Aalia: “Si regreso a Marruecos, pasaré en la cárcel toda la vida”

España ha denegado el asilo político al activista saharaui Hassanna Aalia, condenado a cadena perpetua en Marruecos. El joven, de 26 años, reside en el País Vasco desde 2011 y fue sentenciado por su participación en las protestas del campamento de Gdeim Izik en 2010. La manifestación, la más multitudinaria desde que España abandonara el Sáhara Occidental en 1975, reunió a 20.000 personas que exigían mejores condiciones de vida. Aalia recibió la notificación el lunes pasado y, desde entonces, tiene 15 días abandonar el país, a donde llegó con una beca de formación en derechos humanos. "Si regreso a Marruecos, pasaré en la cárcel toda la vida".

Aalia, nacido en la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara, ya había sido juzgado y sentenciado a cuatro meses de prisión a causa de las protestas. La pena no fue ejecutada, pero eso no significa que se ha salvado de estar entre rejas. "He sido activista desde los 17 años y me han detenido muchas veces: a veces tres días, a veces una semana. La policía marroquí te aísla, te humilla, te golpea, te amenaza". En octubre de 2011 llegó a España, un país que ya había visitado. "Venía por tres meses y, mira, ya llevo más de tres años".

El viaje de regreso al Sáhara, donde se quedaron sus padres y cuatro hermanos, se frenó cuando vio que su nombre aparecía en una lista: la de los acusados de haber organizado las manifestaciones de Gdeim Izik y de haber provocado la muerte de 11 policías marroquíes. En 2013, un tribunal militar de Rabat dictó una sentencia contra 25 saharauis. Entre ellos estaba Aalia. "Y también mis amigos, mis vecinos". El activista, integrante de la Asociación Saharaui de Víctimas por los Derechos Humanos, fue juzgado en rebeldía.

La defensa de Aalia, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señala que la denegación vulnera el derecho de asilo y que por ello recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional. Aalia pidió protección en enero de 2012 y "cumple todos los requisitos", según Javier Canivell, responsable del Servicio Jurídico de CEAR-Euskadi. El abogado cuestiona que un tribunal militar haya sentenciado a un civil, "sin pruebas, con acusaciones falsas" y cuestionamientos de organizaciones como Amnistía Internacional. "En su resolución, Interior reconoce el activismo de Hassanna, pero para denegarle el asilo se apoya en el proceso en Rabat, sin cuestionar la sentencia".

Asociaciones como la Plataforma de Acción Internacional por los Presos Saharauis de Gdeim Izik y la Federación ACAPS han iniciado una campaña de apoyo a Aalia, que incluye la recolección de firmas y el contacto con intergrupos parlamentarios que tratan el tema saharaui. Las formaciones Ezker Anitza-IU y Amaiur, en el País Vasco, ya han condenado la denegación y han pedido al Gobierno que le otorgue asilo. España y Marruecos tienen un convenio de extradición, pero la defensa de Aalia espera frenar su salida del país.

La región del Sáhara, anexionada y gestionada por Marruecos desde 1976, vigilada por una misión de la ONU desde 1991 y con una disputa sobre su identidad, lleva décadas esperando un referéndum de autodeterminación. Es el último territorio de África por descolonizar, según la lista que mantiene Naciones Unidas. Aalia no solo protestaba en el campamento; también llevaba a representantes de ONG y periodistas desde la ciudad de El Aaiún hasta Gdeim Izik.

No es la primera vez que Interior recibe críticas por este tema. En abril de 2014, el Tribunal de Estrasburgo cuestionó el sistema de asilo vigente en España, tras abordar el caso de 30 saharauis a los que se les había decretado la expulsión. Los inmigrantes, que llegaron en patera a Canarias en 2011 y 2012, habían pedido quedarse en el país ante el temor de sufrir la represión de Marruecos. En una sentencia, los magistrados consideraron probado que la administración vulneró el derecho de recurrir la decisión.