Corrupción de menores en el bufete

Lucía —el nombre es prestado, para el reportaje— se inscribió el año pasado en una página de Internet como canguro. Tenía 17 años y ningún ingreso econónico. Se ofrecía a cuidar de niños o ancianos en sus ratos libres. Desde el mismo día en que publicó el anuncio, empezó a recibir insistentes llamadas y whatsapps ofreciéndole dinero rápido. Nada que ver con su propósito inicial. Una mujer, con acento extranjero, le proponía dar masajes a hombres mayores. Solo eso. Nada más. Estuvo resistiéndose durante semanas porque desconfiaba de la oferta pero a la vista de que no recibía encargos como cuidadora, acabó probando.

Su encuentro con un guardia civil ya retirado de 82 años, acabó en drama. Según figura en los atestados policiales, el hombre exigió un “final feliz”. El relato de la menor sostiene que su cliente se había tomado una viagra y estaba insoportable. Ella se negó varias veces a mantener relaciones sexuales y el octogenario intentó forzarla. La adolescente logró zafarse de él y presentó una denuncia por agresión sexual. Un juez lo ha imputado por una presunta agresión sexual y prostitución de menores. El guardia civil jubilado es uno de los 29 arrestados desde noviembre dentro de una red que prostituía a mujeres y niñas en Murcia capital y sus alrededores.

En los catálogos que exhibían a los clientes, las cabecillas de la red, tres latinoamericanas de entre 30 y 50 años, llegó a haber 400 fotos. Estaban representadas todas las edades y países. Pero las estrellas eran 12 niñas de entre 14 y 17 años. Por ellas, la trama cobraba hasta 200 euros a cambio de un servicio. Ellas recibían entre 50 y 60, el resto eran ganancias para la red, que según los investigadores venía operando en Murcia y otros municipios cercanos como Lorquí desde hace un año.

Cuatro taxistas furtivos, que también fueron detenidos, las movían por la capital entre pisos particulares y pensiones. Varias veces, las adolescentes fueron reclamadas por un bufete de abogados, ubicado en pleno centro de Murcia, junto a la Plaza de las Flores. Al acabar la jornada laboral, antes de que se hiciese de noche y las niñas tuvieran que volver a casa, el despacho bajaba las persianas y tres de sus letrados practicaban sexo con ellas en las oficinas, según consta en las declaraciones de las víctimas y ha constatado la policía con sus seguimientos. Sus teléfonos móviles, incautados por la policía, también delatan su preferencia por las menores. Los vecinos aseguran no haber visto nada raro. “Son penalistas y aquí sube gente muy distinta”, asegura un hombre en el portal.

En las fichas policiales figura un cuarto abogado de otro bufete. Y varios industriales, uno de ellos muy conocido en Murcia con cargo en una organización empresarial. Cuando acudía a la red, este empresario solía reclamar a las menores de dos en dos. No le gustaba repetir con las mismas chicas, según los papeles que figuran en la causa. Espera juicio acusado de inducir a la prostitución a las menores. Como los otros 14 hombres, de entre 40 y 80 años, que pagaron por acostarse con ellas sabiendo que lo eran.

Aparte del uso de las nuevas tecnologías —la policía confiscó 200 teléfonos repletos de fotos de mujeres que se usaban para publicitar ante la clientela a las recién llegadas, la organización no era muy sofisticada. Tres madame captaban a chicas por su cuenta y se las intercambiaban para tener más oferta.

Las niñas y mayores extranjeras (había bolivianas, ecuatorianas, paraguayas y una mexicana) las reclutaban en locales de música latina, como la discoteca Mundo, en el barrio de Infantes adonde las jóvenes acudían los fines de semana. Allí, en un ambiente muy cerrado establecían complicidades entre copas y reggaeton.

Para convencer a las adolescentes españolas fue clave la participación de una niña de 15 años, amiga de familia de una de las tres madame. Empezó ella e hizo correr entre sus compañeras de colegio de Murcia que se podían sacar una paga como masajistas. La mayoría ni siquiera se lo pensaron. Dos de ellas, también de 15 años, aceptaron probar. Los clientes que habían contratado sexo con la red de proxenetas no se conformaron con masajes reparadores y las menores acabaron metidas en un círculo sin salida.

La policía ha constatado varias formas de pago. La mayoría de las chicas recibían 50 ó 60 euros de los clientes, que luego abonaban otros 100 ó 150 a las mujeres que ejercían de intermediarias. En otros casos, ellas mismas entregaban parte del dinero a la red, que se encargaba incluso de proporcionar coartadas las menores.

En las diligencias figura el caso de una de las niñas españolas prostituidas, cuya familia estaba asustada con los ingresos que manejaba en un supuesto trabajo como canguro. Los padres se empeñaron en conocer al niño que cuidaba. Fue una madame la que reclutó a un sobrino y lo metió en un cochecito de bebé para hacerse la encontradiza con el padre y la adolescente, a las puertas de un centro de salud. Le contó que era camarera en un bar cercano y que necesitaba a alguien que se quedase con su pequeño. El padre desconfió y fue a preguntar al establecimiento si la mujer trabajaba allí. Cuando comprobó que no, lo contó a la policía, que llevaba meses atando cabos.

Tras la desarticulación de la trama mafiosa, varias de las adolescentes han quedado al cuidado de la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituida (Apramp).

Mientras la ciudad sigue especulando sobre quiénes son los desalmados que abusaban de las menores, todos los implicados continúan en libertad tras pasar por un juzgado en cinco tandas de arrestos. Sus identidades no han trascendido pese a que el secreto de sumario ya se ha levantado.

El empresario aficionado a los tríos con menores mantiene su puesto en la directiva de una organización patronal. El guardia civil jubilado sorteó también la prisión tras declarar ante el juez.

Los abogados penalistas siguen atendiendo los casos que les llegan al despacho. En la puerta del bufete, donde los letrados recibían a las adolescentes, junto a la placa con los nombres de sus dos socios, ambos imputados, un cartel publicita la recogida de tapones para Irene, una niña de siete años con una enfermedad rara.