Ruz pide facturas de Gürtel que acusan al PP para enviarlas a Suiza

El juez Pablo Ruz apura las posibilidades para salvar el veto impuesto por Suiza al uso de la información bancaria sobre imputados en el caso Gürtel. Esa documentación, ahora bloqueada, acredita cómo el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, o el extesorero del PP, Luis Bárcenas, entre otros implicados en la causa, ocultaron en bancos suizos el dinero supuestamente obtenido de sus actividades ilegales en España.

Correa llegó a tener 24 millones y Bárcenas 48,2 en distintos bancos de la Confederación Helvética. Nunca declararon esa fortuna al fisco. El veto suizo al uso de esta información puede librar a varios imputados de las elevadas penas por delito fiscal que solicitan para ellos la mayoría de las acusaciones personadas en la causa.

El juez Pablo Ruz ha dictado una providencia en la que solicita a la Agencia Tributaria un informe sobre cientos de facturas de las empresas de Correa que supuestamente se hicieron para ocultar los sobornos pagados al Partido Popular y a algunos de sus dirigentes.

Ruz espera enviar ese informe a las autoridades suizas para responder al escrito que recibió el pasado 5 de enero donde le negaban la posibilidad de utilizar los datos bancarios de los imputados en la causa. El tribunal federal suizo consideraba, en función de la información remitida por el juez Ruz, que el hecho de que los imputados no hubieran declarado ese dinero al fisco español, “aún habiéndose obtenido de modo injustificado, no constituye en sí un fraude fiscal susceptible de asistencia judicial recíproca”. Suiza sostiene además que de la información remitida por España no se puede deducir “si se presentaron las facturas falsas a las autoridades fiscales españolas” ni que el “Estado español hubiese sufrido perjuicio patrimonial por fraude fiscal”.

Ruz pretende rebatir estas conclusiones del tribunal federal suizo para lo que ha pedido las facturas emitidas por la agencia de viajes de la red Gürtel al PP europeo, al PP de Castilla-La Mancha y a una fundación del PP. También ha reclamado las facturas que la trama corrupta giró a la Comunidad de Madrid por la organización de cientos de actos institucionales que incluirían comisiones ilegales pagadas al exconsejero Alberto López Viejo, imputado y con fondos ocultos en bancos suizos.

Además, el magistrado reclama las facturas que pagó la red Gürtel a distintos proveedores por regalos (joyas, ropa y viajes) que hicieron a dirigentes del PP, como el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el extesorero Luis Bárcenas.

Toda esta documentación que ahora reclama Ruz a la Agencia Tributaria pretende convencer a las autoridades suizas de que los imputados de Gürtel no declararon al fisco español los ingresos obtenidos de sus actividades delictivas, y que ese dinero acabó oculto en cuentas de diversos bancos suizos.

Tras concluir la instrucción de la primera fase de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la mayoría de las acusaciones populares presentaron escritos en los que solicitaban elevadísimas penas de cárcel y multas multimillonarias contra 43 imputados.

La Fiscalía, por ejemplo, solicitó 42 años de cárcel y una multa de 52 millones de euros para Luis Bárcenas. La mayoría de esa pena correspondía a delitos fiscales cometidos por el extesorero del PP durante siete años al no declarar al fisco español el dinero que fue ingresando en los bancos suizos cuyo origen era, supuestamente, su actividad ilícita. Para sustentar esa acusación, Anticorrupción se basaba en los datos bancarios que las autoridades suizas fueron remitiendo a España durante los dos últimos años a través de distintas comisiones rogatorias. La documentación permitía seguir el rastro del dinero que Bárcenas acumuló en las entidades Dresdner Bank y Lombard Odier.

El Tribunal Federal Suizo no autoriza de momento a España a utilizar esa documentación clave aunque indicó al juez Ruz que podría “completar su solicitud de información”. El magistrado lo va a intentar. El futuro judicial de una parte del caso Gürtel se dirime en Suiza.