cuenta de Francisco Javier Martínez de la Hidalga González, el empresario que inicialmente le acusó de estafa y luego retiró la denuncia. Francisco Nicolás había recibido 25.000 euros de este empresario, le había devuelto 10.000 y quería presentar en el juzgado el comprobante de haber devuelto los 15.000 euros restantes.

¿Por qué acude Gómez Iglesias a una oficina que le pilla a trasmano y le hace llegar tarde al juzgado, cuando en el trayecto entre su domicilio en la calle de Santa Engracia 146 y la plaza de Castilla hay varias decenas de oficinas del Santander? La única explicación es que fue antes a recibir ese dinero en efectivo a algún lugar del barrio. Casualmente, las oficinas de Producciones Mandarina están cerca de Sanchinarro, en la calle María Tubau, en La Tablas. El Pequeño Nicolás acude con frecuencia al programa Un tiempo nuevo que emite los sábados por la noche Telecinco y que se produce en Mandarina (empresa filial de Mediaset). Esta productora ha negado repetidamente haber pagado a Francisco Nicolás por participar en su programa.