Tres cargos del PP cobraron mordidas de la campaña electoral de Rajoy

La Abogacía del Estado reclama más de 60 años de cárcel para Bárcenas por delito fiscal Considera "acreditada" la caja B del partido del Gobierno

La Abogacía del Estado sostiene que tres cargos del PP –el extesorero y exsenador Luis Bárcenas, el exdiputado Jesús Merino y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda- fundaron una sociedad para canalizar mordidas de campañas electorales, incluida la de las generales de Mariano Rajoy de 2004. En su escrito de acusación del caso Gürtel, la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria, reclama un total de 62 años y medio de prisión para Luis Bárcenas por diversos delitos fiscales, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. La acusación estatal considera acreditado que el partido del Gobierno tenía una caja B en la que canalizaba donativos irregulares.

La acusación estatal hace referencia a la sociedad Spinaker 2000 SL. Esta empresa sirvió supuestamente para su utilización, entre otros, “por Francisco Correa Sánchez, Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merina Delgado y Jesús Sepúlveda Recio, y tuvo por objeto la canalización de los ingresos procedentes de la organización de las campañas electorales municipales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo de 2003 y 2004 del Partido Popular”. También se usó para “el cobro de comisiones referidas a la intermediación a favor de los intereses del grupo Ros Roca”, una constructora.

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En el comienzo del escrito, la Abogacía explica que limita su acción acusatoria a los delitos contra la Hacienda Pública, de los que es perjudicada directa la Agencia Tributaria. También ejerce la acusación por los delitos conexos a las infracciones fiscales, como la falsedad documental. El escrito considera autores de estos delitos a cuatro imputados: Luis Bárcenas, y su esposa Rosalía Iglesias; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y al ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega. Además acusa, como cooperadores necesarios de los delitos de estos cuatro imputados a otras 16 personas, entre ellos al jefe de la trama corrupta Francisco Correa y su lugarteniente Pablo Crespo, para quien se reclaman penas superiores a 90 años de cárcel. En la nómina de los cooperadores necesarios figuran los también extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis, así como el testaferro de Bárcenas Iván Yáñez.

El hecho de que la Abogacía acuse únicamente por los delitos fiscales hace que no entre en otros aspectos de la investigación como la posible participación a título lucrativo –beneficiarse de los frutos de un delito ignorando que se ha cometido- del PP y de la exministra de Sanidad Ana Mato.

Según el escrito de la abogacía estatal, “consta acreditada la llevanza por parte del imputado Luis Bárcenas, prevaliéndose al efecto de sus cargos de Gerente y Tesorero de la formación política –puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009– junto con el imputado Álvaro de Lapuerta–quien fuera tesorero del PP hasta el año 2008– de una contabilidad paralela o “Caja B”. Esta denominación la da el abogado acusador “por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública– del referido Partido político entre los años 1990 a 2008”.

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“Durante el periodo en que ocupó el cargo de Gerente del Partido Popular, Luis Bárcenas, prevaliéndose de las funciones que el mismo le otorgaba, pudiera ser que se apoderara de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada, al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas”, explica el abogado del Estado Edmundo Bal.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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