El PSOE recurrirá al Constitucional la cadena perpetua

El líder socialista convenció a los barones al lograr cambios en el texto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la firma del acuerdo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la firma del acuerdo.Fernando Alvarado (EFE)

“Mañana llamaré al presidente del Gobierno para tratar de cortar los flecos que quedan para hacer posible un acuerdo contra el terrorismo”. Estas palabras del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el martes en Bruselas fueron el comienzo de toda una cadena de movimientos para tratar de soslayar la asunción de la prisión permanente revisable en ese pacto con el Ejecutivo. La inquietud en el PSOE, tanto entre los líderes territoriales como en el grupo parlamentario y entre juristas y profesionales cercanos al partido, era un hecho. Todas las acciones se han encaminado a “dejar clara la discrepancia” sobre la cadena perpetua. Y la última va a ser la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo del Código Penal que la recoge, según ha anunciado este lunes Pedro Sánchez.

Tirar por elevación. Esta ha sido la fórmula que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ideó para otorgarle más solemnidad, más compromiso, a este acuerdo, y, sobre todo, para tratar de encontrar un marco en el que el PSOE pudiera reflejar la discrepancia. Desde que empezó la negociación, los interlocutores socialistas, Antonio Hernando, portavoz parlamentario, y José Enrique Serrano, se han movido en su convicción de que el PSOE no podía estar fuera de un acuerdo contra el terrorismo pero con el resquemor, casi insoportable, de vulnerar sus propios principios contrarios a la cadena perpetua, máxime cuando los delitos de terrorismo ya llevan aparejados, en algunos casos, hasta 40 años de prisión y sin posibilidad de remisión.

Mientras los negociadores ponían sobre la mesa un texto con el contenido de un pacto de Estado, Pedro Sánchez trataba de persuadir a los barones territoriales de que quedaría clara la discrepancia sobre la prisión permanente. Los primeros, además, iban apuntándose a su favor cambios sustanciales en la ley para encontrar mayor seguridad jurídica. A última hora de la mañana de este lunes, Sánchez volvió a llamarlos a todos para explicarles el contenido del acuerdo y la inclusión de este párrafo: “En todo caso, el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal”. PP y PSOE saben exactamente qué significa este párrafo. Los socialistas tienen que asumir el actual Código Penal para firmar el acuerdo, incluida la prisión permanente revisable, que cambiarán cuando tengan una mayoría suficiente en el Parlamento.

El partido no podía digerir sin más la aceptación de la prisión permanente

Por su parte, el PP se compromete a mantener su apoyo a este pacto antiterrorista aunque otra mayoría suprima del Código Penal la pena de prisión permanente revisable. Para remate, el PSOE recurrirá ante el Constitucional esa pena. Al llegar a esta solución los barones territoriales han suavizado su discurso, aunque les hubiera gustado no tener nada que ver con el nuevo Código Penal. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, señaló: “Veo muy positiva una solución que combina la firma de un acuerdo antiterrorista con el mantenimiento de nuestro rechazo a la pena de prisión permanente revisable, que es un eufemismo de la cadena perpetua”. El extremeño Guillermo Fernández-Vara consideró que se ha conseguido el equilibrio y “así lo entenderán” los ciudadanos. El candidato valenciano, Ximo Puig, ve favorable “blindar la democracia al tiempo que dejar claro que su concepción de la dignidad humana no acepta la cadena perpetua”.

Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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